La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública turnó un exhorto al Ejecutivo del estado para que instruya a la Secretaría de Finanzas para que destine recursos suficientes al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública turnó un exhorto al Ejecutivo del estado para que instruya a la Secretaría de Finanzas para que destine recursos suficientes al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. Foto: Isaac Hernández

Exhorta el Congreso al fiscal estatal a que agilice el caso contra financieras fraudulentas

Escrito por  Citlal Giles Sánchez Dic 01, 2017

Es opaco el proceso de construcción y operación del Panteón Ministerial: Mejía Berdeja

De 2006 a 2011 defraudaron a 10 mil 500 guerrerenses por un monto de 578 millones de pesos: diputado


Chilpancingo, 30 de noviembre. El pleno del Congreso exhortó al fiscal general del estado para que agilicen las investigaciones y sancionen a los propietarios o socios de los corporativos Productos Amor, Soluprenda y Comercializadora JLB, por el fraude millonario cometido contra usuarios guerrerenses.

El diputado Jesús Martínez argumentó que desde el año 2000, en varios estados comenzaron a operar al margen de la ley, sociedades de ahorro y préstamo sin contar con el registro correspondiente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Y Guerrero no fue la excepción: se establecieron los corporativos Productos Amor, Soluprenda y Comercializadora JLB.

Dichas casas de ahorro operaron durante el periodo de 2006 a 2011, tiempo en el que captaron millonarios recursos, defraudando a 10 mil 500 familias guerrerenses, de 55 municipios.

Recordó que hasta el momento se han integrado 16 mil 500 averiguaciones previas ante la FGE, de las cuales se han ratificado 10 mil 238, por el delito de fraude por 578 millones de pesos.

Mencionó que la Unión de Organizaciones, Pueblos Originarios y Comunidades Afromexicanas de Guerrero solicitaron la intervención de esta Legislatura para dar solución a la situación que atraviesan como movimiento social.

Señaló que la denuncia que interpusieron los afectados no ha sido atendida.

El diputado consideró necesario el exhortar al fiscal estatal para que agilice estas investigaciones y se finquen responsabilidades penales contra los dueños o socios de estas casas de ahorro.

Recordó que el 29 de diciembre de 2000, se expidió la ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, conocido como Fideicomiso Pago, que tiene como fin resarcirles en un porcentaje los ahorros a los defraudados por financieras.

Sin embargo reprochó que las víctimas de fraude no han podido acceder a estos beneficios debido a que la FGE no ha concluido las averiguaciones previas correspondientes.

Por otra parte, los diputados enviaron a comisiones un exhorto al fiscal general del estado para que informe si las acciones emprendidas para la operación, arrendamiento y resguardo del Panteón Ministerial, cuentan con el respaldo, asistencia u opinión de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

La fracción parlamentaria de MC manifestó que desde el año pasado se aprobó un punto de acuerdo solicitando al fiscal estatal que informara sobre el procedimiento de creación del llamado Panteón Ministerial así como el protocolo de inhumación, reconocimiento e identificación de cadáveres y como coadyuva la Fiscalía a su cargo para que para que los cuerpos sean debidamente entregados a los familiares.

Pero criticaron que la respuesta del fiscal “lejos de aclarar los puntos que se le solicitaron, es oscura y evasiva; y lejos de disipar dudas las incrementa”.

El diputado Ricardo Mejía criticó que en la respuesta que envió el fiscal, no informa quién aportó los recursos presupuestales para la contratación, construcción, y arrendamiento del Panteón Ministerial dentro de un espacio privado.

“De este hecho es importante señalar que no queda constancia que se hayan seguido los procedimientos ni los acuerdo; ni tampoco haya habido transparencia ni en la construcción ni en el destino de los recursos como tampoco el acuerdo con la SSA o la opinión jurídica con el Ejecutivo; ni hay transparencia con el proceso de creación que precisamente tampoco se ciñe a los protocolos que ha establecido la propia PGR”.

Mejía Berdeja consideró que dada la opacidad, la falta de transparencia, del hacinamiento de cuerpos y que la FGE no debe crear panteones sino resolver delitos, propuso exhortar al fiscal para que informe si las acciones emprendidas para la operación, arrendamiento y resguardo del Panteón Ministerial, cuentan con el respaldo, asistencia u opinión de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.Y si para la operación, arrendamiento y resguardo del Panteón Ministerial, se consultó por escrito a la Dirección General de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobierno; a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental; y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo.

Además que informe el acuerdo de cooperación entre la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Salud para la operación, arrendamiento y resguardo del Panteón Ministerial y exhiba la publicación de este acuerdo en periódico oficial del gobierno del estado; y si fue la FGE la que aportó los recursos presupuestarios para la contratación, construcción y arrendamiento de un Panteón Ministerial o en su defecto, cuál fue la instancia que aportó los recursos.

Así como las causas por las que los cuerpos siguen sin ser trasladados y por qué informa de manera recurrente de una probable doble actuación de la áreas de los Servicios Periciales.