Se cumplió un mes ya desde que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) declaró la inhabilitación para desempeñar cargo público alguno durante 10 años al diputado local Héctor Vicario Castrejón, por irregulares cometidas en su condición de delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrarrio, Territorial y Urbano (Sedatu) en el estado, en la ejecución de obras para beneficio de damnificados por la tormenta Manuel y el huracán Ingrid.

Esa fecha quedó claro que Vicario Castrejón disponía de 15 días para presentar pruebas que permitieran echar abajo los señalamientos de la ASF, y el mismo legislador aseguró tener las suficientes que le permitirían invalidar la inhabilitación.

No obstante, no sólo han transcurrido 15 días, sino un mes desde que la ASF formuló la sanción, pero ni la dependencia federal, ni el acusado, han mencionado cómo va el seguimiento al caso.

En esa ocasión, el jefe del Ejecutivo estatal indicó que no debería considerarse como un hecho el castigo, porque Vicario tenía un lapso para defenderse. “Todos los que se desempeñan en la función pública están siempre expuestos a observaciones, y cuando éstas se hacen públicas, se toman como cosas finales, cuando no son finales”, acotó.


De acuerdo con eso, Vicario no podía ser considerado culpable; pero da el caso que ya feneció el plazo para que se defendiera, y no se sabe qué pasó.

Si la ASF filtró la información para exhibir públicamente al legislador, también debió ser puntual dando a conocer si el acusado respondió favorablemente o no a las observaciones que le hizo.

Es en casos como éste cuando se fortalecen las sospechas de que la ASF procede de acuerdo con revanchismos políticos, y no sería extraño que ya nunca volviera a tocar el tema, sino que dejara flotar en el ambiente la idea de que Vicario Castrejón procedió de modo ilegal, lo que nadie dudaría si se toma en cuenta la lluvias de anomalías descubiertas en la construcción de viviendas en el fraccionamiento El Mirador, donde, incluso, se hicieron trabajos de reconstrucción.

En estos momentos, para la colectividad y sobre todo para los damnificados que recibieron casas en El Mirador, Vicario es un auténtico pillo.

No es, pues, el ánimo de defender al diputado local, porque puede defenderse solo, más aun que, como dice él mismo, cuenta con pruebas que lo exoneran, pero no se vale que, fomentando la opacidad como lo hace, la ASF no haga fluir toda la información necesaria en éste y en todos los casos que maneja.

Ya de por sí resulta muy extraño que difunda solamente algunos manejos indebidos de recursos públicos, cuando por todos lados afloran los desvíos y los gobiernos quebrados, y ni un solo funcionario va a parar a la cárcel. n

Los 43 y 2018

Jul 21, 2018

Comenzado el proceso electoral correspondiente a las elecciones de 2018, se intensifica la activida política, como parte de lo cual los aspirantes saltan a la palestra en busca de ganar la candidatura deseada.

En este tenor, en Guerrero resurge la figura del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, por conducto de su personero Sofío Ramírez Hernández, quien se encarga de insistir en que por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala “el ex mandatario no tiene ninguna responsabilidad en términos de carácter penal, más lo que representa su responsabilidad política”.

La defensa de Ramírez Hernández se divulga en los momentos en que el nombre de Aguirre Rivero suena para ocupar la candidatura para la presidencia municipal de Acapulco.

Es verdad: al político ometepequense no se le ha adjudicado responsabilidad penal en el caso de los desaparecidos; no obstante, no se le libera de culpa porque, como gobernador que era, necesariamente tuvo que darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, y nada hizo para impedir el ataque a los estudiantes.

La entrega, el viernes, del paquete económico propuesto por el Ejecutivo federal a la consideración de la Cámara de Diputados constituye buena oportunidad para que éstos, en un ejercicio crítico y autocrítico, sometan a revisión los criterios con los cuales han autorizado o convalidado la distribución de los recursos públicos hasta la fecha, sobre todo porque el próximo año continuará el recorte al gasto presupuestado del gobierno federal, esta vez por 28 mil 300 millones de pesos.

Es obvio que hay rubros que tal vez no podrán ser sometidos a un ajuste mayor de un ejercicio fiscal a otro, como podría ser el caso del electoral, que cada año consume crecientes y cuantiosas cantidades de recursos de los mexicanos, lo cual constituye una de las principales causas del enojo social al que alguna vez se ha referido el presidente Enrique Peña Nieto para explicar las muchas muestras de repudio que,, un día sí y otro también, ciertos sectores sociales hacen públicas.

La indignación derivada de la eliminación del descuento en el peaje por la autopista del Sol, no cede terreno. En respuesta, el Congreso del estado aprobó solicitar al gobierno federal que eche abajo el 25 por ciento y que deje el descuento en 50 por ciento con la finalidad de hacer de Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco, destinos turísticos competitivos a nivel nacional e internacional.

Gestiones similares y con similar propósito llevará a cabo, según anunció, el jefe del Poder Ejecutivo estatal.

Bien está la decisión del Poder Legislativo en este caso, en virtud de que a este respecto más no puede hacer; posiblemente de algo sirva su participación ante el Ejecutivo federal.

Mas en el caso del gobierno estatal, bien haría no simplemente demandar el descuento por usar la autopista, sino aparejar a este propósito un plan de acción que impulse a los destinos turísticos de la entidad.

Según la apreciación del delegado de la Secretaría de Gobernación (SG) en Guerrero, Ramiro Ávila Morales, es necesaria la construcción de los cuarteles que anunció la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Teloloapan y Chilapa, debido a que se han incrementado los hechos violentos en esos dos municipios de la entidad.

Si la erradicación de la delincuencia en la entidad dependiera del aumento de soldados –habrá que apuntar–, desde hace tiempo la inseguridad fuera un asunto del pasado.

Seguramente la construcción de ambos cuarteles en sitios altamente vulnerables traerá beneficios, ni qué dudarlo, pero de eso a que sea la respuesta adecuada al aumento de la violencia, habrá que analizarlo a conciencia.

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