En un estado en el que los asesinatos dolosos se perpetran uno tras otro, la violación a los derechos humanos que no implican la pérdida de la vida parecen faltas menores, puesto que quienes detentan alguna cuota de poder no andan con miramientos para pisotearlos.

De aquí parece partir la postura del arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González, al conminar ayer a autoridades y sociedad a trabajar por el respeto a los derechos humanos.

Sin más recursos que hacer exhortaciones a las autoridades para que cumplan su responsabilidad de restaurar la tranquilidad y enviar palabras de consuelo a las víctimas de la violencia, el prelado subrayó que la iglesia Católica continuará trabajando desde su ámbito en la construcción de la paz.

Por otro lado, quienes disponen del poder necesario para involucrarse en tareas de apaciguamiento simulan trabajar, pero sus acciones no se traducen en resultados.

Por eso mismo, mueve a hilaridad la declaración del diputado local Héctor Vicario Castrejón, en el sentido de que el Congreso del estado está abierto para que se haga respetar los derechos humanos y el Pacto de Seguridad impulsado por el gobierno estatal.

Chilpancingo, Gro., 10 de diciembre. La Policía del Estado con el apoyo del Ejército Mexicano y helicópteros de la PGR buscan, desde el sábado pasado, por tierra y aire, en la zona Norte, una avioneta Cessna, matrícula XB-MNB, que desapareció con dos tripulantes, después de haber despegado del aeropuerto de Temixco, Morelos.

El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó que después de dos días de labores de intensa búsqueda de la avioneta propiedad de la Escuela Aeropacífico, que despegó del aeropuerto de Temixco poco después de las 3 de la tarde del viernes, hasta el momento no se han tenido resultados positivos.

Dijo que desde las primeras horas del sábado, elementos de las fuerzas armadas y corporaciones policiacas buscan por tierra  y por aire en los municipios de Taxco, Buenavista de Cuéllar e Iguala, con la participación de un helicóptero de la SSP de Guerrero sin que hasta la tarde de este domingo se tengan resultados positivos.

Álvarez Heredia dijo que este lunes se reanudarán las labores de búsqueda de la aeronave.

 

Asiste a conmemoración del 69 aniversario de la declaración Universal de los derechos humanos


Chilpancingo, Gro., 10 de diciembre.- El gobernador Héctor Astudillo Flores refrendó el compromiso de su gobierno con la defensa de los derechos humanos, de todas las mujeres y hombres de Guerrero, pues aseguró que este tema es y será una prioridad para el poder Ejecutivo. 

Al dirigir un mensaje con motivo de la celebración del 69 aniversario de la declaración Universal de los Derechos Humanos, el mandatario guerrerense manifestó también que ante las circunstancias por las que atraviesa Guerrero, en el estado sería viable la Ley de Seguridad Interior, pero reconoció que se debe cuidar que no se cometan excesos en la ruta de la defensa de los derechos humanos y el patrimonio de los guerrerenses. 

Ante visitadores y colaboradores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Astudillo Flores adelantó que este lunes acudirá al Senado de la República a fijar su posicionamiento en torno a la ley de seguridad interior.

Sostuvo, Astudillo​ Flores, "esta ley que genera controversia, vale la pena ampliar y escuchar a las partes involucradas y sus razones del porque sí y porque no y mañana el gobernador dará sus razones del porque sí en Guerrero procede y es conveniente la existencia de esta ley sin olvidar algo importante, defender los derechos humanos igual que la temporalidad, no puede ser una ley permanente, las circunstancias que atraviesa Guerrero obligan a pensar en acciones de ayuda que puedan realmente favorecer a los guerrerenses cuidando siempre que ningún excesos pueda presentarse”.

Recordó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos fue creada por el gobernador José Francisco Ruiz Massieu en 1990, por lo que expresó el reconocimiento de su gobierno a quienes a lo largo de este tiempo han colaborado para hacer de la defensa de los derechos humanos en Guerrero. 

Detecta obras y actividades para la ampliación de plataforma en los riscos de La Quebrada sin contar con autorización de Impacto Ambiental que expide la SEMARNAT


La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) llevó a cabo una visita de inspección en la cual clausuró de manera total temporal las obras y actividades que se realizaban para la ampliación de la plataforma de clavados en los riscos de La Quebrada, en Acapulco de Juárez, Guerrero.

Inspectores de la PROFEPA en la entidad detectaron trabajos de construcción en la plataforma de clavados en una superficie de 18 metros cuadrados, en donde se colocaban vigas metálicas de 6 metros de largo y 4 pulgadas de grosor, sobre bases de concreto en forma cuadrada que se encontraban clavadas en las rocas en una perforación realizada con roto martillo; así mismo, observaron un piso de concreto socavado y el desplazamiento de material al lecho marino.

Dichos trabajos eran realizados por iniciativa de los Clavadistas Profesionales de La Quebrada-Acapulco, S.C.

Por lo anterior, y al no presentar al momento de la inspección la autorización en materia de Impacto Ambiental, que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), con fundamento en el artículo 170 fracción I de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), los inspectores procedieron a imponer como medida de seguridad la Clausura Total Temporal de las obras y actividades descritas, colocando al efecto un sello con la leyenda “CLAUSURADO”.

Los responsables de estas obras y actividades podrían hacerse acreedores a una multa equivalente de 30 a 50 mil Unidades de Medida y Actualización vigente, así como la clausura temporal o definitiva, total o parcial de las actividades como sanción, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 de la LGEEPA.

Con estas acciones, la PROFEPA consolida su compromiso de verificar que se cumpla la normatividad ambiental y se garantizar el derecho establecido en el Artículo 4°, párrafo 5°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.

 

Ahora que, con motivo de la inminente contienda electoral rumbo a 2018, exponentes de una variedad de expresiones político-ideológicas aparecen cada vez con más frecuencia en los medios de comunicación para exponer visiones distintas acerca de lo que es y lo que debería ser el país, conviene hacer una pausa para una reflexión.

Esos exponentes se agrupan en dos grandes bandos, cada cual con más o con menos cercanía a los extremos representados por el neoliberalismo, por un lado, y por el populismo de izquierda, por el otro, como si los electores estuvieran condenados a elegir sólo entre esas dos opciones contrapuestas.

El neoliberalismo, la expresión más reciente del capitalismo, bien pronto ha mostrado sus deformidades y sus limitaciones: bancos privados facultados por ley a producir moneda corriente o sometidos a una regulación tan permisiva –a la que ahora están volviendo en Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, neoliberal por excelencia– que causaron la quiebra de 2009 de la que todavía el mundo no se recupera. O la más reciente invención: la moneda electrónica, libre de toda regulación y apta para toda transacción en la más completa libertad entre vendedor y comprador, apartados de la vista del Estado.

El neoliberalismo es tan salvajemente mezquino, que en unas cuantas décadas ha ahondado el abismo entre ricos y pobres. En ese sistema, cada día son menos los que tienen más y más los que tienen menos.

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