Se busca localizar al presunto homicida en CDMX, Morelos y Michoacán, informa

Fue asignada una unidad de la Policía Ministerial en el caso específico del crimen de Taxco: fiscal


La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que solicitó la colaboración de autoridades de la ciudad de México, Morelos y Michoacán, para localizar al presunto homicida de Magdalena, nutrióloga quien fue encontrada asesinada en Taxco de Alarcón el pasado 22 de enero, cuya muerte ha provocado movilizaciones en diversas ciudades de la entidad. 

Al respecto, el titular de la FGE, Xavier Olea Peláez, señaló que se agotan todos los elementos de investigación, y en el caso específico del crimen de Taxco, indicó que fue asignada una unidad de la policía ministerial para dar con el homicida. 

Olea Peláez expresó que “estamos investigando y vamos muy avanzados, muy avanzados, yo espero tener pronto resultados”. 

El fiscal estatal informó los avances de las investigaciones del caso sucedido en Taxco

Un juez de control otorga órdenes de aprehensión contra su ex pareja sentimental y Silvia “N”


Taxco, 24 de enero. La joven nutrióloga, Magdalena Aguilar Romero murió asfixiada por ahorcamiento, después el cuerpo fue desmembrado y cocinadas parte de sus extremidades, reveló la necropsia que practicó la Fiscalía General del Estado, la cual está asentada en la carpeta de Investigación 12050410300022150118. 

El fiscal Xavier Olea Pelaez informó en Acapulco los avances de las investigaciones que se siguen en el caso de la joven mujer que fue víctima de asesinato y desmembrada de su cuerpo, por lo que ofreció una recompensa de 500 mil pesos para la localización del presunto asesino, de quien se habla fue su ex pareja. 

De acuerdo con la investigación y para los dictámenes periciales en materia de criminalística de campo y fotografía forense, química forense, genética, la necropsia reveló que la víctima falleció asfixiada por ahorcamiento y después el cuerpo fue desmembrado.

El Centro documentó torturas y tratos crueles para detenidos


El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan denunció que personal de la Fiscalía General del Estado hizo maniobras para obstaculizar la defensa de los comuneros de La Concepción detenidos durante el operativo del 7 de enero pasado. 

El organismo defensor de derechos humanos, que ha asumido la defensa legal de los policías comunitarios y miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota que están en estos momentos detenidos por la Fiscalía, señaló que “la actuación parcial e irregular del Estado” en el tema de la hidroeléctrica dio pauta al conflicto intracomunitario “para después incursionar de manera extremadamente violenta utilizando las fuerzas policiales en un operativo letal y violatorio de los derechos humanos”. 

Tlachinollan informó que las autoridades “no están actuando de buena fe” y relató que desde el principio fue difícil establecer cuántas personas estaban detenidas pues primero se dio una versión oficial de que eran 30, luego se aumentó a 38, luego, el 9 de enero, a los abogados defensores se les informó que eran 21 y luego el Centro de Derechos Humanos encontró que eran 25. 

“La falta de certeza en la información era grave porque, de acuerdo con pobladores de las comunidades, había personas de las que no se conocía su paradero y, posteriormente se tuvo conocimiento que dos de los tres policías comunitarios ejecutados en el segundo enfrentamiento fueron detenidos y posteriormente ejecutados”, señaló. 

La importancia de ir sumando esfuerzos entre el gobierno y sociedad civil es fundamental, en aras de ir disminuyendo hasta erradicar la Violencia de Genero en la entidad


Chilpancingo, Gro., 13 de diciembre.- Atendiendo la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Guerrero, la Fiscalía General del Estado impartió el curso: "Los Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas y la Procuración de Justicia, desde una Perspectiva Intercultural y de Género", dirigido a 40 servidores públicos del área administrativa, Peritos, Ministerios Públicos y de la Policía de Investigación Ministerial.

Esto con la finalidad de garantizar la protección, el respeto y el ejercicio de sus derechos humanos, atendiendo los compromisos internacionales, especialmente a la luz de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

A este evento asistió Alejandro Santos González, Vice fiscal de Prevención y Seguimiento; la Dra. María Eugenia Espinosa Mora, Subdirectora adscrita a la Dirección de Promoción y Difusión de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, de la cuarta visitaduría de la CNDH; Elizabeth Ocampo Jiménez, Directora del Instituto de Capacitación y Formación Profesional; Ramiro Rivera Martínez, Fiscal Especializado en Atención de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos; Silvia Elena Aivar García, Fiscal Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar y Shiomara Yadira Bautista Cantú, titular de la Unidad de Género.

Xavier Olea Peláez, Fiscal General del Estado, refuerza y promueve el respeto a los derechos humanos de los pueblos originarios.

La violencia que se vive en Guerrero les incrementó el trabajo y los riesgos, argumentan

Compañeros han muerto en el desempeño de sus funciones, o han quedado incapacitados, señalan


Chilpancingo, 1º de diciembre. Peritos, agentes del Ministerio Público y policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) demandaron un aumento del 50 por ciento en su salario, así como un bono anual y un seguro de vida. 

Este viernes en conferencia de prensa, los trabajadores de la FGE explicaron como la violencia que se vive día a día en las calles de Guerrero les ha aumento el trabajo pero, sobre todo, los riesgos. Indicaron que varios de los Ministerios Públicos y peritos han sido agredidos por parte de la delincuencia organizada. 

Las agresiones, indicaron, van desde agresiones físicas hasta secuestros. Hay muchos compañeros que han sufrido atentados físicos y psicológicos, han sufrido levantones, compañeros que han muerto en el desempeño de sus funciones, así como compañeros que han quedado incapacitados total y permanentemente, por esa razón creemos que estamos actuando con justicia nuestras prestaciones labores justas”, dijo un trabajador. 

Los trabajadores demandaron además de incremento en sus prestaciones, mayor equipamiento y la compra de material. Otro trabajador dijo que la exigencia principal es que las prestaciones, al igual que el aumento salarial sean incluidas en el presupuesto de la Fiscalía y que el Congreso local habrá de aprobar en los próximos días.

“El dejarnos fuera significaría que no nos toman en cuenta en nuestras peticiones, a pesar de que nosotros, todos los de la Fiscalía, peritos, ministeriales, agentes del ministerio público, somos los que iniciamos una carpeta de investigación, los que recogemos los indicios, los medios de prueba, y al final hasta el desarrollo de las pruebas en el proceso.

Creo es injusto que no se nos resuelve las demandas ni prestaciones económicas”, dijo. Los trabajadores dijeron que trabajan 24 horas sin que les respeten sus horarios laborales y acuden a lugares alejados donde ni si quiera existen accesos. 

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