La Jornada Guerrero - Elementos filtrados por fecha: Martes, 09 Enero 2018

El ex gobernador tuvo conocimiento previo, durante y después de los hechos, señala

 “No es un señalamiento general, sino una línea sugerida por el GIEI para indagar a autoridades locales”


El ex gobernador Ángel Aguirre Rivero tiene una investigación abierta por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, expresó el abogado de los padres de los estudiantes, Vidulfo Rosales Sierra. 

No es, explicó, un señalamiento general, sino una línea que se abrió por recomendación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar a autoridades locales, ya que ha quedado demostrado que autoridades de cinco municipios, Iguala, Cocula, Huitzuco, Tepecoacuilco y Taxco, actuaron de manera coordinada en un gran operativo. 

Dijo que Aguirre estuvo enterado antes, durante y después de los acontecimientos, su gobierno fue omiso para prevenir, lo fue también para desplegar un equipo de seguridad que evitara que siguiera realizándose el ataque a los estudiantes, y finalmente, por sus omisiones, después de los hechos, permitió que varias personas involucradas en la desaparición de los normalistas lograran evadir la acción de la justicia. 

En razón de ello, señaló que lo más prudente y políticamente correcto que pudo haber hecho, fue renunciar a la precandidatura. 

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Anuncia el alcalde que habrá más cambios en su gabinete


El alcalde Evodio Velázquez Aguirre señaló que es necesaria la regularización de las policías comunitarias en Guerrero, porque estas no deben operar en lugares turísticos como Acapulco. Celebró que efectivos del Ejército hayan desarmado a un grupo de presuntos policías comunitarios en la localidad de La Concepción, luego del enfrentamiento ocurrido la madrugada del domingo.

“Qué bueno que hoy se toma una determinación frontal para poder ya ponerle fin a la presencia de policías que se avalan con la ley local y que eso de ninguna manera puede permitirse en una ciudad turística como Acapulco”. 

Remarcó que es importante la decisión del Grupo de Coordinación Guerrero de desarmar a los comunitarios, y que su gobierno seguirá colaborando en la regularización de estas policías que, dijo, se amparan en la ley 701. 

“Hoy tiene que regularse, no puede quedar con ambigüedad el cómo interpretas la ley local, esta habla de cómo las comunidades indígenas pueden organizarse para tener una Policía Comunitaria, como desde hace muchos años han existido en Ayutla, San Luis Acatlán, la Costa Chica y La Montaña, y no han ocasionado problemas mayúsculos”. 

Aseveró que “los problemas mayúsculos se dan cuando las Policías Comunitarias se quieren extender incluso a lugares turísticos como el caso de Acapulco, es una aberración y no podemos permitir que se violente la ley en ese sentido”. 

Al preguntarle qué se hará para evitar más enfrentamientos, reiteró que deben regularizarse estos grupos, ya que “la lucha de poder entre dos organizaciones de comunitarios generó un enfrentamiento que tarde que temprano se tenía que dar como se dio en esta pasada madrugada”. 

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Aparecen dos en videos y fotografías que circulan en Internet sobre ese momento, señalan

Las dos bajas de los uniformados no se hicieron públicas porque eran conocidos sicarios, denuncian


Testigos del operativo policiaco del domingo en La Concepción refieren que dos de los policías comunitarios que murieron ese día, en realidad fueron detenidos vivos por la policía estatal, e incluso refieren que ambos aparecen en videos y fotografías que circulan en Internet sobre ese momento. 

Además, relataron que apenas terminó ese operativo, cuando los policías estatales allanaron unas 20 casas en La Concepción y Aguacaliente, donde tiraron puertas, rompieron cristales, y se llevaron a algunos de sus moradores aunque evidentemente no estaban en la escena del enfrentamiento.

Durante la acción policiaca en la comandancia de la Comunitaria, dijeron que al menos 20 mujeres fueron golpeadas, entre ellas una mujer ciega, de más de 60 años de edad. 

Asimismo, señalaron que entre los uniformados hubo dos bajas, pero no se hicieron públicas porque en realidad, aunque llevaban uniforme de la Policía Estatal, eran conocidos sicarios al servicio del empresario gravillero Humberto Marín. 

Los comuneros hablaron con un grupo de abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que, encabezado por su director Abel Barrera Hernández, recorrió ambos poblados. 

Las visitas del grupo de abogados se realizaron en domicilios particulares, tanto en Aguacaliente como en La Concepción, y los testigos hablaron a condición de que en estos momentos no se dieran a conocer sus nombres, aunque algunos afirmaron que estarían dispuestos a declarar ministerialmente en un momento posterior. 

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Llega personal de ONU-DH y CNDH para revisión médica de detenidos de Cacahuatepec

Fueron detenidos el domingo pasado durante un operativo de desarme de policías comunitarios

Enfrentan acusaciones de 2014, 2015 y 2016, las cuales alcanzan fianza, señala su abogado


En los juzgados del penal de Las Cruces inició poco después de las 2 de la tarde la diligencia de declaraciones preparatorias del vocero opositor a la presa La Parota, Marco Antonio Suástegui Muñoz. 

Desde primeras horas de la mañana de este martes arribó al penal de Las Cruces personal de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para efectuar una revisión médica a los seis pobladores de bienes comunales de Cacahuatepec, recluidos desde el pasado domingo en el penal de Las Cruces. 

Entre los internos se encuentran el vocero de los opositores a la presa La Parota, Marco Suástegui Muñoz, y su hermano Vicente, detenidos durante el operativo de desarme de policías comunitarios llevado a cabo por policías estatales y ministeriales en La Concepción, en la zona rural del municipio, el pasado domingo, luego de que se registró la muerte de ocho personas esa madrugada. 

En dicho despliegue policial fueron detenidas 38 personas y tres policías comunitarios más fueron abatidos por policías estatales. Seis de los detenidos por los hechos del domingo pasado en la Concepción, recluidos en el penal de Las Cruces, enfrentan acusaciones de 2014, 2015 y 2016, las cuales alcanzan fianza. 

De los detenidos en el Cereso, dos solamente son policías comunitarios y los restantes son miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop), quienes se encontraban en la Casa de Justicia de La Concepción, explicó el abogado del Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Rogelio Téliz García. 

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