La Jornada Guerrero - Elementos filtrados por fecha: Martes, 09 Enero 2018

Le pide a Astudillo que trabaje por el bien de Guerrero y en el tema de la inseguridad

Exige que se investiguen los hechos en Cacahuatepec y que se castigue a los responsables


Iguala, 9 de enero. “Ojala que el gobernador Héctor Astudillo Flores no se meta en la cuestión electoral, que los gobiernos no se metan, que saquen las manos todos los que tengan la tentación de meterse en la elección”, manifestó en esta ciudad el coordinador estatal del Movimiento de Regeneración Nacional ( Morena) Félix Salgado Macedonio. 

En entrevista antes de iniciar el recorrido casa por casa para promover a Morena, Salgado Macedonio reiteró su mensaje al gobierno estatal, y agregó que le vaya bien y lo exhortó a que se ponga a trabajar por el bien de Guerrero. 

Acompañado de líderes locales, dijo que las regiones más difíciles por la inseguridad que se vive son Tierra Caliente y La Montaña, “hay mucha inseguridad, donde quiera que vaya uno respira miedo, hay temor; sin embargo, nuestro deseo es que a todos nos vaya bien”. 

Acompañado por unas 30 personas, entre líderes locales y seguidores, expresó en el mensaje al gobernador que debe estar atento, que no se distraiga en asuntos electorales, que no se lo lleve la corriente del río, mejor que trabaje en lo que le compete, sobre todo en el tema de la inseguridad. 

Publicado en Política

El colaborador de Proceso fue arrastrado por policías estatales en La Concepción

Llegan a Acapulco representantes del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos


Periodistas se manifestaron en la glorieta de La Diana, en la zona turística del puerto, para protestar por la agresión que sufrió el fotorreportero Bernandino Hernández, por elementos de la policía estatal, durante el operativo de desarme de policías comunitarios en el poblado de La Concepción, el pasado domingo, luego de que se registró la muerte de ocho personas. Durante dicho despliegue tres policías comunitarios más murieron.

A este sitio turístico arribaron representantes del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes debido a los hechos ocurridos el domingo pasado en La Concepción, llegaron a Acapulco en horas recientes para efectuar visitas de inspección, observación y tomar anotaciones.

En el despliegue policial, Bernandino Hernández, quien colabora para la revista Proceso, las agencias AP y Cuartoscuro, fue derribado al piso donde fue arrastrado por elementos de la policía estatal, quienes le arrebataron sus dos cámaras para quitarle las memorias.

Debido a los golpes recibidos, Bernandino Hernández fue internado en un hospital para ser atendido de lesiones en la espalda, la cabeza y las rodillas.

Por separado, reporteros que intentaban cubrir el sepelio de seis de las personas que murieron el pasado domingo en La Concepción, señalaron que fueron amenazados por pobladores con la advertencia de que serían linchados si no se retiraban del sitio.

Los comunicadores refirieron que elementos de la Policía estatal les expresaron que no se harían responsables de su seguridad y se limitaron a tomar fotografías.

Los periodistas afectados fueron Carlos Carbajal y Jacobs Morales Antonio de El Sur; así como Roberto Ramírez y Rubén Vázquez Santiago de La Jornada Guerrero.

Publicado en Sociedad y Justicia

El fiscal miente al llamar civiles armados a policías avalados por la Crac-pc estatal, señalan

El gobierno no podrá con la Crac y el Cecop; se sumarán más comunidades a su lucha, advierten


En conferencia de prensa en el ex Ineban, portavoces del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac), advirtieron que autoridades pretenden desaparecer a policías comunitarios de Cacahuatepec porque se oponen a la presa La Parota, que el gobierno federal persigue edificar desde hace más de 15 años en el río Papagayo, en la zona rural de Acapulco.

Advirtieron que el gobierno no podrá con la Crac ni con el Cecop, pues se sumarán más comunidades y organizaciones a su lucha.

Representantes de diversas organizaciones sociales dieron a conocer su postura sobre lo acontecido el domingo anterior en los bienes comunales de Cacahuatepec, donde tres guardias comunitarios murieron abatidos por policías estatales y ministeriales, quienes implementaron un operativo en esta zona, apoyados por el Ejército, tras el fallecimiento de seis civiles y otros dos elementos comunitarios, ocurrido durante la madrugada de ese mismo domingo.

El vocero del Cecop, Rodolfo Chávez Galindo, subrayó que el fiscal estatal, Xavier Olea Peláez, miente al llamar civiles armados a policías comunitarios, pues la Casa de Justicia de La Concepción, está avalada por la Crac-pc estatal.

Chávez Galindo sentenció que “el gobierno se atrevió a hacer esto que nosotros llamamos un fusilamiento de la comunitaria de Cacahuatepec, pues lo que buscan desde hace 15 años es construir la presa La Parota”.

Manifestó que “durante todos estos años ha habido muchos muertos, encarcelados, ordenes de aprehensión, pero hemos logrado que la presa fuera suspendida, por la decisión de los pueblos”, y enfatizó que “las asambleas fraudulentas organizadas para construir la presa hidroeléctrica fueron echadas abajo jurídicamente por el Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan”.

