Coprera: juego sucio

Escrito por  Nov 09, 2017

Si bien los dos ataques al edificio de la Coprera, ubicado en Ejido y Calle 6, tienen visos de ilegalidad, la autoridad  se ha mostrado sorda y omisa, y con su indiferencia refuerza las acusaciones de intimidación que han planteado seguidores de Andrés Manuel López Obrador –dirigente nacional de Morena, aspirante a presidente de la República–, que utilizan el inmueble para sesionar.

Primero, el 12 de octubre, el Frente Progresista Guerrerense (FPG), creado para apoyar la candidatura de López Obrador a la Presidencia de la República, denunció que unos 60 militares allanaron sus oficinas en el edificio, mismas que dejaron cerradas luego de despojar de las llaves al vigilante; acto seguido, colocaron candados en una bodega de la agrupación.

El argumento de los militares es que iban acompañando a un individuo que no se identificó y que dijo llevar consigo una escritura proveniente de la notaría de la fallecida notaria Bella Hernández que lo avala como propietario de ese inmueble, pero en la acción no hubo ninguna autoridad civil, ni tampoco los militares llevaban ninguna orden judicial para proceder.

Jorge Luis Salas Pérez, presidente de la Unión Mercantil de Copreros, que posee la titularidad del inmueble; Isaías Arellano Maldonado y José Jaimes Requena, comisionado de Gestión Social del Frente, aseguraron que no hay ningún juicio sobre el edificio, mismo que se ha utilizado desde hace años para las sesiones de organizaciones sociales de izquierda y ahora del FPG.

Salas Pérez contó que acudió a la agencia del Ministerio Público, que está a unos pasos del inmueble, pero ahí se negaron a recibir la queja.

Luchadores sociales que integran el Frente señalaron que la Fiscalía General se ha negado a levantar una investigación.

El martes 7 de noviembre se repitió la arbitrariedad: armados, en vehículos oficiales y también en unidades particulares sin placas, una veintena de agentes de la Policía Ministerial arribaron al edificio e intentaron desalojar dos locales que son parte del inmueble y, tras no poder ingresar en él, porque tenía candado, colocaron sellos en la puerta principal y un segundo candado.

Más tarde, hasta el lugar llegó el fiscal regional de Acapulco, Francisco Quevedo de Astudillo, quien dijo a los representantes del Frente que corroboró en la Fiscalía, y no existe ninguna orden judicial para la actuación efectuada ahí, y que los sellos colocados eran apócrifos, por lo que procedería a retirarlos.

Abundan, pues, los indicios de que lo mismo militares que policías ministeriales están haciendo el trabajo sucio a un particular que, sin juicio judicial de por medio, aparentemente pretende apoderarse del inmueble, cuya titularidad fue concedida en sentencia favorable a Jorge Luis Salas Pérez, presidente de la Unión Mercantil de Copreros en 2012 ,mediante el único pleito legal que ha habido en torno al inmueble.

Otra posibilidad es que alguien, desde los sótanos del poder, esté moviendo la mano para intimidar a organizaciones sociales que, como el FPG, sesionan en el lugar, y más concretamente a seguidores de López Obrador, cuya preferencia entre los guerrerenses sigue creciendo de manera incesante, lo cual representa un peligro no para el PAN, el PRD y MC, que forman el Frente Ciudadano por México, sino para el PRI, que gobierna en el estado de Guerrero.

Si hasta ahora ni el alto mando de las fuerzas militares, ni la Fiscalía General del Estado han asumido la responsabilidad por los atropellos perpetrados por sus efectivos, alguien debería dar la cara, antes de que se cometa una tercera ilegalidad y que las arbitrariedades, de repetirse, pudieran provocar consecuencias más indeseables aun. n