Una realidad vergonzosa

Escrito por  Esthela Damián Peralta Oct 11, 2017

Un informe que parece no haber sorprendido a casi nadie es el que recientemente dio a conocer Transparencia Internacional en materia de corrupción. El reporte informa que México presenta índices altos de corrupción en la prestación de servicios públicos, al encabezar la lista de sobornos que los ciudadanos reconocen haber pagado para obtenerlos.

En el informe Las personas y la corrupción: América Latina y El Caribe, elaborado a partir de encuestas aplicadas a 22 mil 302 personas de América Latina y el Caribe, Transparencia Internacional halló que el soborno es más común en México que en los 20 países de la región donde se aplicó el sondeo.

Y es que 51 por ciento de los mexicanos encuestados para la investigación indicaron haber pagado una mordida para tener acceso a un servicio público.

El organismo internacional indicó que los servicios por los que los mexicanos pagan soborno con más frecuencia se relacionan con escuelas, atención de la salud y documentación personal, con una proporción de gente que desembolsa mordidas que va de 33 a 39 por ciento.

Añade que entre 21 y 30 por ciento aceptaron haber pagado por servicios relacionados con la policía, y de 1 a 10 por ciento lo hicieron en casos vinculados con tribunales.

El director del capítulo de Transparencia Internacional en México, Eduardo Bohórquez, confirmó el nivel de deterioro institucional en las administraciones municipales y estatales que buscan hacerse de recursos adicionales por medio de los servicios que, por obligación, deben ofrecer.

Sostuvo que siendo México una federación, a nadie sorprende que las administraciones estatales y municipales soliciten sobornos para que se activen trámites y servicios que corresponden por legítimo derecho.

El especialista en temas de rendición de cuentas manifestó que este hecho, perfilado a la extorsión, pone a la población en un estado vulnerable porque se trata de sobornos para obtener servicios públicos como acceso al agua o a la justicia, que muchas familias no pueden negarse a efectuarlos.

El presidente de la Junta Directiva de Transparencia Internacional, José Ugaz, afirmó que la corrupción es un azote que lastima diariamente a personas comunes a lo largo del continente americano, con un aumento en los 12 meses previos a la encuesta.

En el caso particular mexicano, 61 por ciento de los consultados consideraron que la situación está peor que hace un año.

Dijo que no es ninguna sorpresa que la gente, a lo largo de la región, salga regularmente a las calles para protestar por la corrupción. Esta es una situación que se ha constatado en Brasil, Guatemala y República Dominicana. De hecho, siete de cada 10 ciudadanos están listos y dispuestos a participar en la lucha contra la corrupción.

De acuerdo con las estimaciones de esta organización, 25 por ciento de las personas que se encuentran en mejor situación económica en la región pagaron un soborno para acceder a servicios básicos, mientras que 30 por ciento de las personas más pobres también lo hicieron.

Sin embargo, como las personas pobres tienen menores ingresos disponibles, los pagos de mordidas pueden representar una carga absolutamente desproporcionada sobre sus limitados recursos.

Transparencia Internacional sostiene que en México hay un punto de quiebre en la sociedad, de hartazgo y molestia por estas prácticas de cohecho que han afectado duramente a la democracia.

En el Barómetro se muestra que 49 por ciento de los testimonios mexicanos manifestaron que es socialmente aceptable denunciar los casos de corrupción. El porcentaje más alto en esta pregunta lo obtuvo Colombia, con 75 por ciento de la muestra consultada.

A su vez, 74 por ciento de los nacionales consultados para el estudio consideraron que las personas comunes pueden hacer una diferencia en la lucha contra esta práctica ilegal.

Como lo expuso el director de Transparencia Mexicana, la corrupción y la impunidad son amenazas reales al modelo democrático. En paralelo, Transparencia Internacional sugirió un sistema judicial sólido, honesto y transparente para mantener el compromiso público contra el cohecho.

Ciertamente, la población desea ver que funcionarios públicos reciban las sanciones correspondientes por los delitos que hayan cometido. Si esto no ocurre, los ciudadanos se sentirán incluso más decepcionados con el sistema de gobernanza de su país, y esta energía positiva para el cambio podría desperdiciarse.

Otro de los informes que estos días llamaron la atención es el que dio a conocer la organización Borde Político, en el sentido de que sólo 12 de 128 senadores obtuvieron evaluación satisfactoria con respecto a su trabajo en una evaluación hecha a sus iniciativas, puntos de acuerdo, asistencias, “rol político”, influencia en redes sociales y su 3de3, entre otros criterios.

A la vez, 116 senadores (90 por ciento del total) obtuvieron una calificación menor a 60 puntos, e incluso hay legisladores que según la plataforma Borde-Score no han presentado ninguna iniciativa de manera individual en la 63 Legislatura. n