Sanciones en la Ley General de Comunicación Social

Escrito por  Eduardo López Betancourt Jun 02, 2018

La comunicación social es relevante en una sociedad democrática, siempre que sea utilizada de forma responsable por los entes públicos. Hablábamos en los artículos previos de la publicación el 11 de mayo pasado de la Ley General de comunicación social, que se ocupa de estos temas.

En el rubro de las sanciones, la ley no contempla delito alguno, pero si establece algunas infracciones. De acuerdo con el artículo 44, constituyen infracciones a la Ley, cometidas por los Entes y Servidores Públicos, según sea el caso, realizar actos como la difusión de Campañas de Comunicación Social violatorias de los principios establecidos en el artículo 5 de la Ley.

Estos principios, de acuerdo con el referido numeral, son: la eficacia, en uso de los recursos públicos; la eficiencia, de los recursos públicos destinados a la contratación o gasto de Comunicación Social; la economía y racionalidad presupuestaria, que comprende la administración prudente de los recursos destinados a la Comunicación Social; la transparencia y máxima publicidad, garantizándose el acceso a toda información relacionada con la contratación y manejo de recursos públicos destinados a la Comunicación Social de los Entes Públicos, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y otras disposiciones jurídicas aplicables.

También son principios rectores la honradez, que comprende el manejo de recursos públicos conforme a las leyes y otras disposiciones jurídicas aplicables, que justifique la contratación sujetándose a criterios de calidad cumpliendo los propósitos de la Comunicación Social. La objetividad e imparcialidad, que implica que la Comunicación Social en los procesos electorales no debe estar dirigida a influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, precandidatos y candidatos. Asimismo, la institucionalidad, en virtud de sus fines informativos, educativos o de orientación social. La necesidad, de comunicar los asuntos públicos a la sociedad para su información y/o atención. La congruencia, entre el contenido del mensaje, el objetivo de comunicación y la población objetivo. Finalmente, la veracidad de la información que se difunde. Todo lo anterior de acuerdo con el mencionado artículo 5o de la ley.

Adicionalmente, también se deberá atender al respeto a la libertad de expresión y al fomento del acceso ciudadano a la información; y se debe contribuir a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, respetará la diversidad social y cultural de la Nación.

Otro de los supuestos de infracción, señalado en la fracción II del artículo 44, es exceder los límites y condiciones establecidas para los informes anuales de labores de los Servidores Públicos. Finalmente, la fracción III supone un tipo de infracción administrativa abierto, al señalar que será sancionable  el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.

De acuerdo con el artículo 45, para el procedimiento, cuando las autoridades federales, estatales o municipales cometan alguna infracción prevista en esta Ley, se dará vista al superior jerárquico y, en su caso, presentará la queja ante la autoridad competente por hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas o las denuncias o querellas ante el agente del Ministerio Público que deba conocer de ellas, a fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables.

En todo caso, consideramos que la técnica legislativa es deficiente, porque además de señalar tipos indeterminados de infracción, no prevé cuáles serán las sanciones aplicables a quienes incurran en conductas contrarias a la ley y sus principios. n