Otro fiscal

Escrito por  May 06, 2018

Juan Rivera empezó con el pie izquierdo su intento por convertirse en titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Cuando marchaba por calles capitalinas para registrarse como candidato a obtener el cargo, los trabajadores de la FGE que lo acompañaban con la idea de que de director de Atención Temprana de la FGE pase a titular, gritaban: “Astudillo/ entiende/ la Fiscalía no se vende”.

El gobernador Héctor Astudillo Flores, es cierto, no designa al fiscal general, pero integra una terna que turna al Congreso del estado para que los legisladores lo elijan.

Otra: el Partido Revolucionario Institucional, instituto al que está afiliado el jefe del Ejecutivo estatal, tiene mayoría de legisladores en el Congreso local; por lo tanto, tienen capacidad de nombrar, sin ayuda de nadie, al fiscal, pero para dar una barniz de democracia pueden valerse de sus aliados del PVEM e incluso de alguno que otro diputado de otros partidos para cumplir su objetivo.

Algo más: merced a su autonomía, la FGE no depende ya del gobernador, pero es el gobernador el encargado de suministrar los recursos económicos para la operación de la dependencia.

En consecuencia, es vital que el fiscal general no se someta a la autoridad del mandatario para mantener la imparcialidad de su trabajo, pero es importante que uno y otro mantengan buena relación institucional para un mejor funcionamiento de la fiscalía, y no es echándole bravata, incluso desde antes de obtener el cargo, como lo ha de alcanzar el representante social.

Eso, respecto al aspirante; por cuanto al gobernador, es de esperarse que integre la terna con los profesionales idóneos con el conocimiento, la integridad, la capacidad y la experiencia suficientes para aminorar la impunidad que ahoga a Guerrero; la ausencia de justicia constituye uno de los problemas más graves que laceran al estado junto con la inseguridad y la violencia.

No es de esperarse que se incluyan en la terna dos candidatos de relleno y un tercero por el que deberán votar los legisladores; la entidad no está para esos juegos; la experiencia que se vivió con Xavier Olea Peláez debe ser lección suficiente para extremar el cuidado en el nombramiento.

Fue obvio que, desde que se armó la terna, Olea Peláez era el escogido para ser el elegido; la bancada priísta y sus aliados no sólo lo llevaron al cargo, sino que, pese a la falta de trabajo y resultados, lo mantuvieron pasando por alto el clamor de todos los sectores, excepto el gubernamental, que exigían su renuncia.

Cuando dimitió, en vez de presentar la renuncia al Congreso, que fue quien supuestamente lo eligió, la llevó a su amigo el gobernador, sin importarle hacer a un lado las formas.

Periódicos nacionales, como El Universal, comentan que la salida del fiscal tuvo su origen en el inicio de una investigación de Gobernación sobre un supuesto conflicto de interés que tenía Olea Peláez con el despacho legal que operaba su familia; es decir, no fueron ni las protestas de los guerrerenses ni los diputados quienes lo echaron, sino lo que descubriría la investigación.