Ante lamentable decisión de tribunal en caso Ayotzinapa, la SCJN deberá pronunciarse en definitiva sobre creación de Comisión de Investigación: Tlachinollan


México D.F. a 18 de julio.- El día de hoy, el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial, a cargo del Magistrado Sabino Pérez García y con sede en Reynosa, Tamaulipas, publicó un acuerdo mediante el cual considera “fundado el incidente de imposibilidad jurídica promovido por la Procuraduría General de la República” en contra de la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del mismo Circuito judicial, que había ordenado la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad (Caso Ayotzinapa), como mecanismo extraordinario para investigar el paradero de los estudiantes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

Esta resolución es consecuencia de una acción inédita del gobierno de Enrique Peña Nieto al interponer más de 100 recursos y escritos jurídicos presentados por la Presidencia de la República, la Consejería Jurídica, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Policía Federal e incluso la Cámara de Diputados. Es decir, toda la fuerza del Estado se volcó, no a la búsqueda de los desaparecidos, sino al combate de una sentencia innovadora de un tribunal que asumió a cabalidad su rol de contrapeso democrático.

Envía el Centro de Derechos Humanos José María Morelos carta a los legisladores

El organismo manifiesta preocupación por la “falta de sensibilidad humana” de los representantes

“Están muy lejos de representar en los hechos al pueblo, y sólo tratan de sacar provecho”, acusa


Chilpancingo, 14 de enero. Para los colectivos de familiares de desaparecidos, es preocupante la falta de sensibilidad de los diputados locales que buscan negociar el retiro de la fiscal especial en materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas. 

En una carta dirigida a los diputados de la 61 Legislatura, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón manifiesta su preocupación “por su falta de sensibilidad humana” al ser omisos o tomar decisiones a conveniencia, “en base al cálculo político o al interés personal”. 

Reclamaron que en el Congreso del estado haya diputados que pretendan negociar entre las fracciones parlamentarias el retiro de la propuesta de Guadalupe Rendón Ramírez como fiscal especial a cambio de aprobar la propuesta de Antonio Sebastián Ortuño. 

Son “negociaciones que no toman en cuenta la voz de las familias de desaparecidos que han manifestado su inconformidad por los resultados nulos que han obtenido por parte de esta servidora pública que actualmente se encuentra en la Fiscalía General”, reclamaron. 

Primero chocan comunitarios y civiles; más tarde, policías abaten a tres de la Crac

Al final de la operación, agentes ministeriales detienen al líder del Cecop, Marco Antonio Suástegui

Había orden de aprehensión contra el dirigente opositor a La Parota, dice el fiscal en conferencia


Dos enfrentamientos armados en los que participaron civiles, comunitarios de la Crac y policías, dejaron 11 muertos este domingo en Cacahuatepec.

Por la madrugada, policías comunitarios y civiles armados afines al comisario de La Concepción, Florentino Melchor, se enfrentaron a balazos y en la refriega murieron dos comunitarios y seis de los civiles.

Este conflicto comenzó el fin de año pasado, cuando los comunitarios detuvieron a un presunto sicario que se identificó con tres nombres y que declaró haber sido contratado para asesinarlo al vocero del movimiento opositor a La Parota, Marco Antonio Suástegui Muñoz, y a otras dos personas.

El viernes, relató el dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), Suástegui Muñoz, los comunitarios detuvieron a quien, según el primer detenido, había contratado sus servicios, que resultó ser el comisario suplente, Cecilio Morales Marcos.

Ese mismo viernes, Florentino Melchor se presentó en la Casa de Justicia de la Policía Comunitaria para exigir la liberación del suplente, y hubo jaloneo verbal, pero no pasó a mayores.

A las 3 de la madrugada del domingo, relató Suástegui Muñoz, en el contexto de la feria patronal que se celebra estos días, un muchacho simpatizante del comisario, llamado José Ángel Morales Navidad, se presentó en la casa policial y, para burlarse de los comunitarios, empezó a orinar enfrente de la comisaría.

Los policías lo detuvieron, pero él se escapó y corrió hacia la comisaría, que se ubica a unos metros de la comandancia de la comunitaria y donde hasta un poco antes estaban el comisario –que se acababa de retirar– y sus compañeros.

Los policías, dijo Suástegui, fueron tras el joven, pero fueron recibidos a balazos. Uno de ellos cayó muerto, abatido por la espalda al intentar retirarse. Empezó el intercambio de disparos, y otro comunitario cayó. Del bando contrario, al final de la refriega, resultaron seis muertos, entre ellos un hermano del comisario y su sobrino de 16 años.

Equipara a las víctimas del crimen organizado con las del régimen de su padre

Lo ocurrido en el vado fue “una emboscada de la policía”, le contesta otro usuario de Twitter


El ex diputado local y federal Rubén Figueroa Smutny retó a usuarios de la red social Twitter a debatir qué es peor: los 6 mil asesinatos ocurridos durante el gobierno de Héctor Astudillo por la violencia o los 17 campesinos de Aguas Blancas que mató el gobierno de su padre, Rubén Figueroa Alcocer.

La discusión surgió a raíz de comentarios hechos por usuarios de esa red ante una nota publicada por el portal de noticias La Plaza, en la que se da cuenta de que el aspirante del Partido Nueva Alianza (Panal) a la alcaldía porteña se ufana de que el gobierno de su padre sólo mató a 17.

Aunque la nota en cuestión fue publicada el 6 de diciembre, la discusión ocurrió el 25 de diciembre, cuando al parecer el aspirante leyó la nota y escribió un tuit: “siguen con el tema aguas blancas?? nada nuevo. lo mismo de siempre (se respetó la grafía original)”.

La nota daba cuenta de otra publicación de Figueroa Smutny, en Facebook, donde este se ufana de que en el gobierno de su padre sólo fueron asesinados (por policías estatales) 17 campesinos en la matanza de Aguas Blancas, que en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero sólo fueron desaparecidos 43 normalistas (por las policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, con el apoyo de las policías estatal y federal y la omisión del Ejército), mientras que en el gobierno de Astudillo Flores ya son 6 mil asesinados (por delincuentes).

Seguramente en las altas esferas políticas, empresariales, gubernamentales y otras, tienen suficientes razones para festejar y aplaudir los resultados del quinto año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pero acá entre los estratos bajos de la sociedad, entre los de a pie, donde se mueven los que casi nada poseen y menos han recibido, no son pocas las que tienen para mostrar su rechazo y cuestionarlo.

Así, padres de familia de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa  desparecidos hace 35 meses, levantan la mano entre los agraviados del actual régimen federal; por lo tanto, ayer, junto con maestros cetegistas, estudiantes de la normal rural y representaciones de organizaciones sociales, marcharon en Chilpancingo y bloquearon la autopista del Sol en rechazo al informe presidencial que se entregó ayer al Congreso de la Unión.

Recriminaron que “son miles de desaparecidos, despojos de tierras, miles de ejecutados, miles de mexicanos sumidos en la pobreza. Y preguntaban acto seguido: ¿esas son las cifras que informará el Presidente?”. Incluirá Peña Nieto las respuestas que esperan los ciudadanos afectados.

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