Si las autoridades fallan, la gente trata de hacer justicia por propia mano, expone

En vez de desarmar a las autodefensas, hay que quitarles la razón de ser, dice el aspirante a alcalde


Ometepec, 13 de enero. Rubén Figueroa Smutny dijo que el tema principal que ve como aspirante a la alcaldía porteña por el partido de Nueva Alianza es la inseguridad, y para ello tiene propuestas claras de cómo atacar el problema de “altísimos niveles de inseguridad y delincuencia”. 

Mencionó que lo que pasó en La Concepción en los Bienes Comunales de Cacahuatepec es el resultado de que el gobierno estatal y municipal no están cumpliendo con brindarle seguridad a la gente, “cuando el gobierno no cumple, la gente queda indefensa y lo que hace es tratar de dar justicia por propia mano, porque se sienten indefensos ante los delincuentes”, expuso. 

Y prosiguió “yo no creo que usando el ejército para desarmar a los grupos de autodefensa sea el camino, lo que hay que buscar es quitarle la razón de ser”, y ello se consigue si el gobierno de Evodio Velázquez y el de Héctor Astudillo Flores cumplen su responsabilidad de seguridad pública, y los policías comunitarios regresen a sus actividades cotidianas y dejen de hacer la labor de policías, en la que no están capacitados, “y ni tienen mucho interés en hacerlo, lo hacen porque no hay de otra”, dijo. 

Luego de una reunión que sostuvo en el municipio de Marquelia, explicó que el “gravísimo problema” del presidente municipal de Acapulco, Evodio Velázquez, es que al inicio de su administración junto con el cabildo firmaron el convenio del Mando Único, que le da facultades al gobierno estatal y federal, “para hacer las labores de seguridad pública y quitarle facultades al alcalde en ese tema, de hecho al secretario de Seguridad Pública ni siquiera lo nombró el alcalde, lo nombró el gobierno federal con la anuencia del gobierno del estado, a él simplemente le avisaron quien iba a ser, entonces, a quien le obedece no es a él, le obedece a quienes lo pusieron”, remarcó. 

El Centro documentó torturas y tratos crueles para detenidos


El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan denunció que personal de la Fiscalía General del Estado hizo maniobras para obstaculizar la defensa de los comuneros de La Concepción detenidos durante el operativo del 7 de enero pasado. 

El organismo defensor de derechos humanos, que ha asumido la defensa legal de los policías comunitarios y miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota que están en estos momentos detenidos por la Fiscalía, señaló que “la actuación parcial e irregular del Estado” en el tema de la hidroeléctrica dio pauta al conflicto intracomunitario “para después incursionar de manera extremadamente violenta utilizando las fuerzas policiales en un operativo letal y violatorio de los derechos humanos”. 

Tlachinollan informó que las autoridades “no están actuando de buena fe” y relató que desde el principio fue difícil establecer cuántas personas estaban detenidas pues primero se dio una versión oficial de que eran 30, luego se aumentó a 38, luego, el 9 de enero, a los abogados defensores se les informó que eran 21 y luego el Centro de Derechos Humanos encontró que eran 25. 

“La falta de certeza en la información era grave porque, de acuerdo con pobladores de las comunidades, había personas de las que no se conocía su paradero y, posteriormente se tuvo conocimiento que dos de los tres policías comunitarios ejecutados en el segundo enfrentamiento fueron detenidos y posteriormente ejecutados”, señaló. 

Autodefensas, organizaciones, indígenas y magisterio exigen esclarecer los hechos

Acusan al Ejército y Policía Estatal de usar la fuerza bruta y la violación de derechos humanos

Es la primera acción de fuerza que da la nueva Ley de Seguridad Interior aprobada, suponen


Tlapa, 12 de enero. Policías comunitarios de los municipios de Alpoyeca, Huamuxtitlan, Olinalá y Tlapa, marcharon junto con organizaciones sociales, indígenas y magisteriales para exigir al gobierno del estado y federal la liberación de los 38 policías comunitarios de La Concepción el pasado 7 de enero.

