Caso Ayotzinapa

Escrito por  Isidro Bautista Soriano May 03, 2018

Recientemente fue publicado en medios un conjunto de transcripciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala la noche del 26 y primeras horas del 27 de septiembre de 2014, en las que se da a entender que pudiese existir cierto grado de colusión entre Iñaky Blanco Cabrera, entonces procurador general de Justicia del estado, y alguna o algunas organizaciones criminales.

Si existiese alguna relación de él con las organizaciones delictivas vinculadas al caso Iguala, como Guerreros Unidos y Los Rojos, cabe preguntar por qué la fiscalía a su cargo investigaba a la primera de las mismas desde meses antes en colaboración con la PGR.

¿Por qué actuó con inmediatez en la atención del asunto y por qué consignó a 33 personas vinculadas a los Guerreros Unidos, 22 de ellas agentes de la policía municipal que fueron identificados en carácter de probables responsables de la agresión contra los normalistas?

¿Por qué a su llegada a Iguala, instruyó en el sentido de que el personal policial ministerial se diera a la tarea de buscar y resguardar en las instalaciones de la Fiscalía Regional a estudiantes que se encontraban dispersos, huyendo o escondiéndose de sus agresores en distintas partes, habiendo logrado rescatar a poco más de 60 jóvenes, tal como consta en el reporte de incidencias respectivo?

En ese entonces, en colaboración con la Policía Federal, se detuvo a casi 100 integrantes de tal organización. A destacar, también los casos del secuestro del diputado Olaguer Hernández Flores, ordenado por Jorge Higashi Chávez alias El Chino o El Japonés, a quien en su momento se consideró segundo en la estructura de mando de dicho grupo criminal y recientemente fue detenido en cumplimiento a la orden de aprehensión solicitada por Blanco Cabrera, así como el atentado que sufriera el empresario Pioquinto Damián Huato, donde como resultado de la intervención de la fiscalía general se detuvo a más de 30 integrantes de Los Rojos, tal como se hizo público en su oportunidad.

De igual manera, tuvo resultados relevantes en lo concerniente a los homicidios de personas identificadas como “luchadores sociales”, como Juventina Villa Mojica y su hijo, Reynaldo Santana Villa; Luis Olivares Enríquez y su pareja Ana Lilia Gatica Rómulo; Raymundo Velázquez Flores, Samuel Vargas Ramírez y Miguel Ángel Solano Barrera (integrantes de la organización Larsez), y el de María Edy Fabiola Osorio Bernáldez y Layby Esther García Ruiz, integrantes de la organización ecologista Guerreros Verdes, en todos los cuales hubo detenidos e incluso ya hay sentenciados. En tanto, en coordinación con la PGR se hizo del conocimiento público el estado que guardaba el caso (secuestro agravado) de los ecologistas Marcial Bautista Valle y Eva Fe Alarcón Ortiz. También se logró la obtención de la orden de aprehensión contra el ex alcalde de Tlapa, Willy Reyes Ramos, como probable responsable en la comisión del delito de homicidio en agravio del diputado federal Moisés Villanueva de la Luz y su chofer Erick Estrada Vázquez. En poco más de un año, detuvo a 403 secuestradores, siendo ésta la cifra más alta alcanzada en ese entonces a nivel nacional y en la historia del estado de Guerrero.

Conforme a información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se reflejó en una incidencia delictiva a la baja durante el periodo en que encabezó la Fiscalía. Para el caso del secuestro hubo una disminución de 48 por ciento, de un 35 por ciento tratándose de homicidios dolosos, de 8.6 por ciento en la comisión del delito de extorsión y de un 16.7 en robo de vehículos. En el asunto que aquí nos ocupa no caben interpretaciones parciales que generan confusión e incertidumbre. Blanco Cabrera rindió declaración ministerial ante la PGR en el momento que fue requerido y que compareció en tres ocasiones ante las comisiones legislativas creadas a nivel estatal y federal para el seguimiento del caso Iguala. n

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