Marcial Rodríguez y Juan Carlos Manrique piden garantizar el derecho de reunión


El secretario general y el de Organización del partido Movimiento Regeneración Nacional en el estado, Marcial Rodríguez Saldaña y Juan Carlos Manrique García, condenaron la irrupción de policías ministeriales en el edificio de la Coprera, donde sesiona el Frente Progresista Guerrerense, y demandaron al gobernador Héctor Astudillo garantías para el derecho de reunión. 

Manrique García responsabilizó al gobierno del estado y al federal por lo que pudiera sucederle al dirigente del frente creado para apoyar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, Eloy Cisneros Guillén, pues señaló que hay un ataque sistemático a esta organización que sesiona en el edificio de la Coprera, pues en octubre irrumpieron militares y ahora policías ministeriales. 

Lo curioso, que evidencia la intención de golpear a la organización, dijo, es que la irrupción del martes ocurre apenas después de que en Chilpancingo el Frente organizó un gran acto por Andrés Manuel López Obrador, en el que estuvieron los líderes Alejandro Encinas, Jorge Alcocer y Carlos Sotelo.

Por ello, dijo que debe ofrecerse garantías a Eloy Cisneros, porque es quien está al frente del FPG. El 13 de octubre, militares irrumpieron por primera vez en la sede de la Coprera. Iban acompañando a un hombre que dijo ser hijo del fundador de la organización, Encarnación Ursúa, y se decía dueño del inmueble.

Si bien los dos ataques al edificio de la Coprera, ubicado en Ejido y Calle 6, tienen visos de ilegalidad, la autoridad  se ha mostrado sorda y omisa, y con su indiferencia refuerza las acusaciones de intimidación que han planteado seguidores de Andrés Manuel López Obrador –dirigente nacional de Morena, aspirante a presidente de la República–, que utilizan el inmueble para sesionar.

Primero, el 12 de octubre, el Frente Progresista Guerrerense (FPG), creado para apoyar la candidatura de López Obrador a la Presidencia de la República, denunció que unos 60 militares allanaron sus oficinas en el edificio, mismas que dejaron cerradas luego de despojar de las llaves al vigilante; acto seguido, colocaron candados en una bodega de la agrupación.

El argumento de los militares es que iban acompañando a un individuo que no se identificó y que dijo llevar consigo una escritura proveniente de la notaría de la fallecida notaria Bella Hernández que lo avala como propietario de ese inmueble, pero en la acción no hubo ninguna autoridad civil, ni tampoco los militares llevaban ninguna orden judicial para proceder.

Jorge Luis Salas Pérez, presidente de la Unión Mercantil de Copreros, que posee la titularidad del inmueble; Isaías Arellano Maldonado y José Jaimes Requena, comisionado de Gestión Social del Frente, aseguraron que no hay ningún juicio sobre el edificio, mismo que se ha utilizado desde hace años para las sesiones de organizaciones sociales de izquierda y ahora del FPG.

Salas Pérez contó que acudió a la agencia del Ministerio Público, que está a unos pasos del inmueble, pero ahí se negaron a recibir la queja.

Luchadores sociales que integran el Frente señalaron que la Fiscalía General se ha negado a levantar una investigación.

El martes 7 de noviembre se repitió la arbitrariedad: armados, en vehículos oficiales y también en unidades particulares sin placas, una veintena de agentes de la Policía Ministerial arribaron al edificio e intentaron desalojar dos locales que son parte del inmueble y, tras no poder ingresar en él, porque tenía candado, colocaron sellos en la puerta principal y un segundo candado.

Más tarde, hasta el lugar llegó el fiscal regional de Acapulco, Francisco Quevedo de Astudillo, quien dijo a los representantes del Frente que corroboró en la Fiscalía, y no existe ninguna orden judicial para la actuación efectuada ahí, y que los sellos colocados eran apócrifos, por lo que procedería a retirarlos.

