La creación del Frente Ciudadano por México, que engloba a los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), seguramente le dio mucho gusto al PRI y al gobierno federal, que ya en adelante concentrarán su atención en sacar adelante su candidatura y a retener la Presidencia, relegando grandes problemas nacionales como los de la inseguridad y la violencia.

Realmente, la formación de este bloque es prueba de que le tienen temor a López Obrador.

Es un hecho que el quinto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto constituyó la voz de salida para que los priístas y el PRI armen su juego para nombrar candidato, en cuya designación tendrá que ver seguramente la manera de cómo se acomoden los demás partidos políticos.

En este tenor, el gobierno y el tricolor estarán más dedicados a estas tareas que a resolver los temas pendientes.

Además, a estas alturas de la administración federal, el régimen priísta debería estar dedicado ya, no a hacer anuncios de nuevas estrategias para superar problemas que no ha podido solucionar, sino a informar que ya se han resuelto.

Seguramente en las altas esferas políticas, empresariales, gubernamentales y otras, tienen suficientes razones para festejar y aplaudir los resultados del quinto año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pero acá entre los estratos bajos de la sociedad, entre los de a pie, donde se mueven los que casi nada poseen y menos han recibido, no son pocas las que tienen para mostrar su rechazo y cuestionarlo.

Así, padres de familia de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa  desparecidos hace 35 meses, levantan la mano entre los agraviados del actual régimen federal; por lo tanto, ayer, junto con maestros cetegistas, estudiantes de la normal rural y representaciones de organizaciones sociales, marcharon en Chilpancingo y bloquearon la autopista del Sol en rechazo al informe presidencial que se entregó ayer al Congreso de la Unión.

Recriminaron que “son miles de desaparecidos, despojos de tierras, miles de ejecutados, miles de mexicanos sumidos en la pobreza. Y preguntaban acto seguido: ¿esas son las cifras que informará el Presidente?”. Incluirá Peña Nieto las respuestas que esperan los ciudadanos afectados.

Muy crítico fue el sacerdote Ulises Gallardo Chávez al oficiar en Atoyac de Álvarez la misa para conmemorar el Día Internacional del Detenido Desaparecido, al acusar: “Actualmente la sociedad ha sido devastada por la violencia originada no sólo por los narcotraficantes y grupos de la delincuencia organizada, sino también por los grupos del gobierno que son como delincuentes de cuello y corbata”,

La alusión, desde luego, al carecer de nombres y apellidos, queda volando en el ambiente sin que ello signifique que carece de veracidad, pues la situación es archisabida por la sociedad, en cuya mayor parte prefiere guardar silencio antes que pasar a sumarse a las listas de víctimas de la violencia y la inseguridad.

Fue contundente al añadir que la principal causa de la violencia que existe en Guerrero es consecuencia de la pobreza que sufre la población actualmente, aunque le faltó mencionar otra de las causas fundamentales que es la impunidad, que resulta ser una invitación a seguir delinquiendo al no correr el riesgo de recibir castigo alguno.

Según el Índice Global de Impunidad (IGI), elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla (CCSJ), México es  el segundo país de 59 con mayor índice de impunidad.

Si alcanzar la paz fuera cuestión exclusivamente de espiritualidad, indudable sería que la iglesia católica desempeñaría un papel relevante.

Empero, la paz que busca la población reside no en su interior, sino en el exterior, allá donde corresponde otorgarla al gobierno, mediante el uso de la autoridad, el poder y la fuerza derivada de los recursos públicos, el aparato de justicia y los elementos de seguridad.

Es plausible, desde luego, que la Diócesis de Acapulco, encabezada ahora por monseñor Leopoldo González, exprese su disposición a mediar para que los grupos delincuenciales mediante el diálogo se aparten del camino de la violencia, cuando es bien sabido que el crimen organizado no es diálogo lo que requiere, sino dinero y poder.

Resulta evidente que la administración estatal tendrá que pagar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los 13 mil millones de pesos por concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta, que gestiones anteriores omitieron cubrir en su momento.

Ya la autoridad estatal dio a conocer que el gobierno federal no está dispuesto a condonar la deuda y que, por lo tanto, no queda más que acordar los mecanismos para cumplir con esa responsabilidad, a la que debieron hacer frente otros gobiernos.

Deja entrever la administración actual un dejo de resignación y proyecta todo el ánimo y la mejor disposición de sacar adelante esa situación, así no le corresponda dicho adeudo.

No obstante, en ningún momento se ha mencionado que se haya hecho o se esté llevando a cabo lo conducente a efecto de que los responsables de los gobiernos que dejaron ese pendiente, asuman su responsabilidad.

Cuando de particulares se trata, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  actúa con toda puntualidad contra los contribuyentes que incumplen con el pago del ISR; aunque no deja de sorprender que haya pasado por alto exigir a quienes tocó hacer la declaración correspondiente y sea ahora que esté presionando a los responsables del gobierno actual.

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