Ciudad de México. La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó con 18 votos a favor y 13 en contra el dictamen por el cual se crea la “Ley de Seguridad Interior”. El ordenamiento permitirá a las Fuerzas Armadas Federales (Ejercito y Marina) actuar contra la delincuencia de manera permanente, y al Ejecutivo federal emitir la declaratoria de Seguridad Interior en determinadas zonas geográficas.

A la par, la Junta de Coordinación Política en San lázaro envió a la presidencia cameral una solicitud para que incluya en el orden del día de la sesión de este jueves el dictamen de Seguridad Interior. Con esto los diputados aprobarán hoy la nueva ley.

A pesar de los argumentos en contra del ordenamiento, esgrimidos esta mañana en la sesión de la Comisión de Gobernación, por parte de diputados del PAN, Morena, PRD y Movimiento Ciudadano, se impuso, a la hora de la votación del documento, la mayoría que integró el PRI, Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social. A ellos se les sumó la panista Claudia Sánchez, quien avaló el documento.

Los argumentos de la oposición, para controvertir el dictamen de ley fueron insuficientes, no les alcanzó. Tampoco les alcanzó en número para echar abajo el texto. Panistas, morenistas, perredistas y Movimiento Ciudadano expusieron que se podía estar cometiendo “una de las irresponsabilidades históricas en el proceso de construir instituciones sólidas; no se regula la Seguridad Interior, está hecha a la medida en términos de la intervención, en Seguridad Pública, de las Fuerzas Armadas; mejor reconozcamos que estamos en guerra ¿Vivimos en paz?, o reconozcamos que estamos en guerra”, argumentaron.

Aún así, el procedimiento mantuvo la tendencia aprobatoria. Pragmáticos los priistas, y sus aliados, los verdes, Nueva Alianza y Encuentro Social – más la panista Claudia Sánchez-, aprobaron el dictamen que será enviado en el transcurso de las próximas horas a la mesa directiva, para que hoy mismo se apruebe en el pleno. La tendencia aprobatoria es inminente, porque en el salón de sesiones el PRI logrará conjuntar el 50 más uno por ciento de los votos totales, que se requieren para aprobar la reforma, pues al no ser constitucional, se requiere de mayoría simple.

La aprobación se contrapone a las demandas de las Organizaciones No Gubernamentales, que han reclamado que la ley en cuestión atentaría contra la Constitución, contraviniendo tratados internacionales. También reclaman un plan de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad, y el fortalecimiento de las policías en todos los niveles de gobierno.

En este escenario de reclamos y criticas, la presidenta de la Comisión de Gobernación, la tamaulipeca Paloma Guillén (PRI), consiguió que su dictamen fuese aprobado, con el respaldo de las fuerzas políticas con las que opera el PRI en la Cámara de Diputados.

Fuente: La Jornada

 

Legalizar la presencia militar en las calles desgastará a las fuerzas armadas, dicen


Organizaciones de derechos humanos se manifestaron contra la Ley de Seguridad Interior que debe discutir y votar mañana la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y advirtieron que, más que una serie de reformas, se requiere cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y retirar de manera paulatina al Ejército y a la Marina de las labores de seguridad. 

De lo contrario, según un posicionamiento fijado por más de un centenar de organizaciones, sólo se contribuirá al desgaste de estas dos instituciones, lo cual “perpetuará la grave crisis institucional por la que atravesamos”. 

Entre las organizaciones firmantes se encuentran la Afadem- Fedefam, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (Anad), el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fundación Diego Lucero y Mexicanos Primero, entre muchas otras. 

“Seguir dependiendo de las Fuerzas Armadas no va a fortalecer nuestras instituciones de seguridad pública; coadyuvará al desgaste de dos de las instituciones más importantes del país: el Ejército y la Marina; perpetuará la grave crisis institucional por la que atravesamos, y sólo contribuirá a que la Federación y los estados sigan incumpliendo con lo estipulado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Sidepol y los acuerdos del Consejo Nacional”, señala el posicionamiento. 

En vez de legislar para perpetuar la presencia de las Fuerzas Armadas por todo el territorio nacional, las organizaciones hicieron una propuesta de cinco puntos. 

