Demandan reunión con el gobernador y el alcalde porteño


Integrantes del Frente Nacional por la Liberación de los Pueblos, que forma parte del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), bloquearon la avenida Costera, a la altura de La Diana, para exigir al gobierno del estado la liberación de presos políticos.

Desde las 11 de la mañana de ayer, unas 35 personas bloquearon con lonas y cartulinas la principal avenida del puerto, para demandar la liberación de Marco Antonio Suástegui y su hermano, así como de los demás integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop) y los policías comunitarios que están presos tras el enfrentamiento en La Concepción.

Los manifestantes pidieron una reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores, para que atienda sus demandas, así como con el alcalde Evodio Velázquez Aguirre, para pedirle servicios públicos y la regularización de la colonia Los Dragos y otras.

En declaraciones, el líder del FNLP, Oger Morales Miranda indicó que en hay unos 40 presos políticos en el estado, más los 25 policías comunitarios e integrantes del Cecop.

Se registraron 8 asesinatos contra defensores de derechos, dice el Comité Cerezo

Es una forma de castigo por la actividad de defensa, y el perpetrador fue un agente de Estado, acusan


Chilpancingo, 6 de enero. Guerrero se mantiene como el estado con más ejecuciones extrajudiciales a nivel nacional; tan sólo el año pasado se registraron 8 asesinatos contra defensores de derechos humanos. 

De acuerdo al recuento que hace el Comité Cerezo sobre las ejecuciones extrajudiciales durante el año pasado, detalla que como nunca, el 2017 las cometidas por agentes de Estado en contra de defensores de derechos humanos, “presentan una cifra tan elevada”. 

A través del documento, se informó que durante el año 2017 se reportaron 48 ejecuciones en todo el país, todas hechas por motivos políticos. “Una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando y cuyo perpetrador fue un agente de Estado”, recriminó. 

El informe detalla que del número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales del año 2017 sobresalen los casos de periodistas, que suman 10; mientras que 18 fueron contra defensores de los derechos humanos, de los pueblos indígenas, al territorio, y a una vida digna. 

Asimismo, indica que previo al proceso electoral, se reportaron también cuatro víctimas que defendían el derecho humano a unas elecciones libres y democráticas. 

En este informe destaca que Guerrero, sigue siendo uno de los estados donde ocurren más casos de ejecuciones extrajudiciales, con 8 asesinatos contra defensores de derechos humanos. 

Comité Cerezo resaltó el caso de Ranferi Hernández Acevedo, luchador social, “quien debido a la represión contrainsurgente de los años noventa en Guerrero estuvo exiliado en Francia y quién fue asesinado junto con su familia a escasos 500 metros de un retén militar”. 

Jalisco, Michoacán y Oaxaca ocupan el segundo lugar con seis ejecuciones extrajudiciales cada uno y Veracruz con 5 ejecuciones se coloca en tercer lugar a nivel nacional. 

En el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, 6 mujeres fueron ejecutadas extrajudicialmente y 42 hombres, de los cuales uno era un menor de edad. 

En 2017, seis ejecuciones se hicieron contra periodistas; 18 contra defensores humanos, de los cuales seis defendían los pueblos indígenas, seis el territorio y los otros seis defendían una vida digna. Cuatro defensores asesinados pugnaban por unas elecciones libres y democráticas; tres defensores de la justicia; tres, la protesta social y, tres más, los derechos laborales. Además se ejecutaron a dos defensores del medio ambiente; dos defensores de los derechos humanos; dos defensores de la educación y, uno, de la vivienda digna. 

Considera el Centro Morelos que hay retroceso en el respeto de los derechos humanos

No se incorporaron estándares internacionales sobre el uso de la fuerza pública, manifiesta


Chilpancingo, 22 de diciembre. El Centro de Defensa de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) lamentó la promulgación de la Ley de Seguridad Interna ante los oídos sordos de los legisladores y de Enrique Peña Nieto “ante las múltiples peticiones de rechazo”, pues consideró que se trata de un retroceso en el respeto de los derechos humanos. 

El Centro Morelos indicó que en la nueva ley los legisladores no incorporaron estándares internacionales sobre el uso de la fuerza pública. 

“El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, sin que se realizara ningún acto protocolario y apenas con una mención de Enrique Peña Nieto sobre su publicación en el marco de una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, concluyendo su proceso de promulgación plagado de irregularidades y con una fuerte falta de legitimidad por parte de la sociedad mexicana en general”. 

Agrega: “En su discurso Enrique Peña Nieto señaló que no emitiría Declaratoria de Protección de Seguridad Interior en los términos de esta ley hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizara un análisis sobre su constitucionalidad.

Sin embargo, también enfatizó que ese hecho no significaría que dejaría de haber intervención de la federación en materia de seguridad pública, con lo cual se expresó la voluntad política del Estado mexicano de no retirar a las fuerzas armadas de labores de seguridad pública”. 

El Centro Morelos expresó: “nuestra profunda indignación y lamentamos que los poderes legislativo y ejecutivo hicieran oídos sordos ante las múltiples peticiones de rechazo y que ahora pretenda imponerse un régimen de excepción con el falso argumento de la seguridad”. 

El día 26 concluirán con una movilización en la capital del país


La organización internacional de derechos humanos Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), la normal rural de Ayotzinapa, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, y los padres de los normalistas desaparecidos, iniciaron ayer una serie de actividades para exigir justicia en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que este 26 de diciembre cumplirán 39 meses ausentes.

Las actividades fueron nombradas Demos posada a los 43, constituyen la XXXIX Acción Global por Ayotzinapa y México, se realizarán todos los días hasta concluir esa fecha con una movilización en la capital del país, y consistirán en la tradicional posada navideña con un sentido de protesta y reclamo social por la desaparición de los jóvenes normalistas.

“Este 26 de diciembre se cumplen 39 meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Las madres y los padres convocan a que los acompañen a las posadas el 21, 22 y 23 de diciembre en diferentes comunidades y barrios de la Ciudad de México como parte de las actividades para exigir la aparición de sus hijos y justicia”, señala la convocatoria.

La primera posada se llevó a cabo ayer en la calle España, 414 de la colonia Granjas Estrella a las 17 horas; hoy partirá desde la parroquia de la Resurrección hacia Plantón en avenida Aztecas 215, los Reyes, Coyoacán a las 17 horas; al mismo tiempo otra partirá de la parroquia de San Pedro Mártir Enseñanza esquina Laurel, en Pueblo San Pedro Mártir a las 19 horas; y mañana habrá una marcha con antorchas del hemiciclo a Juárez al Antimonumento +43 por los normalistas desaparecidos, a las 17 horas.

El 26 de diciembre, cuando se cumplen 39 meses de la desaparición de los normalistas, se realizará una marcha-procesión a las 12 del día, que partirá de la avenida Misterios a la Basílica de Guadalupe. Posteriormente, a las 4 de la tarde del mismo día, se llevará a cabo una misa por la presentación con vida de los 43 normalistas en la Basílica.

La noche del 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa fueron atacados a balazos por policías estatales de Iguala, Cocula y Huitzuco, con saldo de 43 estudiantes desaparecidos, al menos nueve personas asesinadas y 27 heridos, en un episodio que sigue sin ser resuelto.

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