Nueva reforma constitucional

Escrito por  Eduardo López Betancourt Sep 23, 2017

En primer lugar, mis obligadas condolencias a todas los mexicanos que perdieron seres queridos durante los trágicos sucesos de esta semana que está por concluir.

El tema a tratar en esta ocasión son las recientes reformas a la Constitución publicadas el pasado 15 de septiembre por decreto en el Diario Oficial de la Federación. Los cambios reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución, en materia de Justicia Cotidiana (Solución de Fondo del Conflicto y Competencia Legislativa sobre Procedimientos Civiles y Familiares).

En primer lugar, se ha modificado el párrafo primero del artículo 16, que ha establecido la histórica garantía de legalidad en sentido amplio. El texto de este artículo constituye uno de los pilares del régimen de seguridad jurídica en el Estado mexicano, en tanto prevé las garantías de legalidad que aseguran el derecho de toda persona a gozar de la esfera mínima requerida para el desarrollo de su personalidad, la cual comprende su libertad física, sus posesiones, el ámbito de su vida familiar y el domicilio.

El párrafo primero establece el reconocimiento de que toda persona tiene derecho a gozar de un ámbito propio, un ámbito personal mínimo que es, en principio, inviolable. Sin embargo, esta inviolabilidad no es absoluta, sino que el propio funcionamiento del sistema jurídico puede requerir que sea limitado. La Constitución denomina a las interferencias o intromisiones en el ámbito de inviolabilidad como actos de molestia. El Pleno de la Suprema Corte ha precisado que el acto de molestia es aquella afectación a la esfera jurídica del gobernado que sólo restringe de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos.

El nuevo texto del artículo 16 indica: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.”

Se ha adicionado la parte final del párrafo, que flexibiliza el formato en el que quede constancia de los actos de molestia. Por seguridad jurídica del gobernado, la Constitución había exigido que los actos de molestia dictados por autoridad constaran por escrito. Es decir aspectos cruciales, como la orden de aprehensión o de cateo, en materia penal, las visitas administrativas o fiscales, y en general cualquier injerencia en derechos de las personas, no podían efectuarse de “pura hablada”, es decir que no bastaba que la autoridad llegara y dijera tener la orden, sino que debía exhibir dicha orden por escrito, con requisitos diversos como la firma del funcionarios competentes.

Ahora, la reforma permite que en los juicios orales esto se flexibilice, y para promover la oralidad, se puedan autorizar actos de molestia de los que quede constancia, no por escrito, sino en cualquier otro medio, que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de los requisitos de legalidad del acto de molestia. Si bien esto puede justificarse por el fin de promover la oralidad, siempre habrá que tener cuidado y prevenir los abusos de las autoridades proclives a ello. El cambio constitucional debe entenderse como una flexibilización o cambio del formato de soporte del acto de molestia, de uno obligadamente en papel escrito a uno digital o electrónico, por ejemplo, pero no ha de entenderse en ningún sentido como flexibilización  de los requisitos de legalidad. A su vez, no debe malinterpretarse la idea de la constancia del acto de molestia, pues la orden por escrito no existía para dejar constancia de un acto ya realizado, sino para permitir la realización de uno futuro. De este modo, si se va a cambiar el soporte, no perder de vista en la interpretación que el registro del acto de molestia debe servir al ciudadano para enterarse del mismo previamente o en el mismo momento de su realización, con el fin de poder en su caso estar en posibilidades de defenderse jurídicamente. n