La tarde de este martes, policías ministeriales colocaron sellos para impedir la entrada de personas a las instalaciones de la Coprera ubicada en la Av. Ejido. La tarde de este martes, policías ministeriales colocaron sellos para impedir la entrada de personas a las instalaciones de la Coprera ubicada en la Av. Ejido. Foto: Raúl Aguirre

Condena Morena la irrupción de agentes ministeriales en el edificio de la Coprera

Escrito por  Roberto Ramírez Bravo Nov 09, 2017

Marcial Rodríguez y Juan Carlos Manrique piden garantizar el derecho de reunión


El secretario general y el de Organización del partido Movimiento Regeneración Nacional en el estado, Marcial Rodríguez Saldaña y Juan Carlos Manrique García, condenaron la irrupción de policías ministeriales en el edificio de la Coprera, donde sesiona el Frente Progresista Guerrerense, y demandaron al gobernador Héctor Astudillo garantías para el derecho de reunión. 

Manrique García responsabilizó al gobierno del estado y al federal por lo que pudiera sucederle al dirigente del frente creado para apoyar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, Eloy Cisneros Guillén, pues señaló que hay un ataque sistemático a esta organización que sesiona en el edificio de la Coprera, pues en octubre irrumpieron militares y ahora policías ministeriales. 

Lo curioso, que evidencia la intención de golpear a la organización, dijo, es que la irrupción del martes ocurre apenas después de que en Chilpancingo el Frente organizó un gran acto por Andrés Manuel López Obrador, en el que estuvieron los líderes Alejandro Encinas, Jorge Alcocer y Carlos Sotelo.

Por ello, dijo que debe ofrecerse garantías a Eloy Cisneros, porque es quien está al frente del FPG. El 13 de octubre, militares irrumpieron por primera vez en la sede de la Coprera. Iban acompañando a un hombre que dijo ser hijo del fundador de la organización, Encarnación Ursúa, y se decía dueño del inmueble.

Sin un juicio de por medio, los militares amedrentaron a los que estaban en ese momento en el edificio, colocaron candados en una bodega y les quitaron las llaves de las oficinas. 

El martes, fueron policías ministeriales quienes irrumpieron con el propósito de desalojar el inmueble, ahora acompañando a otro individuo, que dijo llamarse Arturo Fonseca Soto y que le compró el edificio al hijo de Encarnación Ursúa. Rodríguez Saldaña exhortó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y a la representación local del Instituto Nacional Electoral para que se pronuncien sobre este caso, que –dijo– tiene una clara intención de vulnerar la voluntad popular y restringir el derecho de reunión. 

Recordó que la Fiscalía ya admitió que los sellos que los ministeriales colocaron en el edificio son apócrifos, lo cual estimó que demuestra que hay un hostigamiento para la organización, y pidió que se investigue a los ministeriales que participaron en la supuesta diligencia.