Cumplidos ayer cuatro años del asesinato de la dirigente social Rocío Mesino Mesino, no hay ningún resultado tendiente a esclarecer el homicidio y a castigar a los responsables.

Ex regidora de Atoyac y dirigente en su momento de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Mesino Mesino fue asesinada a balazos a plena luz del día por dos sujetos en el puente de Mexcaltepec, comunidad de ese municipio, cuando encabezaba los trabajos de reconstrucción después de los meteoros Ingrid y Manuel.

La Fiscalía General del Estado se encuentra con las manos vacías.

En conferencia de prensa ofrecida el martes pasado por la hermana de la víctima, Norma Mesino, y las abogadas Natalia Pérez y Valeria Moscoso, de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, informaron que el caso será turnado a la fiscalía especial para agravios a defensores de derechos humanos y periodistas dependientes de la Secretaría de Gobernación, determinación tomada durante una reunión que sostuvieron con el fiscal general Xavier Olea Peláez.

Para el defensor de derechos humanos Javier Morlett Macho, hay razones para creer que el caso nunca se va a resolver; al pasar los años, puntualiza, las líneas de investigación del crimen se van diluyendo y eso complica una investigación puntual.

Derivado de las críticas arreciadas, de hace poco más de tres meses, los diputados de la fracción priísta, particularmente aquellos identificados como parte del grupo político de un ex presidente municipal, exigieron la realización de una auditoria dirigida a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama) y directamente al periodo de gobierno del actual alcalde Evodio Velázquez Aguirre.

En aquel entonces, y en el afán de que a la ciudadanía se le brindara una información veraz, justa, honesta y alejada de cualquier tinte de oportunismo, aquí señalamos que la auditoria  abarcara todos los titulares de dicha paramunicipal, pues es bien sabido que a esta noble institución la han saqueado inmisericordemente de tal forma que la tienen al borde de un quebranto financiero lastimoso.

El abuso exagerado, la corrupción terrible y la impunidad complaciente han tenido a Capama trastocada en su operación y hundida en una crisis económica severa.

Sostuvimos entonces, previo al hecho de que el Congreso local aprobara la realización de la citada auditoría, que ésta fuera integral, ya que ello daría oportunidad de juzgar la actuación de cada directivo. Esto significaría un acontecimiento contundente en materia  de transparencia, y así poder conocer los largos periodos de abusos y corruptelas, con nombres y apellidos de todos los responsables.

Campesinos sólo pedían incrementar el precio de compra, recuerda Jorge Salas Pérez

Familiares y supervivientes recordaron el hecho con una proyección de fotos inéditas; reclaman justicia

El 20 de agosto de 1967 murieron al menos 35 personas y 150 resultaron heridas en el ataque


La mañana del 20 de agosto de 1967, al menos 35 personas murieron en Acapulco y 150 más resultaron heridas, cuando productores de copra fueron recibidos a balazos por pistoleros bajo el mando del cacique Rosendo Ríos Rodríguez, con la protección de policías judiciales, en el edificio de la Unión Mercantil de Productores de Coco, en el ex ejido de la Santa Cruz, ahora avenida Ejido, esquina con calle 6, al poniente de la ciudad, hasta donde marcharon desde Costa Grande, para exigir un mejor precio para la copra.

En la balacera murieron mujeres, hombres de campo, un niño que vendía paletas.

Este sábado, familiares y campesinos que sobrevivieron a la masacre, recordaron el hecho con una proyección de fotografías inéditas y el reclamo unánime que recalcaron, es ya común en el estado de Guerrero, debido a la falta de castigo a los perpetradores de matanzas de quienes luchan y exigen mejores condiciones de vida.

A 50 años de aquella mañana de domingo, el coprero Jorge Salas Pérez recordó que los campesinos y productores marcharon desde Coyuca de Benítez para exigir aumento de 3 centavos por kilogramo de coco, pues los acaparadores se los compraban en 50 centavos.

Desde las horas siguientes a la masacre y hasta a la fecha, la exigencia de castigo sigue vigente.

La acusación es la misma, el Estado fue cómplice del asesinato, con la intervención del gobernador Raymundo Abarca Alarcón, quien solapó que caciques de la región fijaran los precios de la producción en el campo.

