Desafíos a la libertad de expresión en México

Escrito por  Sergio Ferrer Jun 25, 2018

El ataque expansivo contra los periodistas y el periodismo representa la amenaza más directa y significativa a la libertad de expresión”, destacó David Kaye, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de la ONU durante la presentación en Ginebra del informe final de la misión que efectuó en conjunto con Edison Lanza, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, del 27 de noviembre al 4 de diciembre del año pasado en el país.

Organizaciones de la sociedad civil, como Artículo 19, Amarc, Reporteros Sin Fronteras, Serapaz, Tlachinollan, Amedi,Cimac, Propuesta Cívica, R3D, Cencos, Centro Prodh y CPJ, entre otras más, tomaron postura frente al informe en el foro denominado Desafíos de la libertad de expresión para un gobierno en transición; recomendaciones y propuestas, el pasado 19 de junio.

Entre los puntos analizados del informe queda claro que los ataques contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos son generalizados en todo el país, sin que a la fecha existan resultados de las autoridades que permitan el ejercicio de ambas labores. La ausencia de recursos o fuerte fluctuación, personal capacitado, generación de capacidades técnicas y la inadecuada coordinación entre instituciones federales y estatales persisten, lo que mantiene la deuda del Estado relativa a la construcción e implementación de una política pública integral en materia de protección.

Si bien se cuenta con diversos órganos especializados para dar protección, como es el caso del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav), ha quedado en evidencia que las autoridades no tienen planes de protección e investigación efectivos, al no reaccionar a la diversidad de modos de violencia y no agotar las líneas de investigación referentes a la labor periodística, ni de análisis contextual que permita identificar a los presuntos responsables. Preocupa especialmente a los relatores los altos índices de impunidad reflejados en la falta de investigaciones sobre desaparición forzada y casos emblemáticos de agresiones a periodistas.

A pesar de contar con una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, México ha hecho poco o ningún progreso para erradicar la impunidad; mujeres periodistas y periodistas indígenas enfrentan discriminaciones y doble riesgo.

Ante este panorama, las organizaciones instaron a la administración federal y a las instancias relacionadas con la política de protección e impartición de justicia, a que sean implementadas las recomendaciones emitidas en el informe dirigidas a adoptar medidas para abordar la situación estructural de impunidad, incluyendo el establecimiento de las garantías de imparcialidad e independencia necesarias para ello, asegurar una protección efectiva, garantizar la efectiva cooperación y coordinación entre los niveles federal y estatal para proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, proveer al Mecanismo federal de Protección con los recursos humanos y económicos necesarios, prestar especial atención a las personas periodistas desplazadas, considerar la creación de un órgano independiente para supervisar de manera eficaz las tareas de vigilancia del Estado e implementar una serie de medidas para prevenir la repetición de agresiones, como la existencia de un marco legal adecuado.

Preocupan la respuesta del gobierno mexicano frente al informe, sobre todo en un contexto de violencia que afecta el ejercicio de la libertad de expresión, y la falta de interés y compromisos que los tres candidatos a la presidencia de la República han mostrado durante las campañas electorales sobre el tema de libertad de expresión y derecho a la información.

Por esta razón, las organizaciones lanzaron una petición concreta para que, una vez definida la elección el 1º de julio, se establezca una mesa de trabajo con el gobierno en transición a fin de diseñar de manera inmediata un plan de gobierno encaminado a atender las recomendaciones del relator para la Libertad de Expresión de la ONU, y a la creación de una política pública integral que incluya a todas las instancias de los tres niveles de gobierno, tanto para personas defensoras de derechos humanos como para periodistas.

Tlachinollan en el foro reiteró parte del mensaje entregado al relator David Kaye durante su visita a Guerrero por radios comunitarias indígenas, como la Radio Ñomndaa, Tachi Ñu, Naxme, radios de la Crac-PC, radio de Ayotzinapa, de solicitar que recomiende al Estado mexicano respetar la radiodifusión libre de los pueblos indígenas, al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, opinión y comunicación.

Además de recomendar no criminalizar el ejercicio y los medios por los cuales los pueblos indígenas garantizan sus derechos como base imprescindible de su reproducción cultural. De los periodistas organizados, una postura generalizada es la demanda de alto a las agresiones contra reporteros y reporteras; investigación de todos los casos de agresiones y asesinatos contra reporteros, en especial Cecilio Pineda y Francisco Pacheco, ocurridos en el gobierno de Héctor Astudillo, así como el de nuestros demás compañeros y compañeras asesinados; garantías reales para el ejercicio periodístico y respeto absoluto al derecho a la libertad de expresión. n