Considera el Centro Morelos que hay retroceso en el respeto de los derechos humanos

No se incorporaron estándares internacionales sobre el uso de la fuerza pública, manifiesta


Chilpancingo, 22 de diciembre. El Centro de Defensa de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) lamentó la promulgación de la Ley de Seguridad Interna ante los oídos sordos de los legisladores y de Enrique Peña Nieto “ante las múltiples peticiones de rechazo”, pues consideró que se trata de un retroceso en el respeto de los derechos humanos. 

El Centro Morelos indicó que en la nueva ley los legisladores no incorporaron estándares internacionales sobre el uso de la fuerza pública. 

“El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, sin que se realizara ningún acto protocolario y apenas con una mención de Enrique Peña Nieto sobre su publicación en el marco de una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, concluyendo su proceso de promulgación plagado de irregularidades y con una fuerte falta de legitimidad por parte de la sociedad mexicana en general”. 

Agrega: “En su discurso Enrique Peña Nieto señaló que no emitiría Declaratoria de Protección de Seguridad Interior en los términos de esta ley hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizara un análisis sobre su constitucionalidad.

Sin embargo, también enfatizó que ese hecho no significaría que dejaría de haber intervención de la federación en materia de seguridad pública, con lo cual se expresó la voluntad política del Estado mexicano de no retirar a las fuerzas armadas de labores de seguridad pública”. 

El Centro Morelos expresó: “nuestra profunda indignación y lamentamos que los poderes legislativo y ejecutivo hicieran oídos sordos ante las múltiples peticiones de rechazo y que ahora pretenda imponerse un régimen de excepción con el falso argumento de la seguridad”. 

Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Centro Regional para la Defensa de los Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón”, Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad


Chilpancingo, Guerrero a 22 de diciembre.- Ayer fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, sin que se realizara ningún acto protocolario y apenas con una mención de Enrique Peña Nieto sobre su publicación en el marco de una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, concluyendo su proceso de promulgación plagado de irregularidades y con una fuerte falta de legitimidad por parte de la sociedad mexicana en general.

En su discurso Enrique Peña Nieto señaló que no emitirá Declaratoria de Protección de Seguridad Interior en los términos de esta ley hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis sobre su constitucionalidad. Sin embargo, también enfatizó que ese hecho no significaría que dejaría de haber intervención de la federación en materia de seguridad pública, con lo cual se expresó la voluntad política del Estado mexicano de no retirar a las fuerzas armadas de labores de seguridad pública.

Como organizaciones civiles de derechos humanos expresamos nuestra profunda indignación y lamentamos que los poderes legislativo y ejecutivo hicieran oídos sordos ante las múltiples peticiones de rechazo y que ahora pretenda imponerse un régimen de excepción con el falso argumento de la seguridad. La Ley de Seguridad Interior no ha incorporado los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza pública y muchos menos ha atendido aquéllos relacionados con el establecimiento de estados de excepción para garantizar los derechos humanos de la población, como la Observación General No. 29 del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Por ello, consideramos que la promulgación de la Ley representa un grave retroceso en materia de derechos humanos y refleja un claro rechazo del Estado mexicano a las recomendaciones que han hecho varios mecanismos de Naciones Unidas.

La amenaza para el respeto de los derechos humanos que representa esta ley es inminente, por lo que reiteramos nuestro rechazo y hacemos un llamado urgente para que nuestro máximo tribunal mexicano escuche a la sociedad civil y atienda debidamente el reclamo internacional de frenar esta legislación, declarando su inconstitucionalidad e inconvencionalidad.

Como centros de derechos humanos realizaremos un monitoreo constante sobre las violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército y seguiremos impulsando las acciones necesarias para que sea declarada inconstitucional.

Este órgano garante considera que el texto final del artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior, aprobado en días pasados por el Congreso de la Unión, no garantiza el cumplimiento del principio constitucional de máxima publicidad


El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) solicita respetuosamente al Presidente de la República, para que, en términos del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emita observaciones al artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior, a efecto de que se privilegie el principio de máxima publicidad.

