Fortaleza de padres y madres de los 43

Escrito por  Sergio Ferrer Feb 12, 2018

Minerva Bello Guerrero se fue el domingo 4 de febrero. Al día siguiente la despedimos, le oraron, le cantaron y le dedicaron consignas allá en el panteón de la comunidad Omeapa, en Tixtla. Hubo lágrimas, pero también hubo fortaleza. Sus hijas e hijos recibieron en su humilde y cálido hogar a jóvenes normalistas, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y personas solidarias que compartieron alimentos después del sepelio.

En un contexto estructural de falta de acceso a la salud evidente en comunidades rurales, indígenas y colonias periféricas, el desgaste y el agotamiento de doña Mine frente a la desaparición de su hijo derivó en un deterioro irreparable de su salud; “tenía cáncer, pero nunca me dijeron bien de qué tipo; ella sintió un dolor en su pierna que se le fue empeorando cada vez más; estaba triste”, me dijo su esposo, Francisco, en el camposanto.

La búsqueda de Everardo Rodríguez Bello, uno de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos forzadamente en Iguala en 2014, no se extinguió al colocar las flores en la tumba; es una lucha vigente de los padres y las madres de Ayotzinapa, para quienes la demanda de justicia y verdad constituye un eje rector de sus voces dignas que proclaman el eco de la resistencia contra el olvido, contra las vociferaciones equivocadas y las mentiras históricas de funcionarios incapaces o encubridores.

El martes, la Comisión de Madres y Padres tuvo que continuar sus actividades, y sus integrantes se reunieron con los comisionados Esmeralda Arosemena de Tritiño y Luis Ernesto Vargas Silva, quienes están a cargo del Mecanismo Especial de Seguimiento de Medidas Cautelares 409/14 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para hablar de la agenda del Mecanismo y de la importancia de que se llegue a la verdad.

Al día siguiente, mientras el Mecanismo se reunió con funcionarios del gobierno federal, padres y madres de los 43 acudieron a las instalaciones del Consejo de la Judicatura Federal para dialogar con integrantes de esa instancia y con el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales.

Ante los magistrados, padres y madres lanzaron puntos clave de sus exigencias, como es que verifiquen que en los procesos judiciales se garantice investigación exhaustiva para que los jueces puedan valorar por completo las indagatorias. También expusieron su preocupación de que sea una investigación regular –en especial a la hipótesis del basurero de Cocula–, además de las inconsistencias que implicarían que la autoridad cometió tortura y malos tratos, y manipuló la escena del crimen.

Cuestionaron las trabas que enfrentan personas pobres para tener acceso a la justicia y la dilación respecto a los nuevos procesos y acusaciones que están atorados y que servirían para las rutas de investigación del caso Ayotzinapa.

Otro punto planteado por los padres y las madres fue solicitar al Consejo que dé la información que corresponde al Poder Judicial federal sobre el caso Ayotzinapa por medio de informes periódicos, e incluso se reúna con el Mecanismo Especial de Seguimiento en sus próximas visitas.

El magistrado presidente dijo a las madres y los padres que no podrían decirles a los juzgadores cómo resolver, porque eso también es vulnerar su independencia, pero que el Consejo de la Judicatura Federal garantizará en todo momento que no estén sujetos a presiones; que no tengan miedo, dijo Aguilar Morales refiriéndose a los jueces federales. Los magistrados dijeron entender la situación de los padres y las madres, pero aclararon de principio que no conocen los detalles que han retrasado la investigación del caso.

Después de estas reuniones, los padres y las madres se preparan para una caravana múltiple por tres rutas; Bajío, Sur y Norte, del 15 al 25 de febrero, en estados como Querétaro, San Luis Potosí, Guadalajara, Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Coahuila, Chihuahua, Baja California y Ciudad de México.

Padres y madres mantienen su convicción de localizar a sus hijos, esos futuros maestros que destaparon una cloaca en un país donde cientos de tragedias no han sido denunciadas. Por su parte, las autoridades han mostrado deficiencias y dilaciones; han perpetrado, según testimonios, graves violaciones a los derechos humanos en las investigaciones del caso Ayotzinapa, que demuestra en sí la descomposición de las instituciones mexicanas en contubernio con la violencia perpetrada por la delincuencia organizada.

El informe Derecho a la verdad en México, alcances y limitaciones en casos de violaciones graves de derechos humanos apunta entre sus conclusiones que “el Estado mexicano oculta la verdad para justificar la impunidad y violaciones graves de derechos humanos, dentro de una lógica política que ha impedido la pacificación del país”.

El esfuerzo ejemplar de las madres y los padres de Ayotzinapa no debe ser invisibilizado por la sociedad; no nos debe ser ajena la necesidad urgente de justicia, la necesidad de solidaridad y apoyo.

Resulta una gran tarea ciudadana el perder la apatía, el dejar de delegar la responsabilidad civil de construir una ciudadanía fortalecida que elimine la violencia de cualquier tipo, la corrupción, la ruptura del tejido social; que resista, luche y deconstruya los decadentes pilares de arena de las redes de impunidad que existen por todo el país. n