La entrega, el viernes, del paquete económico propuesto por el Ejecutivo federal a la consideración de la Cámara de Diputados constituye buena oportunidad para que éstos, en un ejercicio crítico y autocrítico, sometan a revisión los criterios con los cuales han autorizado o convalidado la distribución de los recursos públicos hasta la fecha, sobre todo porque el próximo año continuará el recorte al gasto presupuestado del gobierno federal, esta vez por 28 mil 300 millones de pesos.

Es obvio que hay rubros que tal vez no podrán ser sometidos a un ajuste mayor de un ejercicio fiscal a otro, como podría ser el caso del electoral, que cada año consume crecientes y cuantiosas cantidades de recursos de los mexicanos, lo cual constituye una de las principales causas del enojo social al que alguna vez se ha referido el presidente Enrique Peña Nieto para explicar las muchas muestras de repudio que,, un día sí y otro también, ciertos sectores sociales hacen públicas.

La indignación derivada de la eliminación del descuento en el peaje por la autopista del Sol, no cede terreno. En respuesta, el Congreso del estado aprobó solicitar al gobierno federal que eche abajo el 25 por ciento y que deje el descuento en 50 por ciento con la finalidad de hacer de Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco, destinos turísticos competitivos a nivel nacional e internacional.

Gestiones similares y con similar propósito llevará a cabo, según anunció, el jefe del Poder Ejecutivo estatal.

Bien está la decisión del Poder Legislativo en este caso, en virtud de que a este respecto más no puede hacer; posiblemente de algo sirva su participación ante el Ejecutivo federal.

Mas en el caso del gobierno estatal, bien haría no simplemente demandar el descuento por usar la autopista, sino aparejar a este propósito un plan de acción que impulse a los destinos turísticos de la entidad.

Según la apreciación del delegado de la Secretaría de Gobernación (SG) en Guerrero, Ramiro Ávila Morales, es necesaria la construcción de los cuarteles que anunció la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Teloloapan y Chilapa, debido a que se han incrementado los hechos violentos en esos dos municipios de la entidad.

Si la erradicación de la delincuencia en la entidad dependiera del aumento de soldados –habrá que apuntar–, desde hace tiempo la inseguridad fuera un asunto del pasado.

Seguramente la construcción de ambos cuarteles en sitios altamente vulnerables traerá beneficios, ni qué dudarlo, pero de eso a que sea la respuesta adecuada al aumento de la violencia, habrá que analizarlo a conciencia.

La creación del Frente Ciudadano por México, que engloba a los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), seguramente le dio mucho gusto al PRI y al gobierno federal, que ya en adelante concentrarán su atención en sacar adelante su candidatura y a retener la Presidencia, relegando grandes problemas nacionales como los de la inseguridad y la violencia.

Realmente, la formación de este bloque es prueba de que le tienen temor a López Obrador.

Es un hecho que el quinto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto constituyó la voz de salida para que los priístas y el PRI armen su juego para nombrar candidato, en cuya designación tendrá que ver seguramente la manera de cómo se acomoden los demás partidos políticos.

En este tenor, el gobierno y el tricolor estarán más dedicados a estas tareas que a resolver los temas pendientes.

Además, a estas alturas de la administración federal, el régimen priísta debería estar dedicado ya, no a hacer anuncios de nuevas estrategias para superar problemas que no ha podido solucionar, sino a informar que ya se han resuelto.

Seguramente en las altas esferas políticas, empresariales, gubernamentales y otras, tienen suficientes razones para festejar y aplaudir los resultados del quinto año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pero acá entre los estratos bajos de la sociedad, entre los de a pie, donde se mueven los que casi nada poseen y menos han recibido, no son pocas las que tienen para mostrar su rechazo y cuestionarlo.

Así, padres de familia de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa  desparecidos hace 35 meses, levantan la mano entre los agraviados del actual régimen federal; por lo tanto, ayer, junto con maestros cetegistas, estudiantes de la normal rural y representaciones de organizaciones sociales, marcharon en Chilpancingo y bloquearon la autopista del Sol en rechazo al informe presidencial que se entregó ayer al Congreso de la Unión.

Recriminaron que “son miles de desaparecidos, despojos de tierras, miles de ejecutados, miles de mexicanos sumidos en la pobreza. Y preguntaban acto seguido: ¿esas son las cifras que informará el Presidente?”. Incluirá Peña Nieto las respuestas que esperan los ciudadanos afectados.

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