Hay intención de generar mayor temor en las fuerzas democráticas: Camilo Valenzuela

Llama el luchador social a la sociedad civil del estado a expresar su repudio a estas acciones


La incursión del Ejército primero, y luego de policías ministeriales en el edificio de La Coprera, donde sesionan las organizaciones del Frente Progresista Guerrerense forman parte de “un plan contrainsurgente de ir acelerando la guerra sucia, y profundizar el componente político en el baño de sangre que vive Guerrero”, afirmó el ex presidente del Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrático y líder nacional de la Red de Izquierda Revolucionaria –Movimiento de Liberación Nacional (Redir-MLN), Camilo Valenzuela Fierro. 

El luchador social afirmó que “este proceso de creciente barbarie y el escalamiento de la guerra sucia de asesinar luchadores sociales y usar abiertamente a los cuerpos policiacos federales y estatales, habla de que hay una intención de generar mayor temor, mayor represión hacia las fuerzas democráticas que tratamos de sacar adelante el rumbo del país”, afirmó en entrevista telefónica. 

Camilo Valenzuela estuvo presente en Acapulco el día en que se constituyó el Frente Progresista Guerrerense en el auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero, donde varias organizaciones sociales definieron dar la lucha por la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador. 

Silencio ominoso

Nov 22, 2017

Hasta el Congreso local trascendieron los ataques ocurridos en el edificio de la Coprera; la diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), María de Jesús Cisneros Martínez, abordó la tribuna para condenar los hechos y exigir el descubrimiento de la verdad, así como la aplicación de la ley.

Bien merece resaltar algunos planteamientos de la exposición de Cisneros Martínez, empezando por la actuación de efectivos del Ejército.

Reprochó la irrupción de soldados en el local donde sesiona el Frente Progresista Guerrerense, acto que señaló como arbitrario, excesivo e intimidatorio, aunque mediara –que no hubo– una orden judicial, porque los militares carecen de facultades para acciones de este tipo.

Tiene razón cuando afirma que el posterior arribo de policías ministeriales con intención de desalojar dos locales del inmueble y de ingresar al mismo denota que no se trata de ninguna equivocación.

La Policía Ministerial, está claro, es subordinada del Ministerio Público, que a su vez depende de la Fiscalía General del Estado (FGE).

No se trató de una equivocación o un acto aislado, dice María de Jesús Cisneros


Chilpancingo, 9 de noviembre. Diputados de Morena, PRD y PRI debatieron sobre las agresiones a luchadores sociales.

La diputada de Morena acusó a los gobiernos federal y estatal de orquestar una campaña contra los activistas, mientras que el PRD aseguró que la violencia en el estado es culpa de la misma sociedad y el PRI aseguró que hoy más que nunca se ha respetado el diálogo y los acuerdos. 

En la sesión de este jueves, la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, lamentó que el gobierno de Héctor Astudillo Flores no haya sido la excepción en la persecución histórica en Guerrero a líderes de organizaciones sociales y políticas de oposición. 

Dijo que son “innumerables” los agravios contra la oposición y contra la libertad de expresión para repudiar prácticas políticas de antaño, como el cacicazgo y la corrupción. “La manifestación de la ideas, el derecho de reunión y tomar parte en las decisiones fundamentales de la nación son prerrogativas constitucionales, derechos fundamentales que las instituciones deben garantizar en lugar de violar”, planteó. 

Marcial Rodríguez y Juan Carlos Manrique piden garantizar el derecho de reunión


El secretario general y el de Organización del partido Movimiento Regeneración Nacional en el estado, Marcial Rodríguez Saldaña y Juan Carlos Manrique García, condenaron la irrupción de policías ministeriales en el edificio de la Coprera, donde sesiona el Frente Progresista Guerrerense, y demandaron al gobernador Héctor Astudillo garantías para el derecho de reunión. 

Manrique García responsabilizó al gobierno del estado y al federal por lo que pudiera sucederle al dirigente del frente creado para apoyar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, Eloy Cisneros Guillén, pues señaló que hay un ataque sistemático a esta organización que sesiona en el edificio de la Coprera, pues en octubre irrumpieron militares y ahora policías ministeriales. 

