Violaciones in procedendo

Escrito por  Eduardo López Betancourt Nov 11, 2017

La Ley de Amparo vigente prevé que el juicio de protección de derechos humanos en la modalidad de amparo directo procederá contra sentencias definitivas en las cuales se hubieran violado las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso.

Estas violaciones a las leyes del procedimiento, con efecto en el resultado final de la resolución, que constituyen desbalances en el debido proceso, se han conocido por la doctrina como violaciones in procedendo. Para fines de prevenir interpretaciones difusas, la Ley de Amparo prevé un listado de estas violaciones, que sin embargo no es exhaustivo.

De acuerdo con el artículo 173 del ordenamiento, tras la reforma de junio de 2016, para el caso del sistema penal acusatorio, se considerará que se presentan estas violaciones cuando se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del órgano jurisdiccional actuante o se practique diligencias en forma distinta a la prevenida por la ley.

Igualmente, cuando el desahogo de pruebas se haga por una persona distinta a la autoridad judicial que deba intervenir, o intervenga en el juicio el órgano jurisdiccional que haya conocido del caso previamente.

Otros supuestos son la presentación no pública, contradictoria y oral de argumentos y pruebas en el juicio, salvo las excepciones previstas por la legislación procedimental aplicable, o la oportunidad para sostener, en igualdad de condiciones, la acusación o la defensa no hecha.

Una violación sustancial es la falta de respeto al derecho del imputado a declarar o guardar silencio, o que su declaración se obtenga mediante incomunicación, intimidación, tortura o sin presencia de su defensor, o cuando el ejercicio del derecho a guardar silencio se utilice en su perjuicio. En esos casos, cuando haya alegación de tortura, el propio órgano jurisdiccional debe investigar.

Igualmente, se considera violados los derechos cuando el órgano jurisdiccional reciba a una de las partes para tratar el asunto sujeto a proceso sin la presencia de la otra, salvo las excepciones previstas por la legislación procedimental aplicable.

De regreso sobre el imputado, cuando éste no sea informado, desde el momento de su detención en su comparecencia ante el Ministerio Público o ante el órgano jurisdiccional, de los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de extranjeros, que no se le haga saber o se le niegue el derecho a recibir asistencia consular de las embajadas o consulados del país del que sea nacional, salvo que haya declinado fehacientemente a este derecho.

La violación al derecho a la prueba significa que no se reciban al imputado los medios de prueba o pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, no se le conceda el tiempo para el ofrecimiento de pruebas o no se le auxilie para obtener la comparecencia de las personas de quienes ofrezca su testimonio en los términos señalados por la ley.

Igualmente, en el caso del amparo promovido por la víctima, se plantea que se considerarán violadas las leyes del procedimiento cuando no se hubieran respetado los derechos de la víctima y el ofendido en términos de la legislación aplicable.

En ocasiones se critica que los derechos humanos entorpecen la procuración de justicia. Esto es una opinión falaz, pues el deber de cumplirlos está fuera de discusión, pues en los tiempos actuales, cualquier violación puede devenir en responsabilidad internacional del Estado mexicano ante los órganos jurisdiccionales, como la Corte Interamericana. En tal medida, las autoridades deben cumplir escrupulosamente lo señalado en las leyes, pues si sus abusos o ineptitud se traducen en violaciones a derechos, un juez de amparo puede echar abajo el procedimiento y ordenar su reposición, lo que evidentemente supone perjuicios para la sociedad, pero no sería algo debido a los derechos humanos, sino a la ineptitud de las autoridades. n