Lamentan organizaciones sociales falta de justicia por los feminicidios en el estado

Familiares y amigos despiden a Diana Paulina en Chilapa; perdonan a los responsables del crimen


Tlapa, 22 de noviembre. Organizaciones sociales de mujeres de La Montaña y el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, condenaron el asesinato de la niña que fue encontrada en el municipio de Chilapa, además lamentaron que el gobierno del estado no ha generado condiciones de seguridad y no se haya hecho justicia por los múltiples casos de feminicidios que se han registrado en Guerrero.

La abogada de Tlachinollan, Neil Arias, aseguró que existe una preocupación de las organizaciones de derechos humanos por los altos niveles de violencia que se registran en el estado, siendo que Guerrero ocupa el lugar número uno en el porcentaje nacional con mayor número de asesinatos dolosos.

“Nosotros consideramos que el estado no ha tenido voluntad para brindar mayor protección y tener mayor reacción cuando se presenta un caso de desaparición

Destacó que, a pesar de que en julio de este año, se decretó la alerta de género por los altos números de feminicidios y desapariciones de mujeres, pero que no se ha observado la voluntad política para garantizar la seguridad de las mujeres y niñas.

“Estamos muy consternados por el caso de la niña encontrada muerta en Chilapa, también nos preocupa la notable indolencia por parte de las autoridades de la justicia, desde el momento en que se denunció la desaparición y se da la alerta Amber, se tuvo que generar un protocolo de búsqueda especializado, no hemos visto el trabajo especializado de la policía o una investigación, nada de esto se hace”, subrayó.

Resaltó que para estos casos de desaparición, han sido las propias familias quienes toman la iniciativa ante la ineficiencia de las autoridades de seguridad, y son los propios familiares quieren hace la reconstrucción de los hechos, indagan o acuden a los lugares o recorren caminos siguiendo pistas.

Buscaba el EAAF identificar a desaparecidos de Chilapa, Zitlala y Atlixtac

El vocero del GCG afirmó que la emergencia se presentó porque los expertos movieron cadáveres

La emergencia ya estaba presente antes de que llegaran, reviran los argentinos y el Centro Morelos


Chilpancingo, 20 de noviembre. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) suspendió el trabajo pericial que efectuaba para identificar a posibles integrantes del grupo de desaparecidos de Chilapa, Siempre Vivos, por la contingencia sanitaria que persiste en el Servicio Médico Forense (Semefo), de Chilpancingo. 

El 6 de noviembre el EAAF comenzó con la segunda etapa de identificación de restos de nueve personas que podrían ser los que buscan los familiares de Chilapa. 

Los argentinos sólo pudieron trabajar durante nueve días, hasta el 14 de noviembre, cuando la contingencia sanitaria en el Semefo de Chilpancingo se agudizó. 

Ese día, 500 trabajadores de la Fiscalía General de Estado (FGE) suspendieron labores por los intensos olores de los cadáveres. Atrás de la FGE están las instalaciones del Semefo.

Ahí llegan los cuerpos de los crímenes sobre todo de la capital y de Chilapa. En ambos municipios, hasta octubre de este año, han asesinado a unas 200 personas, es decir 400 cuerpos, la mayoría están sin reclamar. 

El director de Semefo, Ben Yehuda Martínez Villa, ha dicho que son 400 los cuerpos que hay de más en las instalaciones de Chilpancingo; su capacidad es para resguardar unos 250 cadáveres. 

Silencio ominoso

Nov 24, 2017

Hasta el Congreso local trascendieron los ataques ocurridos en el edificio de la Coprera; la diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), María de Jesús Cisneros Martínez, abordó la tribuna para condenar los hechos y exigir el descubrimiento de la verdad, así como la aplicación de la ley.

Bien merece resaltar algunos planteamientos de la exposición de Cisneros Martínez, empezando por la actuación de efectivos del Ejército.

Reprochó la irrupción de soldados en el local donde sesiona el Frente Progresista Guerrerense, acto que señaló como arbitrario, excesivo e intimidatorio, aunque mediara –que no hubo– una orden judicial, porque los militares carecen de facultades para acciones de este tipo.

Tiene razón cuando afirma que el posterior arribo de policías ministeriales con intención de desalojar dos locales del inmueble y de ingresar al mismo denota que no se trata de ninguna equivocación.

La Policía Ministerial, está claro, es subordinada del Ministerio Público, que a su vez depende de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Se dispuso un operativo conjunto de Policía Estatal, Policía Federal y Ejército: vocero

Un centenar de personas efectuaron bloqueos intermitentes para exigir que liberen a 49 comunitarios


Chilpancingo, 28 de octubre. Después de una intensa negociación que sostuvo el subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, Martín Maldonado, apoyado por personal de la Fiscalía General del Estado, con los comisarios de nueve comunidades, se acordó la liberación pacífica de la carretera federal, que mantenían bloqueada en la localidad de Mezcala, municipio de Eduardo Neri.

El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, señaló que se dispuso un operativo conjunto con la Policía Estatal, Policía Federal y el Ejército, que se trasladó al punto del bloqueo en espera de que los servidores públicos concluyeran el diálogo con quienes protestaban con el cierre total de la vía federal, que inició minutos después de la una de la tarde y terminó a las 15:15 horas.

Aproximadamente un centenar de individuos exigieron la liberación de 49 personas, que el jueves pasado incursionaron armadas en Zumpango del Río, y las cuales fueron puestas a disposición de la Procuraduría General de la República para que sea esta instancia la que determine su situación legal.

Los inconformes, en su mayoría familiares o conocidos de los detenidos, establecieron bloqueos intermitentes en la carretera federal durante parte de la mañana.

Perplejo aún, sin recuperarse del todo del impacto que le causó la noticia del asesinato de su compañero el luchador social Ranferi Hernández Acevedo, Eloy Cisneros Guillén reclama que la Fiscalía General del Estado (FGE) investigue a fondo y cuanto antes el caso.

Si mataron a Ranferi, dice enfático el luchador social, ¿qué esperamos otros compañeros que estamos luchando por democracia, por los derechos humanos?

Entre los impulsores de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República por Morena cunde la extrañeza de que en cuestión de horas de diferencia, promotores de AMLO hayan sufrido dos actos violentos que consideran intimidatorios.

El día 13, unos 60 militares allanaron oficinas en el edificio de la Coprera, en Ejido y Calle 6, donde sesiona el Frente Progresista Guerrerense (FPG), le quitaron las llaves al vigilante y las dejaron cerradas, y colocaron candados en una bodega de la agrupación.

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