Lo curioso, que evidencia la intención de golpear a la organización, dijo, es que la irrupción del martes ocurre apenas después de que en Chilpancingo el Frente organizó un gran acto por Andrés Manuel López Obrador, en el que estuvieron los líderes Alejandro Encinas, Jorge Alcocer y Carlos Sotelo.

Por ello, dijo que debe ofrecerse garantías a Eloy Cisneros, porque es quien está al frente del FPG. El 13 de octubre, militares irrumpieron por primera vez en la sede de la Coprera. Iban acompañando a un hombre que dijo ser hijo del fundador de la organización, Encarnación Ursúa, y se decía dueño del inmueble.

Si bien los dos ataques al edificio de la Coprera, ubicado en Ejido y Calle 6, tienen visos de ilegalidad, la autoridad  se ha mostrado sorda y omisa, y con su indiferencia refuerza las acusaciones de intimidación que han planteado seguidores de Andrés Manuel López Obrador –dirigente nacional de Morena, aspirante a presidente de la República–, que utilizan el inmueble para sesionar.

Primero, el 12 de octubre, el Frente Progresista Guerrerense (FPG), creado para apoyar la candidatura de López Obrador a la Presidencia de la República, denunció que unos 60 militares allanaron sus oficinas en el edificio, mismas que dejaron cerradas luego de despojar de las llaves al vigilante; acto seguido, colocaron candados en una bodega de la agrupación.

El argumento de los militares es que iban acompañando a un individuo que no se identificó y que dijo llevar consigo una escritura proveniente de la notaría de la fallecida notaria Bella Hernández que lo avala como propietario de ese inmueble, pero en la acción no hubo ninguna autoridad civil, ni tampoco los militares llevaban ninguna orden judicial para proceder.

Jorge Luis Salas Pérez, presidente de la Unión Mercantil de Copreros, que posee la titularidad del inmueble; Isaías Arellano Maldonado y José Jaimes Requena, comisionado de Gestión Social del Frente, aseguraron que no hay ningún juicio sobre el edificio, mismo que se ha utilizado desde hace años para las sesiones de organizaciones sociales de izquierda y ahora del FPG.

Salas Pérez contó que acudió a la agencia del Ministerio Público, que está a unos pasos del inmueble, pero ahí se negaron a recibir la queja.

Luchadores sociales que integran el Frente señalaron que la Fiscalía General se ha negado a levantar una investigación.

El martes 7 de noviembre se repitió la arbitrariedad: armados, en vehículos oficiales y también en unidades particulares sin placas, una veintena de agentes de la Policía Ministerial arribaron al edificio e intentaron desalojar dos locales que son parte del inmueble y, tras no poder ingresar en él, porque tenía candado, colocaron sellos en la puerta principal y un segundo candado.

Más tarde, hasta el lugar llegó el fiscal regional de Acapulco, Francisco Quevedo de Astudillo, quien dijo a los representantes del Frente que corroboró en la Fiscalía, y no existe ninguna orden judicial para la actuación efectuada ahí, y que los sellos colocados eran apócrifos, por lo que procedería a retirarlos.

Abundan, pues, los indicios de que lo mismo militares que policías ministeriales están haciendo el trabajo sucio a un particular que, sin juicio judicial de por medio, aparentemente pretende apoderarse del inmueble, cuya titularidad fue concedida en sentencia favorable a Jorge Luis Salas Pérez, presidente de la Unión Mercantil de Copreros en 2012 ,mediante el único pleito legal que ha habido en torno al inmueble.

Otra posibilidad es que alguien, desde los sótanos del poder, esté moviendo la mano para intimidar a organizaciones sociales que, como el FPG, sesionan en el lugar, y más concretamente a seguidores de López Obrador, cuya preferencia entre los guerrerenses sigue creciendo de manera incesante, lo cual representa un peligro no para el PAN, el PRD y MC, que forman el Frente Ciudadano por México, sino para el PRI, que gobierna en el estado de Guerrero.

Si hasta ahora ni el alto mando de las fuerzas militares, ni la Fiscalía General del Estado han asumido la responsabilidad por los atropellos perpetrados por sus efectivos, alguien debería dar la cara, antes de que se cometa una tercera ilegalidad y que las arbitrariedades, de repetirse, pudieran provocar consecuencias más indeseables aun. n

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