Policías ministeriales y estatales encapsulan al líder del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz (de sombrero), antes de proceder a detenerlo en Cacahuatepec. Policías ministeriales y estatales encapsulan al líder del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz (de sombrero), antes de proceder a detenerlo en Cacahuatepec. Foto: Rubén Vázquez Santiago

Cacahuatepec: los policías se habían ido; regresaron sólo para detener a Suástegui

Escrito por  Roberto Ramírez Bravo Ene 08, 2018

Agreden a reporteros; Berna Hernández sacó la peor parte


Cuando ya se habían hecho las diligencias en La Concepción por los ocho muertos de la madrugada, y el fiscal regional Esteban Maldonado, y los policías y federales se habían retirado, alguien dio una nueva orden, y regresaron, sólo que esta vez la acción fue directa con un objetivo: detener al líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz.

En la operación policial participaron unas 25 patrullas de las policías Estatal y Federal, y una del Ejército, y las acciones fueron respaldadas por aire desde un helicóptero.

Oficialmente, fueron detenidos 30 policías comunitarios, entre ellos Marco Antonio Suástegui y su hermano Vicente, y tres campesinos fueron abatidos por la policía.

Durante la refriega, que finalmente habrá durado entre 10 y 20 minutos, los policías arremetieron también contra los reporteros que cubrían los hechos y, a uno de ellos, Bernandino Hernández, lo llevaron aparte, lo golpearon y lo despojaron de dos memorias de su cámara fotográfica que contenían el material gráfico de esa jornada.

La operación previa había parecido exitosa, pues luego de la tensión que se produjo entre los policías estatales y federales, con los comunitarios, todo estaba en relativa calma. El grupo de reporteros ya se retiraba de La Concepción cuando dos patrullas de Fuerzas Especiales de la Policía Federal llegaron al poblado a toda máquina, por la entrada de Garrapatas. Casi de inmediato reapareció el helicóptero a sobrevolar el área en esta comunidad que es bastión de los opositores al proyecto hidroeléctrico La Parota.

Hacia la salida a Aguacaliente había una larga fila de patrullas. Desde ahí llegó de regreso el fiscal Esteban Maldonado acompañado de más agentes y se desplazó hasta la comandancia de la Policía Comunitaria. Ahí hubo un diálogo ríspido. Algunos comuneros estaban muy molestos. Hubo un intercambio de palabras, algunos jaloneos. De pronto, junto a una tienda que se ubica en la entrada del poblado, sonó el primer balazo. Se trató de un AR-15 disparado por un policía, según se desprende del hecho de que en ese lugar posteriormente fue encontrado un casquillo.

–¡Ahora sí, putos! ¡Ahora sí van a ver! –gritaron algunos uniformados, quienes ya en ese momento se dirigieron directamente a los comunitarios, que portaban escopetas.

–¡Escopetas abajo, escopetas abajo! –les gritaban mientras los encañonaban y sometían.

En ese momento empezaron las primeras detenciones. Se oyeron otros balazos, provenientes de alguna parte de los cerros, adonde también se habían desplazado tanto uniformados como comunitarios. Una mujer intentó defender a su esposo, para evitar que se lo llevaran, pero un golpe seco de uno de los policías la derribó y la hizo rodar a la puerta de la comandancia.

Otros balazos sonaron en varios puntos. Contrastaban dos tipos de sonidos: unos graves, poderosos, y otros disminuidos, pequeños. Una mujer adulta mayor cargaba un palo, práctica que usan los comuneros en esta zona para defenderse o para mostrar fuerza, pero fue golpeada por un policía. Sometida, clamó: “ya, por favor, ya dejaré el palo, pero ya no me pegue”.

La situación se veía caótica, pero los uniformados tomaron pronto el control. En la mitad de la calle, dos policías llevaban a un anciano sin camisa: lo jalaban de los pies, mientas su espalda era arrastrada sobre el pavimento.

De pronto apareció Marco Antonio Suástegui, llevado por dos policías que primero intentaron subirlo a una patrulla y luego se lo llevaron a otra. Hubo un momento en que, atrás de la comandancia de la comunitaria, se oyó fuerte el estruendo de disparos. En ese sitio, más tarde, los uniformados resguardaban los cadáveres de los comuneros que, según la versión oficial, fueron tres.

En la acción, los reporteros habían quedado dispersos, porque para cuando todo empezó, ya nadie pensaba que ocurriría algo mayor, pues las diligencias de la mañana se habían desarrollado sin problemas, pero al comenzar los disparos quedaron en medio. Los policías les gritaban que se hicieran a un lado.

–¡Les va a tocar un chingadazo, entiendan! ¡Esto es un enfrentamiento!

Rubén Santiago, fotógrafo de La Jornada Guerrero, fue prácticamente levantado en vilo y empujado hacia una pared por un uniformado que le gritó: “¡Ya no vas a tomar más fotos!”.

Bernandino Hernández, de Proceso, llevó la peor parte. A la hora de la refriega quedó en un rincón sin salida. Ahí fueron policías estatales a golpearlo, y aunque se identificó, los agentes procedieron a quitarle su cámara y a llevarse dos memorias donde tenía las imágenes que había captado. Fue golpeado en la cabeza y en las piernas.

A otro de los reporteros, policías le destrozaron el cristal de su camioneta, al parecer buscando algo, que finalmente no hallaron.

Poco a poco, los policías fueron logrando su objetivo de mantener a los reporteros fuera de la zona de conflicto, y luego ya no les permitieron el acceso. En un momento, ante los reclamos de los comunicadores por la golpiza a Berna Hernández, el comandante que iba a cargo de los policías estatales –cuyo nombre no se logró recabar– estuvo a punto de agredir a golpes al reportero de El Sur, Jacobo Morales, y al de Quadratín, Sergio Robles, molesto por los cuestionamientos. La intervención de Esteban Maldonado impidió que lograra su objetivo.

No hubo, en ese momento, información oficial de las muertes, ni de las detenciones. A simple vista el cálculo entre reporteros era que serían alrededor de 25 detenidos, y se pensó que dos o tres muertos, porque los policías comentaban este dato. Más tarde el fiscal Xavier Olea Peláez diría que fueron 30 detenidos y tres muertos, 11 en total incluyendo los de la madrugada. De los fallecidos en el operativo no se dijo nada mientras las autoridades estaban en el sitio. Solamente, al fondo de un terreno baldío, los policías hacían guardia sobre los cadáveres.

Después, cuando todo se calmó, salieron las personas que estaban detenidas por la policía comunitaria, entre ellas, escoltado por policías, el presunto sicario llamado Alejandro Liborio López o Guillermo Marín López o Iván Soriano Leal, por quien, según informó previamente Marco Suástegui, comenzó todo el conflicto que, en menos de 12 horas, dejó 11 muertos.