Cierra el PRI 2017 con nuevo escándalo

Escrito por  Esthela Damián Peralta Dic 27, 2017

Con un escándalo de dimensiones mayúsculas, muy a su estilo, cerrará el PRI este año. El caso tiene que ver con la detención de los ex funcionarios chihuahuenses que el año pasado participaron en el desvío de recursos públicos a las arcas del PRI, en el que salió a relucir el nombre de Manlio Fabio Beltrones, y que compromete también al canciller Luis Videgaray.

El ex dirigente nacional del PRI es presunto autor del plan que hacía pasar dinero federal a las cajas estatales para de ahí llevarlo a su partido, a fin de reforzar las campañas electorales. Videgaray, porque entonces era secretario de Hacienda y debió saber lo que ocurría con los cientos de millones de pesos que iban a dar al tricolor.

La investigación a cargo de la fiscalía general de Chihuahua revela una trama de corrupción electoral y malversación de dinero público presuntamente diseñada por Beltrones, cuyos tentáculos se extienden por lo menos a otras seis entidades: Durango, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

El más reciente eslabón de la cadena de fraude y corrupción presentado por la fiscalía de Chihuahua se logró conocer con el arresto de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien fue secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, mano derecha de Beltrones y operador financiero de su partido, y a quien se acusó formalmente del delito de peculado, que se agrava por haberse embolsado 4 millones de pesos de los 250 sustraídos de la entidad norteña para fines electorales.

Investigaciones periodísticas descubrieron el supuesto involucramiento de Beltrones y de otros altos funcionarios del PRI, con la anuencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual, cuando se cometió el delito en Chihuahua, estaba encabezada por Videgaray, actual canciller.

Los documentos revisados y analizados en la investigación que comenzó en junio de este año establecen que el plan del robo del dinero del erario chihuahuense se echó a andar en enero de 2016, cuando Beltrones se coordinó con Duarte para transferir los 250 millones de pesos al PRI por conducto de las secretarías estatales de Hacienda y Educación.

El caso del ex secretario adjunto del PRI nacional y ex senador por Coahuila, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, dejó expuesta una red de funcionarios y empresarios que operaron para desviar recursos a campañas políticas o para acrecentar sus fortunas personales.

En el PRI, al ex senador lo apodan La Coneja, por su gran capacidad para conseguir recursos y desviarlos, de acuerdo con los testimonios ventilados en la audiencia de vinculación a proceso.

Está acusado de gestionar al menos 250 millones de pesos para el gobierno estatal por medio de la Secretaría de Educación y Cultura del sexenio duartista, y de buscar empresas que simularan contratos para encauzar el dinero hacia campañas electorales en varios estados.

Desde el gobierno de César Duarte Jáquez se orquestaron estrategias para desfalcar las arcas públicas de varias entidades en contubernio con gobernadores, líderes nacionales del PRI y empresarios, de acuerdo con información ventilada en investigaciones periodísticas y sobre todo, en audiencias públicas de ex funcionarios procesados o sentenciados.

Las principales dependencias oficiales utilizadas para operar los desvíos del dinero público y en las que el entonces gobernador Duarte Jáquez colocó a gente de su confianza fueron las secretarías de Hacienda, Salud, Comunicaciones y Obras Públicas, Desarrollo Rural y Educación, y la coordinación de Comunicación Social.

La investigación relacionada con una red de corrupción de gobiernos priístas se denomina Operación Zafiro y, de acuerdo con información vertida por la fiscalía general de Chihuahua, incluye entidades como Nayarit, Quintana Roo y Aguascalientes.

El fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche, defendió el proceso contra Alejandro Gutiérrez, presunto operador de los desvíos de dinero estatal a las arcas del PRI.

No extrañan las declaraciones que hizo Manlio Fabio Beltrones en el sentido de que el gobernador Javier Corral y el fiscal han vulnerado la justicia al actuar con testigos protegidos que aportan declaraciones a modo.

Sin embargo, la indagatoria no se basa sólo en una declaración de la administración de César Duarte, misma que es legal y se encuentra prevista y regulada en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La investigación como se ha dado a conocer ante un tribunal, y que ha justificado un auto de vinculación a proceso, consta de múltiples testimonios, de personas incluso ya sentenciadas por los mismos hechos, y principalmente de un cúmulo de evidencia documental; entre ésta, importante información financiera y documentos públicos.

El esquema de la desviación de recursos del Estado, presentado en la teoría del caso, presupone la intervención de más personas que facilitaron la creación de empresas con identidades suplantadas y que fueron utilizadas para simular la prestación de servicios para sustraer los recursos que recibieron, entre otras entidades, el estado de Chihuahua. n