El párroco de la iglesia de San Pedro Apóstol, San Pedro Cacahuatepec, Javier Alonso Mendoza, señaló que ha sido difícil encontrar caminos de reconciliación entre pobladores de los bienes comunales de Cacahuatepec, tras los hechos ocurridos en el poblado de La Concepción, en la zona rural de Acapulco, en que murieron 11 personas el pasado 7 de enero, cinco de ellas policías comunitarios. 

La mañana de este domingo, pobladores de diversas comunidades de Cacahuatepec, principalmente familiares de las seis personas fallecidas durante el aparente enfrentamiento a balazos suscitado con policías comunitarios, durante la madrugada del 7 de enero, participaron en una peregrinación por la paz, la cual inició en la comunidad de Aguacaliente, y culminó en La Concepción, con una celebración eucarística en la cancha techada de esta localidad. 

Al frente del contingente, pobladores portaban una pancarta en la pedían que el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, no sea liberado, en la que se leía: “Por la paz, que nadie proteja a asesinos, Marco Suástegui y sus cómplices ¡Castigo ejemplar!”. 

Si las autoridades fallan, la gente trata de hacer justicia por propia mano, expone

En vez de desarmar a las autodefensas, hay que quitarles la razón de ser, dice el aspirante a alcalde


Ometepec, 13 de enero. Rubén Figueroa Smutny dijo que el tema principal que ve como aspirante a la alcaldía porteña por el partido de Nueva Alianza es la inseguridad, y para ello tiene propuestas claras de cómo atacar el problema de “altísimos niveles de inseguridad y delincuencia”. 

Mencionó que lo que pasó en La Concepción en los Bienes Comunales de Cacahuatepec es el resultado de que el gobierno estatal y municipal no están cumpliendo con brindarle seguridad a la gente, “cuando el gobierno no cumple, la gente queda indefensa y lo que hace es tratar de dar justicia por propia mano, porque se sienten indefensos ante los delincuentes”, expuso. 

Y prosiguió “yo no creo que usando el ejército para desarmar a los grupos de autodefensa sea el camino, lo que hay que buscar es quitarle la razón de ser”, y ello se consigue si el gobierno de Evodio Velázquez y el de Héctor Astudillo Flores cumplen su responsabilidad de seguridad pública, y los policías comunitarios regresen a sus actividades cotidianas y dejen de hacer la labor de policías, en la que no están capacitados, “y ni tienen mucho interés en hacerlo, lo hacen porque no hay de otra”, dijo. 

Luego de una reunión que sostuvo en el municipio de Marquelia, explicó que el “gravísimo problema” del presidente municipal de Acapulco, Evodio Velázquez, es que al inicio de su administración junto con el cabildo firmaron el convenio del Mando Único, que le da facultades al gobierno estatal y federal, “para hacer las labores de seguridad pública y quitarle facultades al alcalde en ese tema, de hecho al secretario de Seguridad Pública ni siquiera lo nombró el alcalde, lo nombró el gobierno federal con la anuencia del gobierno del estado, a él simplemente le avisaron quien iba a ser, entonces, a quien le obedece no es a él, le obedece a quienes lo pusieron”, remarcó. 

El Centro documentó torturas y tratos crueles para detenidos


El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan denunció que personal de la Fiscalía General del Estado hizo maniobras para obstaculizar la defensa de los comuneros de La Concepción detenidos durante el operativo del 7 de enero pasado. 

El organismo defensor de derechos humanos, que ha asumido la defensa legal de los policías comunitarios y miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota que están en estos momentos detenidos por la Fiscalía, señaló que “la actuación parcial e irregular del Estado” en el tema de la hidroeléctrica dio pauta al conflicto intracomunitario “para después incursionar de manera extremadamente violenta utilizando las fuerzas policiales en un operativo letal y violatorio de los derechos humanos”. 

Tlachinollan informó que las autoridades “no están actuando de buena fe” y relató que desde el principio fue difícil establecer cuántas personas estaban detenidas pues primero se dio una versión oficial de que eran 30, luego se aumentó a 38, luego, el 9 de enero, a los abogados defensores se les informó que eran 21 y luego el Centro de Derechos Humanos encontró que eran 25. 

“La falta de certeza en la información era grave porque, de acuerdo con pobladores de las comunidades, había personas de las que no se conocía su paradero y, posteriormente se tuvo conocimiento que dos de los tres policías comunitarios ejecutados en el segundo enfrentamiento fueron detenidos y posteriormente ejecutados”, señaló. 

Autodefensas, organizaciones, indígenas y magisterio exigen esclarecer los hechos

Acusan al Ejército y Policía Estatal de usar la fuerza bruta y la violación de derechos humanos

Es la primera acción de fuerza que da la nueva Ley de Seguridad Interior aprobada, suponen


Tlapa, 12 de enero. Policías comunitarios de los municipios de Alpoyeca, Huamuxtitlan, Olinalá y Tlapa, marcharon junto con organizaciones sociales, indígenas y magisteriales para exigir al gobierno del estado y federal la liberación de los 38 policías comunitarios de La Concepción el pasado 7 de enero.

Un contingente de mas de cien personas encabezado por las policías comunitarias de Olinalá, Alpoyeca, Huamuxtitlan y Tlapa, y seguidos por integrantes de organizaciones sociales, indígenas y magisteriales, comenzaron su movilización en el puente de la salida norte de la ciudad hacia el centro de la ciudad.

La actividad de protesta, la cual se realizó en diferentes puntos del estado de Guerrero, se efectuó para exigir la liberación de los 38 presos de la Crac de la policía comunitaria de La Concepción, los cuales fueron detenidos el pasado 7 de enero tras los hechos violentos.

Las policías comunitarias recriminaron la acción violenta que realizó el gobierno del estado en contra de la comunidad de La Concepción, en donde se actuó violentando los derechos humanos de la población, además de la fuerza brutal por parte del ejército y la policía del estado.

Sólo indaga sobre los del bando del comisario: Vidulfo Rosales


El abogado del centro de derechos humanos La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, denunció que la Fiscalía no está integrando ninguna carpeta de investigación por los cinco policías que murieron acribillados el domingo, y solo hace investigación por los seis muertos del bando del comisario. 

En entrevista, señaló que solo había 13 policías comunitarias en la casa de justicia de la CRAC, y son 25 los detenidos por las fuerzas de seguridad que en su mayoría eran personas de la tercera edad y miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota, gente que había llegado a saber que había habido muertos en el enfrentamiento de la madrugada y que no tenían nada que ver. 

Indicó que de los que están rindiendo declaración y que fueron detenidos, son tres de la tercera edad, de 70 años para arriba y que ocho fueron severamente torturados, incluso hay dos que estaban en reeducación por drogas y otros delitos. 

Ni Marco Antonio ni su hermano estuvieron en los primeros hechos Rosales Sierra señaló que ni Marco Antonio Suástegui ni su hermano Vicente estuvieron presentes en el lugar de los hechos cuando ocurrió el enfrentamiento de la madrugada, ya que él se encontraba con su familia en Parotillas, y le avisaron lo que había pasado. 

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