Abundan, pues, los indicios de que lo mismo militares que policías ministeriales están haciendo el trabajo sucio a un particular que, sin juicio judicial de por medio, aparentemente pretende apoderarse del inmueble, cuya titularidad fue concedida en sentencia favorable a Jorge Luis Salas Pérez, presidente de la Unión Mercantil de Copreros en 2012 ,mediante el único pleito legal que ha habido en torno al inmueble.

Otra posibilidad es que alguien, desde los sótanos del poder, esté moviendo la mano para intimidar a organizaciones sociales que, como el FPG, sesionan en el lugar, y más concretamente a seguidores de López Obrador, cuya preferencia entre los guerrerenses sigue creciendo de manera incesante, lo cual representa un peligro no para el PAN, el PRD y MC, que forman el Frente Ciudadano por México, sino para el PRI, que gobierna en el estado de Guerrero.

Si hasta ahora ni el alto mando de las fuerzas militares, ni la Fiscalía General del Estado han asumido la responsabilidad por los atropellos perpetrados por sus efectivos, alguien debería dar la cara, antes de que se cometa una tercera ilegalidad y que las arbitrariedades, de repetirse, pudieran provocar consecuencias más indeseables aun. n

“No son bienvenidos”, dice el representante ante el IEPC, Sergio Montes Carrillo

 “No vamos a recibir cascajos de otros partidos políticos, que ya probaron que no sirven”, desafía

Ni ética, ni moral, ni políticamente, los ex mandatarios podrían ingresar al partido de AMLO, afirma


Ni ética, ni moral, ni políticamente, los ex gobernadores Ángel Aguirre Rivero o Zeferino Torreblanca Galindo podrían ingresar a Morena; “si ellos entraran, muchos saldríamos”, advirtió el representante ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de ese instituto político, Sergio Montes Carrillo.

El también consejero estatal y suplente ante el Instituto Nacional Electoral afirmó que, si bien no es imposible que ambos ex mandatarios tengan pláticas con la dirigencia nacional, eso no implica que vayan a tener un cargo, y menos por la vía plurinominal.

Sostuvo que las versiones de esos supuestos ingresos a Morena –que se dan sin citar fuentes, sin precisión alguna– son promovidas desde el propio sistema para generar confusión.

De Aguirre Rivero, recordó que incluso en Morena le quitaron la candidatura a Lázaro Mazón por su amistad con Abarca, y por tanto no se la darían ahora al ex mandatario; y de Torreblanca, dijo que es un hombre “con mentalidad más panista que de izquierda”, que despreció a los luchadores sociales, a los que llamaba “lucradores sociales”, y a López Obrador siempre lo calificó de demagogo.

“Que se quede en el PAN, que se quede en el Frente, pero en Morena no son bienvenidos ninguno de los dos. No vamos a recibir cascajos de otros partidos políticos, sobre todo que ya fueron probados que no sirven”, dijo.

Por otra parte, Montes Carrillo afirmó que el secretario general de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña, y el enlace nacional, César Núñez Ramos, idearon una estrategia para presentar propuestas que fueran inviables alternativamente. Así, si en un mismo caso Rodríguez Saldaña tenía interés, Núñez Ramos hacía una propuesta inviable, y luego al revés.

Una vez definida la situación, dijo, buscan al representante del grupo del presidente estatal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, y le proponen que decline, y le dicen que ya hay acuerdo de los otros dos. “Los dos ubicaron juanitas y juanitos para quitar mujeres y hombres”, dijo, pero advirtió que las declinaciones debieron hacerse efectivas en el Consejo Estatal para que fueran procedentes, pues hacerlo después “implica negociaciones oscuras, y eso no procede”.

En consecuencia, Montes Carrillo advirtió que todos los casos en que hubo declinaciones de todas maneras se someterán a encuestas y contarán con las dos propuestas de la dirigencia nacional.

