Comisión de la verdad

Escrito por  Raúl Sendic García Estrada Ago 03, 2018

En junio, magistrados del Primer Tribunal Colegiado, con sede en Reynosa, Tamaulipas, fallaron para la creación de una comisión de la verdad para el caso de Iguala, en la cual participarían los familiares de las víctimas desaparecidas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, señalando que solo las dos primeras decidirían las líneas de investigación y las pruebas por desahogar.

Días después, el titular del Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, Sabino Pérez García, resolvió que es jurídicamente imposible crear una comisión de la verdad, porque supondría ceder facultades de investigación y desahogo de pruebas en favor de particulares y de un organismo autónomo y limitárselas al Ministerio Público.

Se entiende que las comisiones de la verdad no tienen facultades para perseguir delitos ni sancionarlos; desde su constitución las comisiones de la verdad, ya sea tanto en países, que vivieron una guerra, una dictadura, genocidio, delitos de lesa humanidad, se crearon en Centroamérica, los países del Cono Sur, los Balcanes, se dedicaron a buscar la verdad y la reconciliación, en el caso de Guerrero y del periodo de la Guerra Sucia.

Una comisión de ciudadanos mandatados por el Congreso del estado investigó las violaciones a los derechos humanos durante el periodo de la Guerra Sucia de los años 70 y la percepción a los movimientos armados que dirigían Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, además los agravios cometidos contra la población, su tarea a casi medio siglo fue reconstruir la verdad, señalar a los culpables, visibilizar a las víctimas y hacer un trabajo humano e histórico que implicó reconstruir la verdad de los hechos.

El estado de Guerrero, tierra de masacres, crímenes políticos y desapariciones, ha obligado a los guerrerenses a la movilización y a los levantamientos armados producto de la pobreza ancestral, de los cacicazgos locales, del abuso de poder, de los malos gobiernos y de la impunidad que se ha institucionalizado.

Ante la inconformidad de amplios sectores de la sociedad, el Estado ha respondido con balas, manifestaciones y protestas sociales han sido masacradas, el denominador común ha sido el uso indiscriminado de la fuerza pública, las violaciones a los derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y las torturas.

Las masacres cometidas en el estado dan cuenta de un memorial de agravios, que van desde la masacre del 30 de diciembre de 1960 en Chilpancingo, cuando una generación de guerrerenses luchaba por la autonomía de la Universidad de Guerrero y el autoritarismo del general Raúl Caballero Aburto, intentó sofocar con el Ejército, masacrando a estudiantes y padres de familia, con un saldo oficial de 19 personas asesinadas.

El 20 de agosto de 1967, fueron asesinados varias decenas de campesinos copreros de Acapulco, que luchaban por la democratización de la Unión Regional de Productores de la Copra del Estado de Guerrero y la disminución de los impuestos sobre cada kilo de copra, esto en el contexto de la Guerra de Vietnam, cuando México se convirtió en el primer productor de copra del mundo.

En esta ocasión, pistoleros a sueldo, encabezados por Constancio Hernández El Zanatón, Gerardo Chávez El Animal, Eduardo Radilla El Niño, los tres Hermanos Gallardo, auxiliados por policías ministeriales, masacraron a los manifestantes.

El 18 de mayo de 1967, en Atoyac, padres de familia, protestaron contra la directora de la escuela primaria Juan Álvarez, fueron asesinados por policías ministeriales y caciques locales.

El 28 de junio de 1995, campesinos que se trasladaban del municipio de la sierra de Coyuca al municipio de Atoyac a realizar un mitin, fueron asesinados por la Policía del Estado en el vado de Aguas Blancas.

En 1998, fueron asesinados estudiantes de la UNAM, y una célula del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, que se encontraban reunidos en la escuela primaria Caritino Maldonado Pérez, de la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla.

El 12 de diciembre de 2011, alumnos de la normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, mantenían un bloqueo en la autopista del Sol, donde agentes de la Policía Ministerial del Estado y de la Policía Federal, asesinaron a dos estudiantes e hirieron a cinco; y el 26 de septiembre de 2014, normalistas de Ayotzinapa, que se encontraban en la ciudad de Iguala, fueron tiroteados y detenidos, y desaparecidos 43 de ellos.

La violencia no tiene fin, y al igual que hace décadas, en el pasado reciente han sido asesinados decenas de luchadores sociales, dirigentes campesinos, indígenas, ecologistas, profesionistas y policías comunitarios.

La impunidad es la constante en estos hechos, las víctimas merecen justicia, que se castigue a los responsables, las rutas deben de ser: la justicia, el conocimiento de la verdad y la reparación del daño. n