Violencia, asignatura reprobada

Escrito por  Nov 15, 2017

Mala señal envía el gobierno a sus gobernados cuando declara públicamente que está haciendo su mejor esfuerzo para combatir la violencia o que está haciendo lo que le corresponde para abatirla, en tanto los asesinatos, salpicados del descubrimiento de fosas clandestinas, no dejan de constituir parte de la cotidianidad.

En realidad, no es la única señal que termina de incomodar y aumentar la preocupación y el malestar popular, pues ahí está la declaración de que no habrá cuartel militar en Chilapa, lo que equivale a desmentir al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien o se resbaló anunciando algo que no se tenía previsto o dio marcha atrás en lo que se consideraba una medida de apoyo a Guerrero.

Insistente ha sido el gobierno de la República en el sentido de que la mayoría de los delitos derivados de la violencia en la entidad corresponde al orden común, por lo que toca resolverlos al gobierno estatal, labor que compete a la Fiscalía General del Estado.

Pero lo que los guerrerenses reclaman no es que se esclarezcan precisamente los asesinatos, sino que se eviten ya, haciendo labor de prevención, trabajo en el que ni el Ejército, ni la Marina, ni la Policía Federal, han dado resultados que produzcan tranquilidad a los habitantes.

Otra señal ominosa: ayer, al comparecer ante el Congreso estatal con motivo de la glosa del Segundo Informe del gobernador, el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, dijo que no hay dinero para el combate a la inseguridad y que son pocos los policías estatales, mismos que, dijo, hacen funciones de policías municipales.

Hay más: este jueves 9, la secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Nybia Solís Peralta, indicó que las policías municipales siguen siendo las más retrasadas en materia de certificación; en el caso de Acapulco, hizo ver, 600 agentes no fueron certificados, y habrá que liquidarlos; no obstante, el alcalde Evodio Velázquez, ha sido reiterativo en cuanto a que su gobierno está haciendo lo que le corresponde en materia de seguridad.

En el Congreso, la opinión que se tiene del fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, el encargado de perseguir y encerrar a los delincuentes para someterlos a proceso, no es favorable.

En sesión del 18 de agosto, el diputado Ricardo Mejía Berdeja manifestó que existe una solicitud de juicio político contra el titular de la Fiscalía, al señalar que ha violado de manera constante la ley. Acusó que “el fiscal estatal no procura justicia, procura impunidad”.

Son estas las cartas con que el gobierno combate la inseguridad y la violencia.