La Jornada Guerrero - Elementos filtrados por fecha: Viernes, 13 Octubre 2017

La definición de juicio se da en el artículo 348 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De acuerdo con éste, el juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Es evidente que deberán regir aquí con toda su intensidad los principios acusatorios, así como la inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad.

Respecto al desarrollo del debate, la audiencia será dirigida por el juez que preside. A él le corresponderá llevar la secuencia procesal, tomando las decisiones correspondientes; ordenará y autorizará las lecturas pertinentes, hará las advertencias que correspondan, tomará las protestas legales y moderará la discusión; impedirá intervenciones impertinentes o que no resulten admisibles, y resolverá las objeciones que se formulen durante el desahogo de la prueba.

Este mismo juzgador presidente tendrá a su cargo la disciplina en la audiencia. Para esto, solicitará al tribunal de enjuiciamiento, o a los asistentes, el respeto y las consideraciones debidas, corrigiendo en el acto las faltas que se cometan, para lo cual podrá aplicar medidas como apercibimiento, multas, expulsión de la sala de audiencia, arresto o desalojo público de la sala de audiencia.

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Sábado, 14 Octubre 2017 00:05

La nueva reconstrucción

La decisión gubernamental de entregar dinero directamente a los damnificados por el huracán Max y el sismo del 19 de septiembre, para que sean ellos mismos los que reconstruyan sus viviendas, debería ser sopesada cuidadosamente antes de ponerla en práctica.

La medida tiene su origen en los problemas asociados a la reconstrucción de Guerrero derivada de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, que si tuvo incumplimientos, no fue precisamente porque el programa estuviera mal diseñado, sino porque el gobierno no fue minucioso en las labores de supervisión.

Nada garantiza que el hecho de poner el dinero en manos de los afectados se lleve a cabo de la mejor manera, y si en la ejecución del Plan Nuevo Guerrero hubo prácticas de corrupción en sus diversas modalidades, los perjudicados por Max y el temblor también pueden hacer mal uso del recurso, si no se crea un procedimiento que los revise constantemente y verifique cabalmente el cumplimiento de objetivos.

Habrá que recordar tiempos aquellos en que el Banrural, por medio de sus agentes, acudía a las comunidades a entregar en manos de campesinos los créditos en dinero para la siembra y cultivo propio de la temporada de lluvias.

En el mismo sitio en que se repartía el dinero, los campesinos comenzaban a comprar cerveza hasta por cartones; se emborrachaban y al día siguiente amanecían sin moneda alguna.

Hoy en día, no parece tener mucho peso la postura gubernamental de que “quien reconstruya su casa va a tener la gloria de su familia y de su pueblo, porque viven en comunidad; la gente va a ver, va a decir: le dieron dinero, e hizo su casa, y el que no lo haga, pues va a tener la deshonra frente a su pueblo y más con su familia”.

Desafortunadamente, no pocos son los que no se interesan en obtener la gloria de su familia, ni la de su pueblo, ni les preocupa cargar con la deshonra por el incumplimiento.

Tiene lógica, sí, aquello de que la autoconstrucción fomentará el empleo local en el pueblo, la compra de materiales en lugares cercanos, y el ánimo de ir reconstruyendo la casa en la medida de lo posible como los damnificados; no obstante, si no se define un mecanismo de supervisión y cumplimiento adecuado y eficaz, las buenas intenciones podrían dar al traste. n

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Confirma el secretario general del ayuntamiento el proceso contra el edil capitalino

La Ley Orgánica del Legislativo obliga dar trámite a todos los denunciados, expone Morlet Berdejo


Chilpancingo, 13 de octubre. El secretario general del ayuntamiento de Chilpancingo, Jesús Vargas, informó que se inició el proceso de revocación del alcalde capitalino, Marco Antonio Leyva Mena, pero rechazó que sea este martes cuando diputados aprueben dicha revocación, “sería ilegal”.

En conferencia de prensa, el secretario general del Ayuntamiento capitalino y el abogado externo Gustavo Adolfo Morlet Berdejo respondieron a la información publicada en varios medios de comunicación sobre la revocación del mandato de Leyva Mena.

Aunque admitieron que sí existe el proceso de juicio de revocación de mandato, aseguraron que los diputados deben aplicar la ley y hacer todo el procedimiento que señala un juicio de revocación de mandato, como es otorgar la garantía del alcalde de exponer todas las pruebas a favor de su defensa. Dicho plazo es de cinco días naturales, mismos que vencen este domingo.

Sin embargo, dijo que a partir de que entreguen las pruebas a favor del Leyva Mena, se tiene otro tiempo para el desahogo de cada una de las pruebas, por lo que podría prolongarse el juicio.

