La necesaria honradez

Escrito por  Feb 25, 2018

Entre las muchas virtudes deseables en un buen gobernante están la de ser buen administrador y la de ser honrado. Si es lo primero sin lo segundo, acabará robando el dinero público o permitirá que otros lo roben; si es lo segundo sin lo primero, acabará despilfarrando o subejerciendo el presupuesto, extremos ambos inadmisibles en la administración pública.

Aparte, debe ser político, es decir que debe ser capaz de ver más allá de la inmediatez de la cotidianidad, de distinguir en el horizonte los objetivos a mediano y largo plazos, y apuntar hacia allá los esfuerzos de su gobierno. Será por eso que los políticos son necesarios, a pesar de todo.

Si a un gobierno no le cuadran las cuentas, el destino de ese gobierno es el desastre, y si de lo que se trata es de servir bien a los menos favorecidos por el sistema imperante, lo mejor es hacerlo con las cuentas bien cuadradas.

No sería de mucha utilidad crear programas de apoyo económico dirigido de manera específica a ese sector y destinarle recursos crecientes, si con ello el gobernante desfonda al gobierno, sobre todo si hay manera de lograr una mayor recaudación y una mejor distribución de la misma.

Por el gobierno de Acapulco han pasado gobernantes de todo estilo: el que se embolsó cuanto dinero pudo de la hacienda municipal; el que gastó y gastó sin consultar nunca el saldo en caja, y el que, tras hacer sus cuentas y determinar cuánto necesitaría para sacar adelante su plan de gobierno, tomó medidas financieras y fiscales para lograrlo sin dañar las arcas públicas.

Por cierto, la izquierda local siempre manifestó su inconformidad con este último porque, en general, no comparte su visión acerca de cómo administrar lo público.

Pero las consecuencias de no tener administradores eficaces y honrados tiene consecuencias: Este viernes fue visible en Acapulco una de ellas: jubilados del Issspeg bloquearon la Costera para exigir que la Capama pague a ese organismo 155 millones de pesos que le adeuda por concepto de cuotas, deuda que impide al Instituto pagarles su pensión como ordena la ley.

Resulta difícil imaginar que un jubilado –quienquiera que sea– considere adecuada, como táctica de lucha, el bloqueo de calles; no sólo por las limitaciones físicas que afectan a las personas de edad avanzada, sino porque la vida enseña que los procedimientos violentos, incluso los de la lucha social, son contraproducentes –y nadie podrá negar que bloquear una calle violenta el derecho de los demás al libre tránsito, con independencia de cuán justo o injusto pueda ser calificado el motivo de tal bloqueo–, y porque que en un régimen de derecho tal medida de presión debería ser innecesaria porque en un Estado moderno existen mecanismos para dirimir por vías institucionales toda inconformidad.

Adicional a ello, en la edición de hoy este diario da cuenta de observaciones que la Auditoría Superior de la Federación hizo a la Secretaría de Salud del estado por casi 248 millones de pesos del ejercicio 2016, que la dependencia está obligada a solventar. Sobra decir que, de no ser así, la ley ordena fincar responsabilidades a quien resulte responsable de la irregularidad.

Aquí y allá, es evidente que la administración pública requiere de administradores eficientes y eficaces, pero también honrados. n