Plazo para el amparo en el sistema acusatorio

Escrito por  Eduardo López Betancourt Mar 10, 2018

Como es sabido, el término genérico para interponer una demanda de amparo es el de quince días, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente, de 2013. Este plazo empezará a computarse a partir del día siguiente a aquél en que la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame surta efectos, conforme a la ley del acto; o a aquel día en que se haya tenido conocimiento o el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución.

La doctrina denomina a este plazo “término prejudicial”, pues es un plazo antes de que empiece el proceso de amparo. Es un aspecto fundamental su conocimiento y conteo, pues delimita el tiempo con el que cuenta la persona afectada para interponer la demanda solicitando la protección constitucional.

Existen ciertas excepciones a esta regla general. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, el plazo será de 30 días, computados a partir del día de su entrada en vigor. Cuando se reclama el procedimiento de extradición, el plazo será igualmente de 30 días.

La excepción más amplia es aquella de la fracción IV del artículo 17, según la cual la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo, cuando el acto reclamado sea considerado grave, porque implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa a Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.

El evento principal para poder aplicar correctamente el plazo es el conocimiento del momento en que se notificó o se tuvo conocimiento del acto reclamado, lo que debe establecerse incluso bajo protesta de decir verdad. Dado esto, ¿qué sucede con las audiencias orales? ¿Cuándo habrán de tenerse por notificados o conocidos los actos que se dicten en el desarrollo de éstas?

En concordancia con los principios de concentración, continuidad e inmediatez, parece que la interpretación más adecuada es considerar que los actos deben tenerse por conocidos o notificados en el momento mismo de la audiencia, para el conteo del plazo para el amparo en su caso. Así lo ha hecho explícito el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en una tesis aislada que se publicó el viernes 9 de marzo en el Semanario Judicial de la Federación (Tesis: III.2o.P.137 P).

De acuerdo con el criterio, se precisa que para las determinaciones tomadas dentro de las audiencias del proceso penal acusatorio y oral, el término que se aplica será el de 15 días. Ahora bien, para su cómputo, se señala que de los artículos 63, 82 fracción I inciso a) y último párrafo, así como 84, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, “se advierte que las partes que asistan a las audiencias orales, así como quienes estaban obligados a acudir a ellas formalmente, deben tenerse por notificados en ese acto, de las determinaciones que ahí se tomen, sin necesidad de formalidad alguna”.

Dada esta regla, que coincide con los principios que rigen a los juicios orales, como los ya mencionados de inmediación, continuidad y concentración, dichas notificaciones surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas.

De este modo, el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo, concluye el Tribunal Colegiado, debe computarse a partir del día posterior al en que surte efectos esa notificación, conforme a la ley del acto, como lo establece el numeral 18 de la Ley de Amparo. n