“No se puede dictaminar hasta que no se desahoguen esas pruebas, los diputados que son los que dan forma al marco legal no van a violar sus propias leyes”, manifestó el Morlet Berdejo.

Asimismo el abogado llamó “ignorante o actuó de mala fe”, la fuente que reveló la información sobre la revocación del mandato, pues aseguró que el martes el Congreso no puede dictaminar ni a favor, ni en contra “porque su propia Ley Orgánica del Poder Legislativo obliga al Congreso a dar trámite a todos los denunciados”.

Sin embargo, dijo que en caso de que así sea y el martes se revoque a Leyva Mena “estarían vulnerando la legislación actual” y en tal caso “el alcalde puede apegarse al beneficio del amparo”.

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Denuncia el Frente Progresista de Guerrero actitudes intimidatorias del Ejército

Se presentan soldados sin orden judicial, acompañando a un civil, presunto dueño del inmueble


El Frente Progresista Guerrerense, creado para apoyar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, denunció que unos 60 militares allanaron sus oficinas en el edificio de la Coprera, en Ejido y Calle 6, le quitaron las llaves al vigilante y las dejaron cerradas, y colocaron candados en una bodega de la agrupación.

El argumento que ofrecieron los militares es que iban acompañando a un individuo que no se identificó y que dijo llevar consigo una escritura proveniente de la notaría de la fallecida notaria Bella Hernández que lo avala como propietario de ese inmueble, pero en la acción no hubo ninguna autoridad civil ni tampoco los militares llevaban ninguna orden judicial para proceder.

En conferencia de prensa, los integrantes del FPG, Jorge Luis Salas Pérez, presidente de la Unión Mercantil de Copreros, que posee la titularidad del inmueble, Isaías Arellano Maldonado y José Jaimes Requena, comisionado de Gestión Social del Frente, denunciaron que la acción tiene tintes intimidatorios, porque no hay ningún juicio sobre el edificio, y en cambio en ese lugar se ha utilizado desde hace años para las sesiones de organizaciones sociales de izquierda y ahora del FPG.

Salas Pérez relató que los hechos ocurrieron entre las 12 y las 13 horas del miércoles 12 de octubre. Ya se había retirado, dijo, de las instalaciones para dirigirse a Coyuca de Benítez, donde vive, cuando recibió una llamada de alguien que le avisó que en el edificio de la Coprera había militares que estaban tratando de romper las cerraduras.

Regresó, dijo, y los encaró, pero los soldados, entre ellos uno de alto rango, le dijeron que solo iban acompañando a un hombre que dijo ser hijo de Florencio Encarnación Ursúa, el fundador de la Unión Mercantil y que traía una escritura a su nombre. Precisó que Encarnación Ursúa nunca fue dueño del edificio, que perteneció siempre a la Unión, ni hay un pleito judicial vigente por el inmueble, ya que el único que hubo terminó en 2012 con sentencia favorable para la agrupación.

Salas Pérez contó que los soldados se introdujeron por todo el edificio y por el patio. Entonces acudió a la agencia del Ministerio Público, que está a unos pasos del inmueble, pero ahí se negaron a recibir la queja alegando que no había policías disponibles, y luego, la titular le pedía que así como el individuo desconocido mostraba una escritura, que él mostrara la suya para ver cuál era la buena.

“Yo le dije que ella no era ningún juez, que ese asunto, si había algún litigio, tendrá que dirimirse ante un juez, yo solo acudía por el allanamiento que estaba ocurriendo en esos momentos”, pero no le hicieron caso. Más tarde, dijo, presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque en la estatal, que dirige Ramón Navarrete Magdaleno, no se la quisieron recibir.

Los soldados, junto con un grupo de civiles que acompañaba al supuesto hijo de Encarnación Ursúa, se retiraron cuando vieron que empezaron a llegar miembros del Frente, pero dejaron los candados.

Arellano Maldonado señaló que parece que se trata de un acto intimidatorio y criticó la acción de las Fuerzas Armadas pues recordó que ellos no están facultados para actuar como policías, menos en un conflicto entre particulares, si fuera el caso. En tanto, Jaimes Requena señaló que ha habido una serie de acciones contra el Frente lopezobradorista, entre las cuales mencionó que en febrero pasado les fue dejada una cartulina con amenazas de que debían entregar una cierta cantidad para poder trabajar sin ser molestados; o que una hija de Arellano Maldonado, quien era dirigente del PRD municipal y renunció a ese partido para integrarse en el Frente, fue despedida del Ayuntamiento cuando este hizo su renuncia; entre otras.

Anunciaron que este lunes presentarán una denuncia ante la agencia del Ministerio Público Federal.

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