En principio, está el respeto irrestricto al marco jurídico constitucional e internacional; la adopción de medidas excepcionales sólo a partir de mecanismos ya previstos, es decir, en este caso, que el despliegue extraordinario del Ejército sólo se haga con base en el artículo 29 constitucional; establecer un plan de fortalecimiento de las policías en todos los niveles de gobierno, con normas y entrenamientos basados en la legalidad proporcionada y sólo cuando haya una absoluta necesidad, y legislar sobre el uso de la fuerza; como cuarto punto: reformar las policías, pero también a las procuradurías, fortalecer al Poder Judicial y atender la crisis penitenciaria; y por último, cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas sobre este tema y el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad. 

La anulación evitará que funcionarios impugnen recomendaciones de la Coddehum

Se protegen las garantías de víctimas y se fortalece la autonomía de la dependencia, dice diputado

Se armoniza la legislación local con los criterios internacionales y las reformas constitucionales


Chilpancingo, 21 de noviembre. El pleno del Congreso derogó tres artículos de la Ley 696 de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.

El diputado Silvano Blanco Deaquino informó que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Guerrero, Ramón Navarrete Magdaleno, así como los consejeros Nancy Bravo Gómez, Manuel García Guatemala, Víctor Manuel Castrejón Huicochea y el secretario Técnico, Ángel Miguel Sebastián Ríos, entregaron al Congreso del Estado una propuesta para derogar los artículos 100, 101 y 102 de la Ley 696 de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.

Con la iniciativa se solicitó derogar dichos artículos pues daba oportunidad al servidor público, señalado como responsable de violaciones a derechos humanos, de impugnar las recomendaciones emitidas por el Organismo Estatal de los derechos humanos.

Se argumentó que al derogar dichos artículos se protegen los derechos humanos de las víctimas además de que se fortalecen las atribuciones, independencia y la autonomía de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Blanco Deaquino detalló que la comisión dictaminadora acordó procedente dicha iniciativa, toda vez que se armoniza el marco normativo local a los criterios internacionales y a las reformas Constitucionales, se garantiza el respeto y protección plena de los derechos humanos.

Al respecto, el diputado Ricardo Mejía Berdeja se pronunció a favor de eliminar estos artículos de la ley, pues los consideró como algo “absurdo y anacrónico”, pues las recomendaciones de la CEDH sólo son resoluciones de carácter moral y no jurídicas.

El pasado 31 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que precisa aspectos relevantes relacionados con la publicidad oculta en los programas y los derechos de las audiencias.

En concreto, son de gran interés las reformas al artículo 256, el cual establece que el servicio público de radiodifusión de interés general deberá prestarse en condiciones de competencia y calidad, a efecto de satisfacer los derechos de las audiencias, para lo cual, por medio de sus transmisiones brindará los beneficios de la cultura preservando la pluralidad y la veracidad de la información, además de fomentar los valores de la identidad nacional.

Entre los derechos de las audiencias previstos en ese artículo, refiere ahora la fracción IV tras la reforma que los concesionarios deben abstenerse de transmitir publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa. Se entenderá que se transmite publicidad o propaganda como información periodística o noticiosa cuando un concesionario inserta dentro de su programación informativa un análisis o comentario editorial cuyo tiempo de transmisión ha sido contratado por un anunciante, sin que tal circunstancia se haga del conocimiento de la audiencia.

Esto es una conducta habitual de los medios de comunicación, que presentan publicidad encubierta u oculta en sus contenidos, lo que al final resulta un engaño a la audiencia. Esto debe evitarse a partir de ahora.

La Ley General Víctimas publicada en 2013 prevé una compleja estructura institucional destinada a brindar atención y garantizar los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos. Entre los derechos de las víctimas se cuenta la compensación, como parte de la reparación integral, que es la erogación económica que ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos. 

En términos del artículo 64 de esa ley, la compensación incluirá resarcimiento por, como mínimo, la reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima; la reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la reparación integral; el resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante, incluyendo el pago de los salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones se cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión; la pérdida de oportunidades, en particular las de educación y prestaciones sociales; los daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o violaciones a derechos; el pago de los gastos y costas judiciales del asesor jurídico cuando éste sea privado; el pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que, como consecuencia del delito o de la violación a los derechos humanos, sean necesarios para la recuperación de la salud psíquica y física; y los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que le ocasione trasladarse al lugar del juicio o para asistir a su tratamiento. 

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