Acapulco, Gro., 20 de febrero.- Durante la sesión de comisiones unidas de Gobernación y Seguridad Pública y Equidad de Género, fue aprobado por unanimidad el dictamen de reformas y adiciones a los artículos 29 y 30 de la Administración Pública Municipal con la finalidad de fortalecer a las instituciones y áreas encargadas de atención a la violencia familiar y de género.

Esta sesión fue encabezada por el Síndico Procurador, Jaime Alberto Soria Villa,  quien informó  que como parte de las adiciones se dará personalidad jurídica a la Unidad Especializada de la Policía en Atención a la Violencia contra las Mujeres, atendiendo así la declaratoria de alerta de género en el municipio.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Max Lorenzo Sedano Romano, quien fue llamado por las comisiones, expuso que la Unidad Especializada tiene más de cuatro años funcionando y ofrece su servicio al público, principalmente a mujeres víctimas de la violencia, por lo que la aprobación de ese dictamen es de suma importancia para los ciudadanos.

Un punto coincidente de los candidatos presidenciales Andrés Manuel López Obrador (Juntos haremos historia), Ricardo Anaya (Por México al frente) y José Antonio Meade Kuribreña (Todos por México), es combatir la inseguridad, la injusticia y la corrupción.

En estos objetivos los tres tendrán que ser muy convincentes, porque constituyen, sin duda, tres de los flagelos que laceran al país y de los que los mexicanos dan muestras inocultables de hartazgo.

Será Meade Kuribreña, postulado por la coalición PRI-PVEM-Panal, el que tendrá mayores problemas para convencer de su propuesta a los mexicanos en general y a los guerrerenses en lo particular, puesto que en estas materias ha fallado la actual administración, que encabeza el priísta Enrique Peña Nieto.

Se encontrará con la resistencia de una mayoría guerrerense lastimada por la violencia, reacia a creer toda idea que venga del actual régimen o de todo aquel que provenga del mismo, porque no ha cumplido su compromiso de campaña de erradicarla y está en deuda al obstruir abiertamente la solución del caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.

José Antonio Meade pagará los costos del desprestigio de la actual administración federal.

Ricardo Anaya Cortés, candidato de la alianza PRD-PAN-MC, llevará sobre sus hombros la incapacidad de dos regímenes federales, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón; no obstante, le será fácil deslindarse de ellos, en tanto la situación de Meade se presenta diferente porque es el PRI el que está en el poder actualmente, y no se sabe aún si se atreverá a desligarse de Peña Nieto para no cargar con sus lastres, lo que, de hacerlo, le acarrearía consecuencias funestas.

Quien aparentemente hallará un terreno abonado para afianzarse entre la simpatías de buen porcentaje de los guerrerenses, porque no tendrá que enfrentar recriminaciones por promesas incumplidas y fallas de gobiernos pasados, será López Obrador, que, postulado por Morena-PT-PES avanza como en caballo de hacienda.

Si a López Obrador lo acusan de soberbio, intolerante y autoritario, seguramente es porque no le hallan otros defectos que criticarle, en tanto a Anaya se le ubica como corrupto y traidor, y Meade, con varias medallas en el pecho, tiene que llevar a cuestas la mala reputación del gobierno federal y del priísmo. n

Despropósito

Feb 20, 2018

La reflexión que externó ayer el presidente del PRI estatal, Heriberto Huicochea Vázquez, en el sentido de que las reformas estructurales impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto no han sido comunicadas con efectividad entre la población, es, por lo menos, ociosa.

Si se dimensiona la envergadura de las reformas estructurales que tenía pensado llevar a cabo el gobierno de Peña Nieto, no hay más que concluir que le faltó cuidar los otros elementos de su gestión, a efecto de que ninguno de ellos llegara a constituir un problema de magnitud tal que descarrilara su objetivo central.

Pero no lo hizo.

Desde que era candidato, o incluso desde antes, Peña Nieto sabía que al empujar un conjunto de reformas constitucionales de tal calado concitaría una reacción vigorosa de otras fuerzas políticas del escenario, de modo particular la izquierda. Y para eso se preparó. Por eso decidió no impulsar las medidas sólo con el PRI, sino que llamó a los otros dos principales partidos, uno de izquierda y el otro de derecha, para acordarlas al más alto nivel y de ese modo lograr que su tránsito por las cámaras del Legislativo fuera terso y seguro.

Opacidad

Feb 20, 2018

A no ser por la información que a cuentagotas vierte de vez en cuando el diputado Ricardo Mejía Berdeja, el seguimiento a la auditoría que al ejercicio de 2016 hizo la Auditoría Superior del Estado (ASE) a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama) transcurriría en la oscuridad.

No se sabe aún a ciencia cierta cuál era el objetivo de los legisladores Mejía Berdeja, de MC; Mauricio Legarreta, del PVEM, y Samuel Reséndiz Peñaloza, del PRI, cuando el pasado 2 de octubre dieron a conocer los resultados que en su primera fase produjo la auditoría a la paramunicipal, en la que se descubrieron irregularidades equivalentes a 194.5 millones de pesos.

Diputados perredistas alegaron el día 3 del mismo mes que los legisladores denunciantes desataron una guerra sucia contra el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre.

Ellos, los aludidos, negaron que se tratara de un asunto político; afirmaron que era parte de una agenda técnica y presupuestaria; no obstante, abandonaron el caso, excepto Mejía Berdeja, quien sigue picando piedra manejando el tema como aspirante a la presidencia municipal de Acapulco.

Ahora, en declaraciones hechas este jueves en Acapulco, Mejía Berdeja aventuró que Capama sólo comprobó entre 20 y 25 millones de los 194.5 faltantes en la inspección de la ASEG.

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