Desapariciones

Escrito por  Jun 29, 2018

Razones de peso tiene para esgrimir el secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (Afadem), Julio Mata Montiel, en torno a que “la postura del gobierno de Guerrero ante la desaparición de personas es de simulación”.

Profundiza: “Desde nuestro punto de vista hay una simulación generalizada, porque se aparenta que se aceptan las resoluciones internacionales)”, pero no se cumplen, como en el caso de Rosendo Radilla Pacheco, cuya sentencia fue emitida el 23 de noviembre de 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Otro caso en el que no sólo no se ha hecho lo suficiente para resolverlo, sino se ha hecho todo para empantanarlo, es la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la normal rural de Ayotzinapa.

A través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una serie de recomendaciones que el gobierno mexicano se ha resistido a darles seguimiento.

Por un lado, no garantiza la protección de la población, permitiendo que fuerzas oscuras se la lleven; por otro, no se ocupa de buscarla y cuando alguien hace la chamba gubernamental y le dice cómo hacerle para dar con los ausentes, sencillamente arroja a la basura las recomendaciones.

La comisión de delitos ha constituido un excelente pretexto para crear oficinas a nivel federal con ramificaciones en estados, para colocar a personas allegadas al gobierno, como es el caso de la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas) que en Guerrero, debiendo apoyar a quienes hayan sido víctimas de un delito federal o de una violación a sus derechos humanos, no ha rendido fruto alguno; teniendo como fin que las personas obtengan verdad, justicia y reparación del daño para que, en la medida de lo posible, recuperen un proyecto de futuro, sólo ha sido escenario de escándalo de quienes debieran dirigirla; no obstante, la partida presupuestal que le asignan se la han enguyido con puntualidad, aunque sin aportar resultados.

Frente a este vacío, han sido los familiares de los desaparecidos los que se han organizado para buscar en pueblos, cerros y valles, con resultados escasos.

En este contexto, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas, ha ordenado la creación de una comisión de la verdad que se encargue de dar con el paradero de los 43 y no sería remoto que, de crearse, se extienda su funcionamiento a la localización de los cientos, miles, de desaparecidos en Chilapa, Chilpancingo, Acapulco y otros municipios.

De momento, la comisión dictaminada por el Tribunal enfrenta numerosos cuestionamientos jurídicos y se desconoce si prosperará; por consiguiente, habrá que esperar… como si lo ya esperado fuera poco. n