No hay orden judicial, y los sellos que pusieron son apócrifos, revela el fiscal regional

Es la segunda vez que fuerzas del gobierno ingresan al inmueble con el pretexto de un litigio


Armados, en vehículos oficiales y también en vehículos particulares sin placas, unos 20 agentes de la Policía Ministerial irrumpieron en el edificio de la Coprera, donde sesiona el Frente Progresista de Guerrero, constituido expresamente para apoyar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, e intentaron desalojar dos locales del inmueble y, tras no poder ingresar en él, porque tenía candado, colocaron sellos en la puerta principal y un segundo candado.

Es la segunda ocasión en menos de un mes en que el inmueble es asediado por fuerzas armadas oficiales. El 13 de octubre pasado, un grupo de militares se introdujo en el edificio, sacó a quienes se encontraban en él y colocó un candado en una bodega.

Ambas acciones ocurrieron sin que exista ningún proceso judicial abierto, y en ambos casos los agentes actuaron sin ninguna orden judicial.

El dirigente del Frente Progresista, Eloy Cisneros Guillén, relató que ayer alrededor de las 10 de la mañana se presentaron los policías ministeriales y actuaron contra unos puestos de tacos que están sobre la calle Ejido, frente a la terminal de autobuses foráneos, pero que son parte del mismo edificio.

Él estaba presente cuando ocurrieron los hechos, a diferencia de octubre, que no se encontraba cuando ingresaron los militares. Los policías ostentaban una placa que los acredita en su ejercicio, pero cuando Eloy Cisneros les pidió una orden judicial no la mostraron; sólo dijeron que sí existía.

En cambio, los policías le pedían al dirigente social que se identificara. Finalmente, no desalojaron los puestos de tacos, y se enfilaron hacia el acceso principal del edificio, que está sobre la Calle 6, pero Eloy Cisneros llegó antes que ellos y le puso candado. Entonces los policías le exigieron que lo abriera, y el dirigente dijo que no, hasta que le mostraran una orden judicial, porque en el interior hay computadoras y otros objetos que pueden perderse.

Hubo un momento de tensión. Para para entonces ya se encontraban ahí el dirigente del Frente Democrático de Trabajadores de Salud, Nemesio Soberanis, y el secretario de Organización estatal de Morena, Juan Carlos Manrique, así como otros miembros del Frente, y empezaron a llegar los reporteros.

En ese momento, al ver a los comunicadores, los policías se subieron a sus camionetas y se fueron. “Si todo estaba bien, no tenían por qué irse al ver a los reporteros”, comentó Eloy Cisneros. Dijo que los policías solamente aseguraban tener una escritura a favor de un individuo (que se identificó como Esteban Arturo Fonseca Soto) y que a su vez éste compró al que encabezó a los militares en octubre, quien dijo ser hijo de Renato Ursúa, fundador de la Coprera.

Cisneros Guillén recordó que el edificio estuvo en un litigio y hubo sentencia, confirmada después por la Sala Superior, en la que se adjudica la administración del inmueble al actual dirigente de la Unión Mercantil de Copreros, Jorge Luis Salas Pérez, quien no estuvo presente ayer. En todo caso, dijo que si hay algún derecho que reclamar, debe hacerse por medio de los tribunales, no con un desalojo armado.

Más tarde, hasta el lugar llegó el fiscal regional de Acapulco, Francisco Quevedo de Astudillo, quien dijo a los representantes del Frente que ya corroboró en la Fiscalía que no existe ninguna orden judicial para la actuación realizada ahí, y que los sellos colocados eran apócrifos, por lo que procedería a retirarlos. Encabezados por Eloy Cisneros, los dirigentes acudieron a la agencia del Ministerio Público de Mozimba a presentar una denuncia por la irrupción de los agentes ministeriales, quienes dijeron provenir de la agencia en Costa Azul.

La designación de Félix Salgado Macedonio como coordinador estatal de Morena en Guerrero "Lo decidieron los guerrerenses, eso es lo que no entienden los de la mafia del poder y sus achichincles, piensan que son imposiciones. Son procesos democráticos. Hacen encuestas de acuerdo a los estatutos y, por eso, se elige a los coordinadores", señaló el tabasqueño

 

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