¿Qué mujer tendrá la razón?

Escrito por  Isidro Bautista Soriano Oct 26, 2017

El caso de la activista Yndira Sandoval Sánchez no debe quedar impune, por lo que tiene que aclararse a la brevedad, y, además, haber castigo. El problema no es el hecho de que si estaba o no estaba pasada de copas, lo cual se ha convertido en el punto central de las redes sociales –particularmente en Guerrero– y, en mucho, en los medios de comunicación tanto impresos como electrónicos, como si se tratara de un linchamiento.

El delito de violación puede cometerse contra una persona que se halle o no se halle en estado etílico.

Aunque el Estado mexicano, concretamente el gobierno en sus tres niveles, tenga su prestigio por los suelos o carezca de credibilidad casi por completo entre la sociedad civil, al igual que los partidos y los políticos, el Ministerio Público debe investigar hasta en el último rincón de la escena en que se suscitaron los hechos.

Los cuerpos policiacos de los tres tipos de gobierno, en todo México, tienen entre la población en general una confianza casi nula, por el hecho de pensar en que hay nexos, de alguna manera, con el crimen organizado, y que por eso mismo pudieran actuar a su antojo, con absoluta impunidad ante cualquier persona, trátese de quien se trate.

Inclusive ha habido casos en el país de que miembros de la delincuencia andan vestidos con uniforme de policía para hacer de las suyas. No estamos señalando de esto a ningún municipio en específico, ni siquiera a los de Tlapa, donde ocurrieron los hechos.

En Iguala fueron pisoteados todos los protocolos por los policías municipales relacionados con lo sucedido a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Todas las autoridades superiores o equivalentes sabían de la dimensión que había cobrado ahí el crimen organizado, y nadie hizo nada.

Habrá que dejarse de comentarios fútiles o alejarse de la ola de especulaciones y descalificaciones ventiladas a favor o en contra de una u otra partes.

Finalmente la activista y la policía –señalada por aquélla de cometer en su agravio el delito de violación–, de nombre Claudia Juárez Gómez, tienen, por ley, los mismos derechos, y si no fuera el caso de Yndira Sandoval, por su carácter de activista de derechos humanos, la uniformada tendría hoy posiblemente el respaldo hasta de organizaciones defensoras de las mujeres si su contraparte fuera hombre. Sólo que aquí se topó con pared, y, además, por el hecho de ser de gobierno, está en posición de desventaja, aunque asegure ser madre de tres hijos y de temer por su empleo.

La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero o la que tiene carácter nacional deben también hacer lo que dé a lugar para investigar. No siempre el particular aporta los elementos jurídicos suficientes para concluir con una recomendación de destitución del cargo del servidor público acusado, como tampoco ambas instituciones, por sí mismas, encuentran los necesarios para solicitar en contra de éste hasta una acción penal.

¿Quién de las dos respetables mujeres tendrá la razón?

Lo ideal es que cada quien haga lo que ha derecho corresponda, y ya no litigar en los medios o redes sociales a punta de golpes mediáticos.

No se vale querer satanizar ni a una ni a la otra, dejándose llevar por las emociones o información manipulada en ambas partes, pues las organizaciones no gubernamentales o defensoras de las mujeres que están del lado de la activista dan hasta por ciertos sus dichos.

El Ministerio Público tiene que hacer su trabajo con pulcritud. Cabría la posibilidad de pensar en un fiscal especial –¿hombre o mujer?– pero con la capacidad profesional y la probidad suficientes para dar el caso como cerrado, una vez esclarecidos los hechos. El gobierno de Héctor Astudillo Flores fijó con toda oportunidad su postura al respecto, no obstante de que la parte acusada no pertenece a su administración.

El asunto que quede en las manos del Ministerio Público de tal forma que no pase a mayor escándalo, y que cada quien tenga su merecido, trátese de quien se trate. n

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