¿Quién investiga el caso Cacahuatepec?

Escrito por  Ene 16, 2018

Ningún sentido tiene la versión oficial aquella de que, ante la balacera en La Concepción, de los bienes comunales de Cacahuatepec, “la autoridad tenía dos opciones: no intervenir y dejar que los dos bandos en conflicto se siguieran agrediendo, o actuar conforme a la ley y participar”, puesto que, en ningún momento, se ha cuestionado la intervención de las fuerzas de seguridad.

Es más bien el modo en que actuaron los policías estatales lo que se sigue cuestionando; por ejemplo, Tlachinollan (el Centro de Derechos Humanos de La Montaña) ha señalado que “hay indicios de una ejecución extrajudicial” de tres policías comunitarios, y los comuneros refieren que dos de ellos fueron vistos vivos llevados por la Policía Estatal.

Uno de los testigos asegura que los estatales no iban a desarmar a los comunitarios, sino que desde un principio les advirtieron que iban a matarlos.

Cuestionada y condenada ha sido la golpiza con la que los estatales mandaron al hospital al fotoperiodista Bernandino Hernández, a quien despojaron de su trabajo.

Frente a eso y lo demás ocurrido el domingo 7, suena sensata la explicación oficial del Ejecutivo estatal en el sentido de que “hay que ver exactamente qué fue lo que sucedió para tomar determinaciones, escuchar a todas las partes involucradas, y si hay alguien que haya cometido un exceso, también hay que investigarlo y castigarlo”.

El mandatario no se cierra, no niega que haya sucedido lo que se denuncia; lo contrario, se pronuncia por una investigación que ponga en claro cada señalamiento para, asegura, castigar a los responsables.

Es en este punto en que es preciso asumir definiciones: los policías que participaron en el conflicto son estatales, dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública, una oficina bajo el mando del Poder Ejecutivo, mientras que es a la Fiscalía General del Estado (FGE) a la que le corresponde investigar los hechos; se trata de un organismo autónomo en el que, por eso mismo, ninguna injerencia tiene el gobernador.

El mandatario habla como si el Ejecutivo fuera a investigar y a ello se compromete; no obstante, esa es competencia y responsabilidad de la Fiscalía, y éste es un organismo desprestigiado, sin credibilidad, cuestionado por toda la sociedad por su falta de trabajo, lo que le ha valido que en el Congreso local algunos diputados demanden juicio político contra el fiscal al que defienden los legisladores priístas por haber llegado al puesto por una propuesta del Ejecutivo, no porque su trabajo lo amerite.

El diputado local de Movimiento Ciudadano Ricardo Mejía Berdeja, uno de los impulsores del juicio político, acusa al titular de la FGE, Xavier Olea Peláez, de violar de manera constante la ley.

Ha señalado Mejía Berdeja que “el fiscal estatal no procura justicia; procura impunidad”. El fiscal, acusa, “no persigue delitos; casi llegamos al 100 por ciento de impunidad”.

Es ésta la dependencia que supuestamente investiga la balacera y el desarme en La Concepción, donde hubo 11 muertes cuyo esclarecimiento están exigiendo organismos internacionales defensores de derechos humanos, la ONU entre ellos. ne