Poco a poco, conforme se difunden nuevos testimonios acerca del incidente en el que murieron al menos dos integrantes de una familia, el domingo 25 de marzo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando un helicóptero de la Armada perseguía a delincuentes que habían emboscado a tres patrullas de marinos, la versión que el instituto armado dio de los hechos se desmorona.

El episodio ha escalado a otro nivel en su ruta hacia el escándalo, al declarar uno de los supervivientes que un militar bajó de la aeronave, se acercó al vehículo baleado e informó: “Es una familia. Nos equivocamos. Llamen a una ambulancia”. Los testimonios, sin embargo, son sólo algunas de las pruebas que se han ido acumulando.

Hasta donde queda claro hoy, ese día murieron ametralladas la madre y dos niñas, de 4 y 6 años, víctimas colaterales de una guerra que no tiene futuro para ninguna de las partes.

De las guerras del Estado contra el crimen organizado, la enfocada al narcotráfico es la más absurda, la más perniciosa y la más condenada al fracaso, por una razón muy simple y muy sencilla: las personas que consumen drogas lo hacen, no forzadas, sino por voluntad propia.

Eso hace la gran diferencia entre ese crimen y los otros de alto impacto, pues en ningún otro caso la víctima lo es por su propia voluntad, si bien la del adicto puede estar distorsionada por el efecto de las sustancias tóxicas que consume. Es, pues, un asunto que tiene que ver con el derecho a la libre autodeterminación personal, y en ese ámbito debería ser resuelto.

Otro hecho ineludible es que en una guerra siempre habrá víctimas y daños colaterales. Siempre civiles inocentes acabarán perdiendo algo o todo. Es una especie de ley universal, aunque los ejércitos traten –si es que lo hacen– de minimizar esas pérdidas. Ocurre ahora mismo en Siria y ha ocurrido en Vietnam, en Crimea, en Corea, en la Revolución Mexicana y en toda conflagración armada.

Por eso es urgente cambiar el paradigma en el caso específico de la lucha contra las drogas. Y una manera muy sencilla de hacerlo es dejar de considerarlas ilícitas; despenalizarlas, pues, como se está haciendo en Estados Unidos y en cada vez más países.

Quienes así lo han hecho ya comprendieron que lo que se pierde con esa guerra es mucho más que lo que se gana; que es mejor que el adicto lo siga siendo en paz, que liberarlo de éstas al costo de miles de vidas.

Ojalá que sirva este gravísimo incidente para empujar a la sociedad a repensar este tema complicado, y para convencer a sus representantes populares y a sus autoridades de la necesidad de cambiar el paradigma. n

De resultar generalizada la situación que describieron este sábado prestadores de servicios turísticos de Icacos –una de las playas certificadas con el distintivo Blue Flag como limpia–, en el sentido de que han sido muchos los visitantes en esta Semana Santa, pero escasa la derrama económica porque se trata de personas con escaso poder adquisitivo, podrá decirse que Acapulco se enfrenta a un atorón, al final de varios años de crecimiento del índice de ocupación hotelera.

Es necesario hacer una lectura cuidadosa de los indicadores turísticos. El que se refiere a la ocupación de cuartos de hotel es un dato duro e incontrovertible; una cifra que no da lugar a interpretaciones ni a equivocaciones: una habitación se ocupa o no se ocupa, punto.

Y el caso es que en los años recientes este indicador ha venido a la alza de manera consistente, lo cual sí permite especular y hasta hacer deducciones acerca de la causa de esta bonanza y del frenón que significa la situación que describen los prestadores de servicios de la playa Icacos.

Esta entidad suriana se ha convertido en el lugar preferido de los turistas nacionales; ofrece una variedad de opciones para divertirse


Acapulco, Gro., 31 de marzo.- Como un destino preferido de los turistas nacionales,  Guerrero con su "Triángulo del Sol", Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco, se encuentra hoy casi al cien por ciento al ubicarse su ocupación hotelera general en el estado al 95.6%.

La secretaría de Turismo estatal, informó que Acapulco en sus tres zonas se encuentra así en su ocupación hotelera: En el área Diamante al 97.5 por ciento, en tanto que en la Dorada al 96.1% y en la Náutica al 90.7%, registrándose un índice general en el puerto del 96 por ciento.

En el municipio de Azueta, la ocupación en cuartos de hotel se fijó en Zihuatanejo 83 por ciento y en Ixtapa 95.6%, arrojando una ocupación general en el binomio de 93.9 por ciento. En tanto en la ciudad platera, se ubicó al cien por ciento.

Uno de los beneficios que pueden ser atribuidos a la continua caída de los precios de la goma de opio, por el declive en la demanda en Estados Unidos debido a la irrupción del fentanilo en el mercado, es que los productores de amapola de la sierra de Guerrero se han visto obligados, por la necesidad, a buscar cultivos alternativos.

Es una tarea en la que lo deseable sería que fueran acompañados por el Estado, habida cuenta la trascendencia de este cambio de paradigma en el modus vivendi de un importante sector de la población del estado, pero han tenido que emprenderla solos debido a la consabida lentitud en la reacción de las autoridades.

No es, por supuesto, que el Estado deba intervenir de manera directa en una actividad económica –si bien tampoco es que le esté vedado hacerlo si las circunstancias así lo exigen–, porque, en general, la economía no necesita del gobierno para funcionar, pues le basta para ello la ley de la oferta y la demanda. Pero sí lo necesita para operar bien, porque la función del Estado debe ser la de modulador y facilitador de la actividad económica, y con eso debe ser suficiente.

El Estado ya probó a intervenir de manera directa en la economía cuando nada lo justificaba, y el resultado fue un desastre expresado en una crisis económica de la que la clase trabajadora aún no se repone, a pesar de que ya transcurrieron casi 40 años.

La advertencia que hicieron ayer ambientalistas de Atoyac –uno de ellos integrante del Consejo Atoyaquense para el Desarrollo Sustentable–, de que en abril o mayo, es decir en el tramo más difícil del estiaje, el río Atoyac, que cruza ese municipio y baña su cabecera, se seque por segundo año consecutivo, no es cosa menor.

Los denunciantes hacen referencia a varios factores determinantes de esta situación: la tala excesiva de árboles en la sierra y la contaminación del afluente a su paso por asentamientos humanos.

Quizá, entre los que no mencionaron, valga la pena mencionar uno más que en general afecta a los cuerpos de agua de nuestro país, si bien no es necesariamente el caso del río Atoyac. Se trata de la excesiva extracción de materiales pétreos de sus lechos, materiales que después son empleados en la construcción a gran escala, específicamente arena y piedra que luego es quebrada y convertida en grava.

Son situaciones similares en varios aspectos. Ambas actividades son, de hecho, aconsejables si son llevadas a cabo con perspectiva de sostenibilidad. A un bosque le hace bien el que los árboles que han alcanzado la madurez sean retirados, pues de ese modo se da espacio a árboles más jóvenes y especies más pequeñas. La naturaleza tiene su propio mecanismo para llevar a cabo esta poda: en una situación normal, durante las tormentas eléctricas los rayos alcanzan los ejemplares de más altura, los derriban y los incendian. Se supone que el daño resultante no es catastrófico porque, por lo general, tras la tormenta eléctrica llega la lluvia, que apaga el siniestro resultante, amén de que sacia la sed de la tierra y le proporciona nutrientes.

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