La valiente Valentina

Escrito por  Sergio Ferrer May 28, 2018

Me llamo Valentina Rosendo, soy una mujer indígena, hablo me’phaa; en 2002 fui agredida por militares; llevo años de buscar justicia, para lo que tuve que aprender a hablar español; tuve que salir del lugar de donde crecí con una hija en brazos. Fui a la capital de Guerrero, y en todos estos años el gobierno nunca me creyó; fui a la Ciudad de México y tampoco me hicieron justicia contra los militares que me atacaron; al contrario, me mandaron a amenazar, quisieron secuestrar a mi hija; así que fui a buscar justicia a otros países, primero en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego fui a la Corte Interamericana, donde me volví a enfrentar al Estado mexicano, que siempre negó lo que me había pasado.

Pero la Corte declaró culpable al gobierno. Ahora que saldrá la sentencia quiero que sean sancionados los responsables, que se logre la justicia que he soñado. Quiero decirles a las compañeras que aquí sigo a pesar de tantas piedras que el gobierno puso en mi camino. Pasé muchas cosas, sufrimiento, dolor al no estar cerca de mi pueblo y mi familia; pero les digo a las mujeres que han sufrido violación por parte de gente del Estado que no se dejen; es una lucha larga, pero se llega. Mando un mensaje de fortaleza a las compañeras de Atenco, a todas aquellas mujeres que están en proceso de lucha, no se detengan.

Estas palabras de la valiente Valentina, desde su propia voz, enmarcan esta media vida de lucha, 16 de sus 33 años insistiendo en que llegue la justicia, una justicia que tanto hace falta a miles de personas en el país y el mundo.

Está cerca la emisión de la sentencia en el Juzgado Séptimo de Distrito en Guerrero, relativa a la presunta responsabilidad de dos militares por la tortura sexual cometida contra Valentina Rosendo Cantú. Como ya lo dijo arriba Valentina, fue la Corte IDH la primera en emitir sentencia contra el Estado mexicano tanto en el caso de Vale como de Inés Fernández Ortega, otra compañera me´phaa que a la edad de 25 años fue torturada sexualmente por integrantes de las fuerzas armadas en lo que la Corte denominó violencia institucional castrense.

Las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por fuerzas militares ha seguido y en un panorama nada optimista, la nueva Ley de Seguridad Interior se aparece como el ariete de una estrategia que se ajusta al campo de guerra y violencia que los militares y marinos enviados a la calle no han podido detener.

Esta sentencia es vista por organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como una oportunidad histórica al ser el primer caso de tortura sexual cometida por miembros del Ejército que está próxima a resolverse en el fuero civil, por los delitos de violación y tortura. Será elemental que la jueza a cargo aplique los estándares internacionales que vinculen la perspectiva de género y etnicidad, lo que establecería un precedente nacional. La sentencia de la Corte Interamericana en el caso de Valentina especifica que hubo violación del derecho de la integridad personal y el derecho a la privacidad y dignidad personal, violación a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, y violación a los derechos del niño, además de establecer lo referente a las medidas de reparación y cumplimiento de la sentencia.

Al estar las mujeres sobrevivientes manteniendo la convicción de que llegue la justicia, es una labor irrenunciable para la jueza dictar una decisión apegada a derecho y que abone a los procesos necesarios de rechazo a la impunidad y al abuso.

El tiempo de la resolución del proceso judicial por las graves violaciones de derechos humanos contra Valentina se contextualiza con una serie de lamentables ejemplos a lo largo del país, de más violaciones graves a los derechos humanos cometidas por el Ejército y ante una solicitada discusión frente a una nueva y aprobada Ley de Seguridad Interior a la que organizaciones y sociedad objetan la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad de la participación de soldados del Ejército en actividades de seguridad pública.

Más allá de la frontera. En Honduras, este martes el Tribunal de Sentencia de Trujillo declaró culpables del delito de homicidio a 10 efectivos de la Fuerza Naval Hondureña, cometido contra dos jóvenes garífunas; está pendiente la individualización de  la pena.

En Guatemala, dos generales y dos coroneles retirados fueron condenados por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen y por la violación y tortura de su hermana Emma Guadalupe, hechos ocurridos en 1981. Los cuatro militares retirados recibieron penas de 33 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y violación agravada por los crímenes cometidos contra Emma, en tanto que por la desaparición forzada de su hermano Marco fueron sentenciados a 25 años más de prisión, excepto uno de ellos. Hechos ocurridos durante la guerra civil, que duró 36 años.

Cuenta pendiente existe en diversos países de crímenes cometidos por personas amparadas en una institución que en cualquier lugar de mundo jamás debe servir para matar inocentes, torturar opositores, silenciar a quienes buscan justicia, abusar del poder, ejecutar extrajudicialmente, torturar sexualmente, aliarse con la delincuencia. Deben ser instituciones que no solapen acto alguno de violencia desmedida.

En cuanto a los militares en las calles, podemos tomar el ejemplo de la Policía Militar de Brasil, que ha sido denunciada por asesinar a jóvenes y adolescentes indiscriminadamente en las zonas marginadas, en las favelas, además de los abusos de poder y prácticas violentas. n