Demandan reunión con el gobernador y el alcalde porteño


Integrantes del Frente Nacional por la Liberación de los Pueblos, que forma parte del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), bloquearon la avenida Costera, a la altura de La Diana, para exigir al gobierno del estado la liberación de presos políticos.

Desde las 11 de la mañana de ayer, unas 35 personas bloquearon con lonas y cartulinas la principal avenida del puerto, para demandar la liberación de Marco Antonio Suástegui y su hermano, así como de los demás integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop) y los policías comunitarios que están presos tras el enfrentamiento en La Concepción.

Los manifestantes pidieron una reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores, para que atienda sus demandas, así como con el alcalde Evodio Velázquez Aguirre, para pedirle servicios públicos y la regularización de la colonia Los Dragos y otras.

En declaraciones, el líder del FNLP, Oger Morales Miranda indicó que en hay unos 40 presos políticos en el estado, más los 25 policías comunitarios e integrantes del Cecop.

Se reunirán MPG y Fodeg con el gobernador en 2018 para plantearle varios problemas

Demandan también servicios básicos para la colonia Dragos Puerto Marqués y otros 14 asentamientos


Militantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (Fodeg), hicieron un plantón de casi tres horas en la sede de la Promotora Turística (Protur) donde despacha el gobernador Héctor Astudillo, para demandar libertad a los presos políticos de la CRAC-PC y otros de sus compañeros, así como condonación de cobro de impuesto predial en un asentamiento urbano.

Una comisión de los manifestantes fue recibida por el asesor del gobernador, César Flores Maldonado, y convinieron con él una reunión con el mandatario, que se celebraría el próximo año, pues ya está por iniciar el período vacacional.

Originalmente se anunció que las organizaciones marcharían desde Puerto Marqués hasta Protur, donde se manifestarían, pero solo se realizó el plantón.

Víctor Flores Flores, del comité central del MPG, informó que la principal demanda que se planteó fue una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores para poder hacerle una serie de planteamientos de “problemas graves que existen en el estado”.

El 10 de enero próximo, dijo, habrá otra reunión con Flores Maldonado, y en ella se les informará qué día los va a recibir el mandatario, según lo que hablaron con el asesor.

Entre los temas está la liberación de presos políticos, la condonación de cambio de uso de suelo y predial de la colonia Dragos Puerto Marqués y la compra de un predio para una primaria, que beneficiaría a 14 colonias y otras demandas sociales como pavimentación, drenaje, luz, en varias colonias.

Propone que se le reconozca en el artículo 14 de la Constitución Política del estado

Estamos peleando junto con cinco organizaciones para que la norma no desconozca a la Coordinadora, revela


Ometepec, 21 de octubre. Sabás Aburto Espinobarros, Consejero Regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias  (Crac-pc), de la Casa Matriz de San Luis Acatlán, dijo que actualmente tienen presos a tres dirigentes de la organización y más de 100 órdenes de aprehensión; Arturo Campos está preso en Ayutla, Gonzalo Molina y Samuel en el penal de Chilpancingo, éste último comentó el ex rector de la UAGro, José Luis Enrique González Ruiz que probablemente obtenga su libertad en unos días, informó.

Dijo que la libertad de presos políticos es una de las principales demandas de la Crac-pc y que queden sin efecto las órdenes de aprehensión que hay en contra de los dirigentes de este organismo en diferentes municipios, “son más de 100 órdenes de aprehensión que hay” que, por ello están peleando junto con cinco organizaciones que la Ley 701 no desconozca a la Crac-pc, que por el contrario “que se reconozca en el artículo 14 de la Constitución Política del estado”, que es la propuesta que firman con Tlachinollan, el Consejo de Comunidades Damnificadas, el Frente Popular de Tlapa y otros, donde no se incluye a las comunidades mestizas que tienen algún tipo de seguridad similar, expresó.

Expuso que es importante la Ley 701, que por esta ley fue liberada Nestora Salgado, quien fuera integrante de la Crac en Olinalá, “con esta misma Ley y con los mismos argumentos se pueden liberar en corto tiempo a los compañeros que siguen en la cárcel” que, por ello señalan que las comunidades indígenas y afromexicanas deben ser reconocidas en la Constitución como partes de la Crac y en la Ley 701, “no contradice” que los pueblos sigan mejorando su reglamento interno por las actividades permanentes que tienen  con la seguridad y la impartición de justicia, mencionó.

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