Visitas estériles

Escrito por  Nov 13, 2017

Si se toma como experiencia los resultados de visitas hechas a Guerrero por otros representantes de organismos internacionales defensores de derechos humanos, no habría que cifrar muchas esperanzas en la que este sábado hizo Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.

Muchas han sido las visitas de defensores de derechos al igual que las intervenciones de sus organismos desde su centro de operaciones, pero la realidad no cambia, pues se encuentran con una autoridad cerrada, reacia a cumplir su función de hacer justicia.

Estos recorridos sirven, sí, como un vaso de agua para el sediento, como un paño de lágrimas, como una catarsis, para las víctimas de la violencia, pero no para satisfacer su clamor de justicia.

“Comunicaré lo que ustedes me digan a las autoridades de México. Haré extensiva sus propuestas y recomendaciones”, dijo en Tlatzala la experta a quienes se reunieron con ella, como si la justicia estuviera ausente porque la autoridad desconoce los problemas.

Se trata, pues, no de una labor coadyuvante para castigar excesos, sino de una lucha de víctimas y sus defensores contra un gobierno que, si bien los recibe y los escucha, en cuanto salen de la oficina, les da el portazo para no ocuparse más de ellos.

Unas 300 personas de pueblos originarios, habitantes del lugar, víctimas de violaciones a los derechos humanos y defensores estuvieron con la relatora, con quien hablaron durante seis horas, se desahogaron, se relajaron y adquirieron nuevos bríos, ánimo y energía para seguir tocando puertas para exigir que se corrijan los atropellos cometidos en su contra, traducidos en torturas, asesinatos, detenciones arbitrarias, desplazamientos forzosos, desapariciones forzadas, despojos de sus territorios, ataques, hostigamientos y criminalizaciones, así como la falta de acceso a derechos básicos, como la alimentación, salud y educación.

Si las observaciones hechas por esos organismos internacionales al gobierno se atendieran, casos como la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos no estuvieran pendiente de resolverse.

Si la autoridad fuera una autoridad justa, dedicada a aplicar la ley, ni necesidad habría de que vinieran los defensores de derechos humanos de otros ámbitos a restregarle su incumplimiento. n