En fotografías proyectadas en un recinto del edificio de la Coprera, se constata la participación del Ejército mexicano para proteger a los perpetradores del hecho.

Otras imágenes muestran cadáveres sobre la avenida Ejido y lo que es ahora la Calle 6 de la colonia Bella Vista.

En su narración de los hechos, Salas Pérez expresó que “es una triste historia que no se va a olvidar”, y recordó que en la década de los 50 y 60 del siglo pasado, la palmera de coco era como el oro para los campesinos.

Explicó que “se acordó buscar a mejores compradores, por eso se conformó la Unión Mercantil de Productores de Coco”.

Del día de la matanza, reseñó que la marcha en la que participaban decenas de productores era pacífica, para pedir el incremento de tres centavos por kilo de coco.

Manifestó que “la marcha venía por Ejido, sin consignas ni agresividad, era gente extremadamente pasiva. El gobierno se camufló con los caciques”, y enfatizó que la autoridad sabía que había una asamblea, a la que se había convocado con tres días de anticipación.

Salas Pérez lamentó que nadie fue castigado, mientras se proyectó la imagen del niño vendedor de paletas tirado sobre el asfalto.

Señaló que “elementos del Ejército mexicano ayudaron a sacar a los pistoleros para que no los lincharan, y se los llevaron a ex zona militar, en Hornitos”.

El todavía productor de coco y de mango, mencionó que “es doloroso que pasaran estas cosas. Según mis investigaciones murieron más de 100 personas, 35 de ellas aquí en la balacera, otros en sanatorios, sus familiares no querían venir de Costa Chica y Costa Grande por temor a que los mataran”.

Don Jorge Salas concluyó su participación pensativo, al expresar que “la historia triste sigue y sigue”.

En la entidad no hay interés en crear órganos de justicia eficientes, reclama Ina Zoon

Los homicidios van al alza a pesar de las estrategias de seguridad, critica la activista en Acapulco

Presenta la portavoz para AL el informe Atrocidades innegables: crímenes de lesa humanidad


El estado de Guerrero se ha convertido en cuna de la impunidad, sentenció la representante de la fundación Sociedad Abierta Iniciativa de Justicia, Ina Zoon, en la presentación del informe Atrocidades innegables: crímenes de lesa humanidad, quien subrayó que en la entidad no existe interés oficial en terminar con la impunidad, ni crear órganos de justicia eficientes, que castiguen a los responsables de los delitos.

La representante para América Latina de esta organización promotora de los derechos humanos, indicó que de nada ha servido la estrategia aplicada por el gobierno federal desde septiembre de 2016, con el objetivo de disminuir los hechos delictivos en los cinco municipios más violentos de Guerrero –Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Coyuca de Benítez e Iguala–, pues los homicidios simplemente van a la alza.

En la presentación del informe Atrocidades innegables: crímenes de lesa humanidad, efectuado en el contexto del octavo aniversario del asesinato del legislador perredista Armando Chavarría Barrera, efectuado en la Universidad Loyola, Ina Zoon señaló que existen más quejas por violaciones a las garantías ocurridas en Guerrero interpuestas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en la propia Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, lo que habla de la confianza de la ciudadanía en las instituciones locales.

Ina Zoon mencionó que el balance de la estrategia aplicada contra la inseguridad es negativo.

Cuestionó que sean la policía federal y los militares quienes estén al frente del combate a la violencia en el estado, cuando el resultado es mayor violencia.

Manifestó que “¿Cuáles son las ventajas?, hay más violencia”, y advirtió que el caso de Guerrero podría ser utilizado como argumento para una posible intervención armada de Estados Unidos, pues la violencia no puede ser combatida con más violencia.

La activista puntualizó que salvo 2015, de 2011 a la fecha Guerrero ocupa los primeros lugares de cifras de violencia, específicamente en el caso de homicidios dolosos, delito para el que recalcó, no existe castigo, pues 94.1 por ciento de asesinatos permanecen sin resolver, de acuerdo con cifras de 2016, por lo que los criminales continúan libres, en las calles.

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