Un contingente de mas de cien personas encabezado por las policías comunitarias de Olinalá, Alpoyeca, Huamuxtitlan y Tlapa, y seguidos por integrantes de organizaciones sociales, indígenas y magisteriales, comenzaron su movilización en el puente de la salida norte de la ciudad hacia el centro de la ciudad.

La actividad de protesta, la cual se realizó en diferentes puntos del estado de Guerrero, se efectuó para exigir la liberación de los 38 presos de la Crac de la policía comunitaria de La Concepción, los cuales fueron detenidos el pasado 7 de enero tras los hechos violentos.

Las policías comunitarias recriminaron la acción violenta que realizó el gobierno del estado en contra de la comunidad de La Concepción, en donde se actuó violentando los derechos humanos de la población, además de la fuerza brutal por parte del ejército y la policía del estado.

Sólo indaga sobre los del bando del comisario: Vidulfo Rosales


El abogado del centro de derechos humanos La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, denunció que la Fiscalía no está integrando ninguna carpeta de investigación por los cinco policías que murieron acribillados el domingo, y solo hace investigación por los seis muertos del bando del comisario. 

En entrevista, señaló que solo había 13 policías comunitarias en la casa de justicia de la CRAC, y son 25 los detenidos por las fuerzas de seguridad que en su mayoría eran personas de la tercera edad y miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota, gente que había llegado a saber que había habido muertos en el enfrentamiento de la madrugada y que no tenían nada que ver. 

Indicó que de los que están rindiendo declaración y que fueron detenidos, son tres de la tercera edad, de 70 años para arriba y que ocho fueron severamente torturados, incluso hay dos que estaban en reeducación por drogas y otros delitos. 

Ni Marco Antonio ni su hermano estuvieron en los primeros hechos Rosales Sierra señaló que ni Marco Antonio Suástegui ni su hermano Vicente estuvieron presentes en el lugar de los hechos cuando ocurrió el enfrentamiento de la madrugada, ya que él se encontraba con su familia en Parotillas, y le avisaron lo que había pasado. 

Anuncia el alcalde que habrá más cambios en su gabinete


El alcalde Evodio Velázquez Aguirre señaló que es necesaria la regularización de las policías comunitarias en Guerrero, porque estas no deben operar en lugares turísticos como Acapulco. Celebró que efectivos del Ejército hayan desarmado a un grupo de presuntos policías comunitarios en la localidad de La Concepción, luego del enfrentamiento ocurrido la madrugada del domingo.

“Qué bueno que hoy se toma una determinación frontal para poder ya ponerle fin a la presencia de policías que se avalan con la ley local y que eso de ninguna manera puede permitirse en una ciudad turística como Acapulco”. 

Remarcó que es importante la decisión del Grupo de Coordinación Guerrero de desarmar a los comunitarios, y que su gobierno seguirá colaborando en la regularización de estas policías que, dijo, se amparan en la ley 701. 

“Hoy tiene que regularse, no puede quedar con ambigüedad el cómo interpretas la ley local, esta habla de cómo las comunidades indígenas pueden organizarse para tener una Policía Comunitaria, como desde hace muchos años han existido en Ayutla, San Luis Acatlán, la Costa Chica y La Montaña, y no han ocasionado problemas mayúsculos”. 

Aseveró que “los problemas mayúsculos se dan cuando las Policías Comunitarias se quieren extender incluso a lugares turísticos como el caso de Acapulco, es una aberración y no podemos permitir que se violente la ley en ese sentido”. 

Al preguntarle qué se hará para evitar más enfrentamientos, reiteró que deben regularizarse estos grupos, ya que “la lucha de poder entre dos organizaciones de comunitarios generó un enfrentamiento que tarde que temprano se tenía que dar como se dio en esta pasada madrugada”. 

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