Incongruencia e indefensión

Escrito por  Ago 21, 2017

Cuando empezó a operar la reforma educativa, la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, lo mismo nacional que estatal, se desgarró la vestiduras blandiendo como arma de oposición que la educación tendía a privatizarse con el cambio y manejaba como elemento de muestra el cobro por las inscripciones.

La oposición fue férrea, cerrada, inflexible, hasta que las secretarías de Gobernación y Educación llamaron al diálogo a los defensores; líderes y funcionarios platicaron, negociaron, llegaron a acuerdos que en ningún momento se dieron a conocer; el caso es que los protestantes radicales, recalcitrantes, intransigentes, se apaciguaron y no volvieron a abrir la boca, sospechosamente.

Llegaron las inscripciones; los directores escolares volvieron a imponer su ley y no inscribieron a alumno alguno sin previo pago de la cuota impuesta; no obstante, los profesores que alegaban que con esta acción se conducía a la privatización, nada dijeron, lo cual los convirtió en cómplices.

Por su parte, la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), por medio de su contralor interno, Ramón Apreza Patrón, volvió a repartir la circular número CISEG/2017/002 mediante la cual exhorta –ni siquiera ordena, tampoco exige– a no cobrar por inscripción, cuando ya todas las inscripciones se llevaron a cabo y los inscritos incluso comienzan hoy el ciclo escolar, sobre lo cual la Ceteg, a pesar de las quejas de los padres de familia, a quienes se atribuye la autorización de las cuotas, ni siquiera ha emitido postura alguna, aunque, en su lucha, demandó y obtuvo el respaldo de los padres pretextando que la reforma educativa privatizaría la educación mediante esos cobros.

Queda claro, pues, que los cetegistas, que en su momento arrastraron a los padres de familia para fortalecer su lucha y lograr sus objetivos, los dejaron colgados y se hicieron a un lado en el momento en que los directores condicionaron el ingreso de sus hijos a clases al pago de la cuota, que si bien se define como voluntaria, el caso es que ningún alumno pasa sin que se pague.

Otro argumento manejado como muestra de que se privatizaría la educación fue el anuncio de que las escuelas obligarían a comprar libros, que hasta ahora han sido gratuitos.

En Costa Grande desde hace semanas ha corrido la versión de que en algunos planteles no entregarán esos libros y que los padres tendrán que comprarlos.

Si así sucede, habrá que ver cuál es la reacción de los cetegistas; mientras tanto, ni en lo que hace la SEG con sus exhortaciones a destiempo, ni en la actitud de la Ceteg respecto a los cobros, se ve un ápice de congruencia.

Quedan en medio de la vorágine los indefensos padres de familia, que tienen que bailar al son que les toquen los directores escolares porque quienes decían defenderlos han optado por emular al avestruz.