Chávez Galindo puntualizó que “uno de los únicos lugares de Guerrero donde no se trasiega droga es Cacahuatepec, pues ahí está el Cecop y la policía comunitaria”.

Advirtió que “el narcopoder quiere meterse a Cacahuatepec, está coludido con el gobierno no quieren que exista el sistema comunitario”.

Chávez Galindo puntualizó que el Cecop se opone a la instalación de zonas económicas especiales, pues no permitirá la privatización del territorio, del agua, ni de los bienes comunes; así como tampoco está de acuerdo con la Ley de Seguridad Interior.

Debido a ello, Chávez Galindo alertó que “viene un problema muy grave para todo el país, pues habrá represión contra todos los campesinos que estén estorbando a empresas que quieran instalar plantas de energía eléctrica o que digan que encontraron petróleo”.

Insistió que lo ocurrido el domingo en La Concepción durante el despliegue de fuerzas de seguridad fue un fusilamiento, lo que ocasionó la muerte de tres comunitarios más, para un saldo de 11 personas muertas durante ese día.

El representante de la Crac de San Luis Acatlán, Sabas Aburto Espino Barro, cuestionó por qué la autoridad estatal no actuó de la misma manera cuando fueron asesinadas siete personas en San Pedro Cacahuatepec, el pasado 9 de junio de 2017.

Criticó la labor del fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, para perseguir a líderes de grupos criminales.

Sostuvo que “estamos en la mira del gobierno federal y estatal, que buscan acotar a la Crac-pc, pero no podrán desmantelarla, pues es un proyecto sostenido por las bases de la comunidades”, y concluyó: “el Cecop no se va a arrodillar, jamás va a abandonar sus tierras”. En este encuentro estudiantes de la normal de Ayotzinapa, así como profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, se solidarizaron con comuneros y policías comunitarios detenidos, y advirtieron que caminarán junto al Cecop y la Crac en su movimiento de defensa del territorio.

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Empresarios presentaron la solicitud al Congreso el 16 de octubre del año pasado

Chilpancingo, 9 de enero. Integrantes de la Coparmex en Chilpancingo solicitaron al Congreso hacer un llamado a la Auditoría Superior de Guerrero para que audite las cuentas públicas del periodo del alcalde Marco Antonio Leyva Mena y que les informe el estado en el que se encuentra su solicitud de revocación del mandato del edil con licencia.

Alertaron que, de no atenderse este asunto, hay riesgo de enfrentamiento entre los mismos trabajadores.

La tarde de este martes los empresarios llegaron al Congreso, donde entregaron al secretario de Servicios Parlamentarios, Benjamín Gallegos Segura, el escrito en el que plantean diversas solicitudes.

En entrevista, el dirigente de Coparmex, Adrián Alarcón Ríos, recordó que el 16 de octubre del año pasado solicitaron al Congreso la revocación del mandato del presidente municipal de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, debido a violaciones reiteradas a la Ley Orgánica del Municipio Libre.

“Varias organizaciones pedimos la revocación y venimos a saber el estado que tiene nuestra petición, porque hasta la fecha no hemos recibido respuesta por parte de nuestros diputados”, dijo.

Alarcón Ríos reclamó que debido a que Leyva Mena aún tiene fuero constitucional y por ello este lunes llegó a querer tomar posesión del ayuntamiento y a entregar nombramientos.

“Un segundo punto es saber qué tratamiento le dará el Congreso a la solicitud del anterior alcalde, que pide su reincorporación a su cargo”, dijo.

Asimismo, entregaron un escrito en el que solicitan que la Auditoría Superior de Guerrero haga de manera inmediata una auditoría a la administración a cargo de Marco Antonio Leyva Mena.

“Si debe proceder la solicitud de revocación de mandato porque en su momento los diputados integrantes de la Comisión Instructora nos informaron que, como ya había entrado la licencia para separarse del cargo por parte de Leyva Mena, se suspendía de momento el procedimiento de la revocación de mandato, pero ante los acontecimientos de ayer, nosotros venimos a decirle al Congreso que exigimos que dé cauce a esta revocación de mandato”, manifestó.

Aseguró que la consigna debe ser social, “es un agravio a la sociedad porque este señor, que tanto agravió a la sociedad de Chilpancingo, pretende regresar a su fuero, a fin de tener impunidad, porque sabemos que en su gestión hay un desvío por más de 100 millones de pesos del erario público”.

Alarcón Ríos advirtió a los diputados que, de no solucionar este conflicto, hay riesgo de enfrentamiento entre trabajadores debido a que Leyva Mena entregó este lunes nombramientos fuera de legalidad.

“Expidió nombramientos a funcionarios y esto ya provocó molestia entre los propios trabajadores y jefes de área, porque ahora resulta que hay dos secretarios en cada área del ayuntamiento, pero uno, el que nombró Marco Leyva está fuera de toda legalidad”, dijo.

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