Ricardo Anaya, riqueza inexplicable

Escrito por  Esthela Damián Peralta Mar 07, 2018

Una riqueza que ofende y cuyo origen raya hasta ahora en actos de corrupción es la del candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, quien es protagonista principal de un nuevo escándalo por su relación con el empresario Manuel Barreiro, señalado como el prestanombres del político queretano para triangular más de 50 millones de pesos con la supuesta venta de un terreno.

Cada vez hay más pruebas que relacionan a Anaya y Barreiro, este último investigado por lavado de dinero; y si la PGR prueba que Anaya estuvo involucrado en el supuesto entramado de recursos de procedencia incierta, el denominado Chico Maravilla se vería en serios apuros.

No es la primera vez que Anaya es ligado a presuntos casos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

Desde el año pasado, una noticia persigue al panista queretano: entre 2014 y 2016, compró y vendió un terreno en su estado natal. Lo adquirió por poco más de 10 millones de pesos, y a los dos años de la compra construyó 7 mil metros cuadrados de una nave industrial que vendió en 54 millones de pesos.

Hoy le es cuestionada la cantidad de dinero que genera y que no esclarece; también su presunta liga y amistad con Manuel Barreiro Castañeda, empresario investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) por lavar dinero en empresas fantasma, quien junto con Anaya habría hecho tejes y manejes para enriquecerse a partir de inflar avalúos.

Un ejemplo de su falta de transparencia fue dado a conocer por la revista Proceso en 2015, cuando informó que Ricardo Anaya Cortés mintió en su última declaración de bienes ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), presentada en 2011.

La revista documentó que, en esa declaración, el panista no mencionó ser accionista de la empresa Cintla de S de RL de CV. En cambio, en su declaración 3de3 de 2015, el político queretano dijo ser accionista de dos empresas del sector inmobiliario –Cintla y JuniSerra S de RL de CV– desde hacía cuatro años, es decir desde 2011.

Esa omisión podría ser violatoria de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y él, quizá, pudo incurrir también en falsedad de declaración ante autoridad distinta a la judicial.

Cuando fue secretario particular del gobernador de Querétaro Francisco Garrido Patrón (2003-2009), por ejemplo, a Ricardo Anaya le fue encomendado el manejo del Programa de Acción Comunitaria (PAC), por medio del cual son repartidos materiales de construcción e insumos de mejoramiento urbano.

Según las versiones del actual gobernador de la entidad, Francisco Domínguez Servién, y de la diputada panista Raquel Jiménez Cerrillo, hay indicios para pensar que Anaya incurrió en actos ilícitos al manejar un presupuesto cercano a los mil millones de pesos.

Desde intercambio de predios por permisos hasta el testimonio de Javier Bosque Urquiza, quien en 2011 fue detenido por defraudar al gobierno queretano y quien aseguró que Anaya participó del timo al aportar 8 millones de pesos como inversionista de Grupo Boss –la empresa fraudulenta utilizada por Bosque Urquiza–, las acusaciones contra Ricardo Anaya ensombrecen su figura.

Sin embargo, el ahora candidato presidencial ha dicho que las aportaciones salieron de su patrimonio personal y no del erario público.

Algo parecido sucedió en 2010. Anaya fue señalado de triangular un millón 650 mil pesos que el empresario Abraham Jaik Villarreal, dueño de JV Construcciones Civiles, le donó a su Fundación por más Humanismo, creada en 2009 con el objetivo de “fortalecer la conciencia democrática de los queretanos y su formación cívico-política”.

De acuerdo con la revista Proceso, Anaya usó ese dinero para adquirir un terreno donde construyó un edificio que, en 2016, vendió en 7 millones 854 mil pesos a la empresa Agacel Agregados y Asfaltos, copropiedad de Lorena Jiménez Salcedo, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Querétaro y ex secretaria particular del gobernador panista Francisco Domínguez Servién.

Al final del negocio, Anaya habría pagado 6 millones 559 mil pesos a la empresa JV Construcciones Civiles, misma que se quedó sólo con tres millones 209 mil pesos. Los tres millones 350 mil pesos restantes los transfirió, con dos depósitos, a la compañía DG Diseño y Construcciones, propiedad de Eduardo de la Guardia Herrera, quien es vocal de la Fundación por más Humanismo.

Unos años después de su paso por el gobierno de Querétaro salió a la luz otro escándalo en el que Anaya figuró.

En agosto de 2014 circuló en Internet un audio en el que el político queretano, ya en calidad de presidente del PAN, y Miguel Ángel Yunes Linares, entonces aspirante a diputado federal, negociaban entregar números e incrementar porcentajes para entregar.

A ojos del escrutinio público, esa fue una negociación para llevar recursos del gobierno de Veracruz a las arcas del partido blanquiazul. Sin embargo, de acuerdo con Fernando Rodríguez Doval, vocero panista, el escándalo se basó en una grabación editada.

El caso fue enterrado. Anaya y Yunes no fueron acusados de manera formal, y no hubo cargos en su contra.

Y con todo este historial, ¿Anaya quiere el voto de los mexicanos el próximo 1º de julio? n