Reconoce que si bien, el Senado de la República, sensible a la postura del Pleno, modificó la redacción original del artículo, el texto final, aprobado por las dos Cámaras, es contrario a dicho principio, ya que, por regla general, toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública y solo podrá reservarse temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, acreditando los extremos de la prueba de daño.

A la letra el artículo 9 dice “la información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables”.

Con tal redacción, el Instituto advierte que no se garantiza el derecho de acceso a la información, previsto en el artículo 6º de la Constitución, pues lejos de propugnar por la apertura de la información se privilegia la reserva de información.

El Pleno del INAI está convencido de que en toda norma y actuar del Estado debe privilegiarse siempre la transparencia y garantizarse el derecho de acceso a la información, lo cual no se consigue con el texto final aprobado del artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior.

Consistente con las observaciones hechas al Senado de la República, el Pleno de este órgano garante reitera su preocupación ahora al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que, conforme a sus competencias, observe la nueva ley, de manera concreta, el artículo 9, en favor de la prevalencia del principio constitucional de máxima publicidad.

La oportunidad es al ser promulgada o al ser aplicada, dice Roberto Castellanos

Se deben promover ante juzgados de distrito, a título individual o de manera colectiva, indica

Otras opciones son salir a las calles y acudir a tribunales internacionales, plantea el especialista


Zihuatanejo, 17 de diciembre. El especialista en derecho Roberto Castellanos informó que la recién aprobada Ley de Seguridad Interior puede ser impugnada en tribunales internacionales y con recursos como el amparo, lo que es un derecho de todos los mexicanos.

Entrevistado sobre las estrategias legales para derogar la Ley de Seguridad Interior, explicó que sí existen y una de ellas es el amparo.

“Hay dos momentos en los que se puede interponer un amparo contra las leyes, uno que es el momento en que se promulga, y que como ciudadano lo puede hacer si le afecta la ley, y es en el plazo de 15 días; y otro que es después de que ya venció el término y que ya le afectó la ley, como es que lo detenga el Ejército; en ese momento puede impugnarla”, explicó.

Precisó que a partir de que se promulga una ley hay 15 días para impugnarla y que, incluso, puede ser colectivo.

El amparo se debe interponer ante un juzgado de distrito, y puede ser como ciudadano u organizaciones, pero mientras más amparos haya es más efectivo, dijo.

Sobre si ya hay bufetes o asociaciones de abogados en Guerrero presentando recursos ante la controversial Ley de Seguridad Interior, ironizó que “precisamente la hicieron en estas fechas que la gente está distraída”.

Señala la misiva que es inconstitucional y aprobada al vapor


Chilpancingo, 16 de diciembre. Organizaciones sociales, colectivos y sociedad en general han enviado miles de cartas para poder frenar la Ley de Seguridad Interior que se aprobó en el Senado el viernes por la mañana. 

La carta enviada a los senadores de la República y que puede ser firmada por toda persona que esté en contra de la Ley, manifiesta que dicha Ley de Seguridad Interior “es inconstitucional”, pues el Congreso de la Unión no cuenta con facultad expresa para legislar sobre seguridad interior, en términos del artículo 73 de la Constitución. 

Además de que el artículo 21 establece que la seguridad pública estará a cargo de autoridades civiles. En la misiva también se propone que en vez de legalizar lo ilegal, se debe de hablar de un retiro programado de las Fuerzas Armadas y del fortalecimiento de las policías civiles a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública. “Como ciudadan@, me indigna y me preocupa que diputados y senadores aprueben una Ley de esta naturaleza al vapor y sin una adecuada discusión.

Tomen el tiempo que sea necesario para entender el problema que enfrentamos de fondo, queremos que nuestros diputados y senadores legislen con evidencia, no con presiones ni pasiones”, detalla el cuerpo de la carta. Además se argumenta que a lo largo de 10 años de guerra contra el narcotráfico no sólo se ha demostrado que “no se ha reducido la violencia, sino que ésta se ha recrudecido”. 

Como legisladores –agrega- tienen la responsabilidad de evitar que se vulneren los derechos de las y los mexicanos y no convertir al país en uno menos democrático. 

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