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Sábado, 03 Febrero 2018 00:05

La Ciudad de México

Como es sabido, la Ciudad de México sufrió una transformación política de alcance histórico en años pasados, al dejar atrás el antiguo Distrito Federal. El cambio de naturaleza jurídica hacia una entidad federativa significó una modificación relevante, que abrió la posibilidad de que se estableciera una nueva Constitución para la Ciudad. Esta fue publicada el 5 de febrero de 2017; se trata de un ordenamiento fundamental muy esperado por los capitalinos, que –en desventaja frente a las otras entidades federativas– carecían de norma suprema local.

Como parte de los ajustes en el ordenamiento jurídico que se requieren para llevar a la práctica el nuevo régimen constitucional de la Ciudad de México, el pasado 19 de enero del presente año se publicaron sendas modificaciones a un amplio listado de leyes, entre otras la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución federal, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente, la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, la Ley General de Bibliotecas, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General de Cambio  Climático, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley General de Protección Civil, la Ley General de Cultura Física y Deporte, la Ley General de Sociedades Cooperativas, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, y la Ley Federal de Archivos. Todas estas legislaciones fueron reformadas para incluir el reconocimiento de la Ciudad de México como entidad federativa, tanto con la sustitución del nombre de Distrito Federal como con la definición, en su caso, de las facultades concurrentes para las demarcaciones territoriales.

Todas estas modificaciones están en camino a la entrada en vigor de la Constitución local, que se hará de manera general el 17 de septiembre de 2018. Puede considerarse que la Constitución Política de la Ciudad de México, que tiene 71 artículos, es progresista y con una visión amplia que integra los derechos humanos, lo cual se ve reflejado en el texto de cada uno de sus artículos.

Su artículo primero identifica a la Ciudad de México como una entidad integrante de la Federación, sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. Se señala en este punto que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, que la ejerce por conducto de sus poderes públicos y las figuras de democracia directa y participativa, a fin de preservar, ampliar, proteger y garantizar los derechos humanos y el desarrollo integral y progresivo de la sociedad.

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Sábado, 03 Febrero 2018 00:05

Capama, en el filo de la navaja

De ser verdad la declaración del diputado local Ricardo Mejía Berdeja, será la semana próxima cuando la Auditoría Superior del Estado (ASE) dé a conocer los resultados finales de la auditoría que le hizo a la Capama, en la que detectó irregularidades financieras por 194 millones 577 mil 346.98 pesos.

Los resultados, aseguró el legislador de Movimiento Ciudadano, incluirán las responsabilidades administrativas, resarcitorias y, si hace falta, penales.

Graves son las fallas descubiertas por la ASE en la revisión hecha al año 2016.

Por citar sólo algunas:

  1. Condonaciones a los saldos de las cuentas de usuarios sin haber efectuado el proceso de justificación y autorización por un monto de 6 millones 441 mil 721 pesos.
  2. Identificación de saldos a favor de contratistas sin que se llevaran a cabo las acciones para su comprobación o, en su caso, para su recuperación, además de que se liberaron recursos a favor de proveedores sin comprobar, todo ello por un total de 16 millones 431 mil 589 pesos.
  3. Liberación de 170 mil 741 pesos, de gastos a comprobar y préstamos a funcionarios y empleados de la paramunicipal, sin que se haya presentado la documentación comprobatoria o justificativa.
  4. Incumplimiento con el procedimiento de adjudicación para la prestación de servicios sin evidencia documental que los acredite, por un monto de 12 millones 567 mil 847 pesos.

Ese sería un revés que, en caso de no haber justificado las observaciones, recibiría la paramunicipal.

Otro más sería el adeudo de 265 millones de pesos que la Comisión tiene con la CFE, para cuyo cobro la paraestatal sigue acciones legales tendentes a obtener un pago pronto previendo el final del sexenio.

Atrincherada en un juicio de amparo, Capama no ha pagado el consumo de energía eléctrica de los últimos 15 meses.

La CFE aseveró en un comunicado que el amparo no libera a la paramunicipal del pago del consumo de energía, por lo que se prevé que, al acercarse el cierre del sexenio, la Comisión presione para obtener su dinero.

En algún momento, la regidora Gloria Sierra expresó que la Capama vive la peor debacle de su historia; dijo que la paramunicipal no está guardando el dinero que deja de pagar a la CFE.

Cuando se le preguntó al alcalde Evodio Velázquez si eso era verdad, se negó a contestar.

Por tanto, no sería remoto que en cualquier momento la CFE proceda al corte del suministro de energía a los sistemas hidráulicos y deje sin agua a la ciudad, como una medida de presión para que se cubra la deuda.

Es obvio que la Capama no se encuentra en su mejor momento y que, con los problemas que se le vienen encima, arrastrará consigo a la población.

Publicado en Editorial

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