Justicia dirigida

Escrito por  Oct 13, 2017

En sesión del martes pasado, diputados locales rechazaron la cuenta pública 2015 correspondiente al periodo del ex gobernador Rogelio Ortega Martínez; la Auditoría General del Estado (AGE) detectó un presunto daño a la hacienda pública por 194 millones de pesos, en un proceso que, hasta donde quedó claro, no ha concluido.

Cuando diputados del mismo congreso pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y al Verde Ecologista de México revelaron irregularidades coincidentemente por 194 millones de pesos detectadas en auditoría realizada a la Capama, legisladores del PRD se lanzaron contra sus colegas acusándolos de llevar a cabo una guerra sucia contra la administración municipal de Acapulco, dando a conocer, adujeron, un auditoría que se encuentra en proceso todavía, es decir, no concluida aún. Ahora, al balconear al ex gobernador, nadie reparó en que la revisión a la cuenta pública permanece inconclusa todavía y que, si se sigue el mismo patrón observado en el caso de la Capama, es de entenderse que los 44 de los 45 diputados que aprobaron el rechazo, le están haciendo guerra sucia a Ortega Martínez.

La explicación reside no precisamente en la legalidad del punto, sino en que el edil acapulqueño, de filiación perredista, tiene quien lo defienda: la bancada perredista, en tanto el ex mandatario al no pertenecer a ningún partido, se encuentra en estado de orfandad, sin tener por consiguiente nadie que lo proteja.

Ya el PRD, que en su momento lo propuso desde la cúspide para sustituir a Ángel Aguirre Rivero, se le lanzó a la yugular avalando “totalmente el rechazo” a su cuenta pública; la dirigencia estatal parece cobrarle la factura cuando alega que Ortega Martínez gobernó muy distanciadamente del partido.

Pero no solamente los perredistas protegen a sus pupilos; igual ocurre con otros partidos, como el PRI, cuyos diputados locales salvaron de ir a prisión al su colega Saúl Beltrán Orozco, al que, acusado de haber cometido homicidio siendo presidente municipal de San Miguel Totolapan, lo salvaron de ir a prisión al hacer derrapar el juicio que debieron seguirle para desaforarlo, impidiendo que la Fiscalía General de Justicia le diera cumplimiento a la ley.

Así, no paga quien la debe, sino el que no tiene quien lo defienda.