Al rojo vivo

Escrito por  Javier Soriano Guerrero Jun 24, 2018

A una semana de que se realicen las elecciones presidenciales más discutidas y violentas de los últimos años en nuestro país, conforme se acerca el día primero de julio se incrementan los actos de violencia contra los candidatos de diferentes partidos en todo el país.

En las ciudades más grandes y los pueblos más pequeños se resienten los atentados y agresiones en contra de los que buscan cargos de elección popular, tanto a nivel local como federal. Estas acciones de violencia han obligado a varios aspirantes a renunciar a sus candidaturas o a declinar en favor de candidatos de otros partidos.

Las autoridades encargadas de garantizar la seguridad pública, tanto a nivel federal, estatal y municipal, sólo se encargan de hacer declaraciones y de condenar los atentados y agresiones contra hombres y mujeres que buscan cargos de elección, pero no se nota que incrementen las medidas de seguridad, tanto para los candidatos como para los simpatizantes que los acompañan a lo largo de sus campañas electorales. Menos para el pueblo.

Este viernes concluyó en el puerto la 39 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, donde los fiscales, procuradores y delegados federales que participaron advirtieron que la violencia que se ha registrado durante el actual proceso electoral puede inhibir la participación ciudadana; expresaron su rechazo a la violencia, principalmente en contra de las mujeres, por lo que se comprometieron a reforzar acciones para esclarecer los hechos de violencia ocurridos durante este periodo de campañas electorales.

Con declaraciones creen que se va a terminar la violencia y la inseguridad. Cada vez que hay un atentado o agresión contra candidatos es la misma canción: condenamos los hechos de violencia; estos hechos no quedarán impunes; daremos con los responsables para que reciban su castigo, y, así, hasta el infinito.

Además, piden a la ciudadanía denunciar y colaborar en la investigación de estos hechos delictuosos para procesar a los responsables. Pero se da el caso que la población no confía en sus autoridades, pues apenas acaba de presentar la denuncia, cuando ya lo están esperando los delincuentes para reclamarle, amenazarlo o asesinarlo. ¿Así cómo?

Esto es hablando de hechos de violencia y de inseguridad en el proceso electoral, que se teme haga que el pueblo no salga a votar el próximo domingo o lo haga bajo presión de algunos partidos para votar por candidatos que no son de su preferencia, pero también hay otros tipos de delitos que, aunque no se ven, existen.

Entre estos últimos delitos tenemos la compra y coacción del voto, la cual se da principalmente en las zonas marginadas de nuestro país, donde existe poca presencia de autoridades o de observadores electorales. Cuando se llega a descubrir alguno de estos hechos se denuncian y se registran enfrentamientos entre simpatizantes de los diferentes partidos. Pero la autoridad ni se da por enterado.

Tenemos también la entrega de despensas. Se ha denunciado en las últimas dos semanas el descubrimiento de camiones llenos de despensas con logotipos de diferentes partidos, los cuales no se han investigado por las autoridades.

Ahora bien, el Instituto Nacional Electoral (INE) firma convenio tras convenio con diversas autoridades e instituciones para la vigilancia y procesamiento de la votación del día 1 de julio próximo, sin embargo, la seguridad y confianza electoral no se da por convenio ni por decreto, sino por acciones que generen confianza en la ciudadanía. Acciones que sean visibles, tanto en la calle como en las instituciones, porque hasta ahora esas firmas de convenios sólo han servido para sonreír para la foto. Al pueblo no le aportan nada.

Por la tarde del viernes pasado, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, se reunió con académicos, activistas y políticos, quienes le manifestaron su preocupación porque la compra y coacción del voto y otros delitos electorales pudieran conducir a una posible anulación del proceso electoral, y le reclamaron la inacción del INE a combatir estas actividades ilícitas, con el pretexto de que no tiene la facultad para hacerlo.

Le recordaron al funcionario electoral que ellos habían presentado una denuncia por compra y coacción del voto por parte del PRI, sin embargo, nadie es responsable de ello, y el INE no atendió ese problema, contestando Lorenzo Córdova que ese asunto no es responsabilidad del INE, y se comprometió a profundizar con el mensaje del llamado al voto libre a la ciudadanía, y a garantizar la seguridad para que se pueda acudir a votar de manera tranquila y confiada.

Esperemos que con tanta declaración sobre que se brindará seguridad para votar el próximo 1 de julio, la seguridad sea una realidad.

Ojalá que sea cierto. n