Silencio ominoso

Escrito por  Nov 11, 2017

Hasta el Congreso local trascendieron los ataques ocurridos en el edificio de la Coprera; la diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), María de Jesús Cisneros Martínez, abordó la tribuna para condenar los hechos y exigir el descubrimiento de la verdad, así como la aplicación de la ley.

Bien merece resaltar algunos planteamientos de la exposición de Cisneros Martínez, empezando por la actuación de efectivos del Ejército.

Reprochó la irrupción de soldados en el local donde sesiona el Frente Progresista Guerrerense, acto que señaló como arbitrario, excesivo e intimidatorio, aunque mediara –que no hubo– una orden judicial, porque los militares carecen de facultades para acciones de este tipo.

Tiene razón cuando afirma que el posterior arribo de policías ministeriales con intención de desalojar dos locales del inmueble y de ingresar al mismo denota que no se trata de ninguna equivocación.

La Policía Ministerial, está claro, es subordinada del Ministerio Público, que a su vez depende de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La llegada a la Coprera del fiscal regional de Acapulco, Francisco Quevedo de Astudillo, para declarar que los sellos colocados a la entrada por los ministeriales eran apócrifos y que procedería a retirarlos, no es suficiente, sino que lo debido sería indagar quién mandó a los policías, y proceder en su contra legalmente, más aun cuando reconoce que la actuación policiaca en ese caso no obedece a ninguna orden judicial.

Los ministeriales llegaron, pretendieron desalojar dos locales, quisieron entrar en el edificio y, al no poder, sellaron la entrada, colocaron un candado, se retiraron, y no ha pasado nada.

Y probablemente no suceda nada: la exigencia de la legisladora, de esclarecer lo sucedido, puede diluirse en el silencio y la impunidad, y dar margen a la creencia de que, efectivamente, se trata de una decisión gubernamental.

Tan posible es que los hechos no vayan más allá de los medios de comunicación, que ni el gobierno del estado, ni la Sedena, ni la Fiscalía General del Estado, se han ocupado del tema.

Tan usual es en Guerrero la transgresión de la ley que nada de raro tendría que un hecho más pase inadvertido, al ser parte de la cotidianidad. n