Omisiones del Ministerio Público

Escrito por  Eduardo López Betancourt Feb 10, 2018

El pasado 2 de febrero se publicó en el Semanario Judicial de la Federación una tesis jurisprudencial del Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, por el cual se resuelve la contradicción de Tesis 4/2017. El criterio se refiere a las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, y el mecanismo de defensa con que cuenta el ciudadano para impugnarlas.

De acuerdo con el criterio, estas omisiones actualizan una hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción VII, de la Ley de Amparo. Según se precisa, por la naturaleza penal de esas abstenciones, así como del carácter del Ministerio Público que las produce al tratarse de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, debe considerarse que esas omisiones encuadran en los supuestos de excepción al principio de definitividad contenido en los preceptos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de amparo.

Lo anterior significa que para el amparista, no existe obligación de agotar los recursos ordinarios contra dichos actos cuando la norma no regule la suspensión del acto reclamado o al hacerlo exija mayores requisitos o plazos para otorgarla conforme a la ley especial.

Asimismo, no hay la obligación cuando el acto reclamado carezca de fundamentación y motivación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución Federal.

El fondo de la tesis es que el Pleno de Circuito considera que las anteriores excepciones no se excluyen por el hecho de que en el artículo 20, apartado C, fracción VII, constitucional, se prevea que las víctimas u ofendidos tienen derecho a impugnar ante el Juez de Control tales omisiones, pues en realidad esa disposición contempla un derecho del gobernado y una obligación para el legislador secundario, pero no se erige como una causal de improcedencia.

Lo que se concluye es que para las víctimas u ofendidos es optativo agotar el medio ordinario de impugnación que pueda preverse en la legislación, pero siempre conservando el derecho a promover el juicio de amparo indirecto.

Lo anterior es relevante pues se avanza en el camino progresivo de reconocer los derechos de la víctima. Cabe recordar que para los efectos del procedimiento penal, se considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Junto con este, se considera ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito.

El tema de la víctima y el ofendido, se analiza dentro de una disciplina jurídica denominada Victimología, cuyo objeto de estudio es considerar y analizar la problemática a la que se enfrentan las víctimas del delito. La víctima ha buscado históricamente lograr mayor participación en el derecho penal. Lo principal en el proceso acusatorio es respaldar la intervención de la víctima del delito en el proceso, y velar por el respeto y cumplimiento de sus derechos. n