La recta final

Abr 20, 2018

Vencido el plazo para registrar a sus candidatos, los partidos políticos han presentado sus listas de quienes consideran sus elementos más adecuados para ocupar posiciones en la Presidencia de la República, gubernaturas, Congreso de la Unión, alcaldías y diputaciones locales.

En el trabajo selectivo hecho hasta este jueves han participado fundamentalmente los partidos políticos; han sido ellos los que han escogido supuestamente a sus mejores elementos.

La batalla se dio a nivel interno, y es a partir de ayer que los candidatos despliegan sus actividades correspondientes a sus campañas para convencer a los electores a efecto de que voten por ellos el 1º de julio en la jornada de votaciones.

Si bien la sociedad expresó respaldo y rechazo a los aspirantes, según el caso, durante el trabajo interno de los institutos políticos, bien puede considerarse un desgaste inútil, pues los ciudadanos pretendían influir en la decisión de las dirigencias y bases de los partidos.

La andanada de críticas a los aspirantes eran, pues, tiros disparados al aire que se perdían sin efecto alguno porque los que estaban metidos en el proceso de selección eran los partidos.

Abismal diferencia entre lo que es y lo que debe ser, suele existir en la vida cotidiana, en la que debiendo unos hacer respetar la ley nada hacen, pero muy puntuales están a echarse encima contra quienes, en el ánimo de hacer el bien, actúan así sea al margen de la legalidad.

De ninguna manera deberá interpretarse lo anterior como un apoyo al titular de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, quien osó entrevistarse, según su propio decir, con algún cabecilla del narco para abogar en beneficio de una comunidad y de la vida política de la entidad, pero tampoco es aplaudir al secretario general del gobierno estatal, Florencio Salazar Adame, quien listo ha estado a cuestionar el comportamiento del prelado, pero nada hace porque sean sometidos al imperio de la ley aquellos que, disfrutando de total impunidad, atan y desatan perpetrando fechorías en la entidad como si no hubiera autoridad.

Si la autoridad es tan celosa del respeto a la ley, desde hace rato ya hubiera detenido y sometido a proceso jurídico a los autores de tantos asesinatos dolosos, pero lejos de ello se concreta a lamentar el derramamiento de sangre y a justificarse declarando públicamente que hace el mejor esfuerzo en el combate a la violencia, cuando los guerrerenses lo que desean son resultados que se traduzcan en tranquilidad y paz.

Si hubiera respeto por la ley, desde hace meses la autoridad hubiera actuado contra el obispo Rangel, pero como no existe está imposibilitada para someter lo mismo al sacerdote que a los autores de las masacres, permitiendo que continúe el caos y la aplicación de la ley, sí, pero la ley de la selva, donde el que lleva la batuta es el más poderoso.

Salazar Adame expone que en varias ocasiones el gobierno ha platicado con Rangel haciéndole ver que meterse con el narcotráfico es un asunto muy delicado y riesgoso para el clérigo, a lo que el prelado contesta que con sus discursos el gobierno nada logra ni logrará.

La propuesta de elevar a rango de ley el programa de fertilizante subsidiado que se reparte a los campesinos del estado tiene méritos en sí misma, independientemente de su origen partidista y de quién esté haciéndola.

La propuesta es pertinente y necesaria en este momento, y sólo habría que cuidar que, cuando sea redactada –si es que llega a ese punto–, la manera en que esté planteada no vaya a dar pie a acusaciones de dumping de otros países a los que eventualmente lleguen los productos agrícolas cultivados en el campo guerrerense.

Hay que recordar que México tiene firmados varios tratados comerciales con otras naciones y que va por más. Y no hay que dar pie innecesariamente a acciones jurídicas malintencionadas.

Como se recordará, el programa de fertilizante subsidiado fue ideado y creado por el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer con fines electorales. Era el tiempo en que el PRI perdía intención de voto de modo acelerado en las ciudades, y sólo le quedaba el voto campesino para mantenerse en el poder. Entregar fertilizante muy barato debía servir para asegurar ese voto verde.

Para el entonces gobernador era, por otro lado, un negocio redondo: con dinero del gobierno compraría el fertilizante a su empresa Fertimex y pagaría su transporte a la empresa Figuermex. Ganaban el sistema, el partido oficial y las empresas del mandatario.

De poder a poder

Abr 20, 2018

Cuando el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, habla de que no se negocia la aplicación de la ley, refiriéndose a las declaraciones del obispo Salvador Rangel Mendoza en el sentido de que pactó con el narco, seguramente los lectores no saben a ciencia cierta si reír, llorar o arremeter contra el funcionario federal.

Declaró que “hay un problema de seguridad en esa entidad” (Guerrero); sin embargo, dijo, se debe ingresar a la zona para detener a los generadores de violencia.

Desde luego que no descubre el agua tibia cuando reconoce que priva la inseguridad (sin mencionar violencia) en la entidad, pero le faltó mencionar en qué momento pensará ordenar que quien tenga que hacerlo ingrese a la zona y detenga a los delincuentes, porque, la verdad, el actual gobierno federal, al cual presta sus servicios, se tardó ya cinco años para imponer el orden.

Cambio saludable

Abr 20, 2018

Producto tal vez de una trepanación; quizás, del psicoanálisis o a lo mejor simplemente de una reflexión profunda, concienzuda o estratégica, la candidata a senadora de la alianza por México al Frente, Beatriz Mojica Morga, ha dado un giro de 360 grados a su actitud frente al gobierno del estado.

Desde la pasada campaña por la gubernatura del estado, Mojica Morga había sostenido una actitud de ataque sistemático, ininterrumpido, sin tregua, contra quien se llevó el triunfo en las elecciones, Héctor Astudillo Flores.

No le veía una sola virtud, ninguna acción de gobierno digna de aplauso, nada le parecía; lo seguía acusando de corrupto y hasta de tener trato con el narcotráfico, sin aportar elemento alguno con que soportar sus acusaciones, que bien pudieron haber dado cauce a una demanda penal.

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