Absorbidos por el ruido electoral

Escrito por  Jun 12, 2018

Las campañas electorales se apoderan de la atención de los sectores de población a extremo tal que se pasa por alto temas en los que está de por medio el futuro de Acapulco.

Así, hace más ruido la incautación de casi 3 millones de pesos destinados supuestamente para campañas políticas, que la denuncia de que se están construyendo desarrollos inmobiliarios en la zona Diamante con bardas muy cercanas al mar, y eliminando las ventanas ecológicas.

El 22 de mayo, el presidente de la Comunidad Politécnica de Acapulco, José Luis Sánchez Ortiz, hizo el señalamiento en ese sentido; apuntó que en los terrenos de la carretera que va hacia Barra Vieja, las construcciones deberían tener determinada distancia a un acceso de playa, pero no están respetando esa regla, cuya violación, advirtió, es motivo de clausura.

La denuncia se extravió entre la tempestad generada por las campañas; ni las demás organizaciones civiles vigilantes del desarrollo urbano de Acapulco, ni las autoridades municipales, estatales, ni federales, ni los medios de comunicación, dieron seguimiento alguno.

Tan preocupados por la legalidad y el progreso de Acapulco, los candidatos en general y los aspirantes a alcaldes en particular, no repararon en el hecho de que era una oportunidad para el crecimiento de su imagen. Ni chistaron.

El ayuntamiento no atinó a defenderse de la acusación del profesionista en el sentido de que no ha hecho respetar el ordenamiento legal en la materia.

Lo mismo ocurrió este 7 de junio cuando integrantes del Consejo Municipal Ciudadano de Acapulco acusaron al ayuntamiento de omitir la aprobación y puesta en vigor del Plan Director de Desarrollo Urbano del municipio, que no mereció el seguimiento de nadie. Ni siquiera de la alcaldía, que está más ocupada en defenderse de lo que llama guerra sucia en su contra, que en escuchar y atender a la sociedad.

Destacaron que seguirán pugnando para que el Plan Director sea aprobado por el cabildo, porque su actualización –que debe hacerse cada tres años– cuesta unos 4 millones de pesos, por lo que la inversión en el documento desarrollado en la administración pasada sería dinero tirado a la basura, puesto que ya está en puerta la próxima actualización.

El presidente de la asociación, Francisco Javier Cabrera Betancourt, dijo que es preocupante que no entre en vigor el Plan, porque al no haber respeto al reglamento de construcciones se están haciendo desarrollos donde no deberían ser construidos, lo que generará una demanda de servicios públicos difícil de satisfacer.

Pero de eso ni quien se preocupe, a pesar del inmenso amor que políticos y funcionarios profesan al puerto por el cual luchan con tanto denuedo.